La situación económica y financiera que enfrenta la Argentina indica con rigor que aquellos que aseguraban que el gobierno de Macri estaba sincerando los precios, ordenando las cuentas públicas, trabajando por el crecimiento económico y llevándonos a un país con pobreza cero, estaban rotunda y gravosamente equivocados.
Nadie en su sano juicio puede esgrimir que los fuertes desequilibrios macroeconómicos que sufre el país, estén originados más allá de los propios errores de un gobierno que se auto esgrimió idóneo, capacitado y experimentado para la tarea. Se desmoronó el relato de la pesada herencia y los casos de corrupción que buscaban ganar tiempo a la espera del “próximo semestre” quedaron como travesura de jardín de infantes frente al tamaño de la defraudación pública que estamos viviendo hoy.
Si bien hacia finales del 2015, la economía argentina tenía grandes desafíos por delante y un grave problema de competitividad sin resolver, estaba aún en posición de enfrentar esta situación con diversas opciones y caminos alternativos al que desafortunadamente la condujo el gobierno de Cambiemos. Es totalmente falso que no había otra alternativa, como esgrimen algunos que impunemente se siguen cobijando en el blindaje mediático y la falta de confrontación pública de sus acciones, ante las gravosas consecuencias que padecerá el país por la conveniencia propia de sostener una obsecuente postura oficialista.
La prevista y anunciada situación que detonó a fines del último abril, por causa de los mismos sectores que se beneficiaron con la política de especulación y sobre-endeudamiento promocionada por el gobierno de Cambiemos, desencadenó el derrotero de decisiones que nada tienen que ver con el pueblo argentino, su bienestar y con la defensa del interés nacional. No lo fue durante los primeros 28 meses de gestión macrista, mucho menos lo será a partir del gravoso acuerdo que el gobierno firmará por voluntad propia con el Fondo Monetario Internacional.
En efecto, con sus discursos llenos de palabras de “maquillaje”, los funcionarios del gobierno siguen ocultando impunemente la verdad más simple y profunda de la situación a la que han llevado al país: el acuerdo con el FMI es, lisa y llanamente, un cambio de acreedor internacional. Con el acuerdo, se busca que el estado argentino deje de deberle a los bancos privados, y pase a deberle a un organismo internacional, instancia institucional que blanquea las exigencias del mundo financiero, bajo la careta del desarrollo y la cooperación.
Vale recordar, que la Argentina nunca entró en defaut con el FMI, incluso en su peor momento político, económico y social, allá por el año 2001, a pesar de que el estallido de la crisis se había producido bajo la supervisión y el visto bueno del fondo, la Argentina nunca dejó de pagar los intereses de la deuda con la institución (el default lo padecieron lo tenedores privados de títulos públicos).
Entrar en mora con un organismo internacional tendría para el país consecuencias muy distintas que las que pudiera tener si le deja de pagar a un acreedor privado, que por cierto llegó a esa situación prestando dinero conociendo los riesgos pero accediendo a tasas usurarias. En un mundo tan interdependiente con este, y con tan poco poder soberano, como tiene hoy la Argentina, confrontar con un organismo que representa la institucionalidad de la primera potencia mundial, como es Estados Unidos, es muy difícil y puede acarrear situaciones más gravosas y violentas que una corrida cambiaria.
Por eso, no se puede decir que las decisiones de política económica que está tomando el gobierno de Macri hoy, tengan como primera prioridad defender los intereses nacionales y salvaguardar la dignidad económica y política del pueblo argentino. El enchastre de deuda que están haciendo los funcionarios más cercanos a Macri (difícil de comprender por sus volúmenes y la complejidad de la trama oculta de sus arreglos espurios) sólo apunta a tranquilizar con liquidez de dólares a quienes, conociendo la insolvencia del sistema, especularon son la inmediata salida de los capitales, gracias a las facilidades que el gobierno les garantizó desde su primer día de gestión. Como premio a tal “esfuerzo”, el gobierno les garantiza los dólares para su fuga, tomando un crédito “histórico” con el FMI, que finalmente pagará el conjunto de los argentinos, con pobreza, desempleo y exclusión (“pechuguita y pure…” para los pobres).
Ya no hay margen para el marketing político. Esta vez, los responsables directos e indirectos de tamaños errores tiene que dar cuenta ante la justicia por las consecuencias de sus acciones. Ahora no se pueden fugar al exterior, ni cobrar caches por dictar charlas en instituciones que se beneficiaron con sus decisiones, ni aparecer en los medios como si nada hubiera pasado. Las decisiones se tomaron a conciencia, con todo el apoyo legislativo que requirió la “gobernabilidad” y con la advertencia de un amplio sector de la población que pidió pacíficamente (sin multimedios pero con alta voz) reconsiderar un rumbo que inexorablemente nos llevaba a la situación de hoy.
Es muy importante que, quienes hayan sido actores o cómplices de este imprudente experimento, reconozcan públicamente su gravoso error y cambien de dirección, porque se necesita de la unidad nacional para revertir esta compleja situación, poniendo como único e ineludible objetivo, el bienestar de los argentinos y la soberanía de la patria.
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