La Secretaría de Comercio de la Nación ordenó a la Aduana ejecutar garantías a la empresa Coto por más de 2 millones de dólares, por «presentar información errónea sobre el origen de ventiladores importados para comercializar en sus locales», según informó el Ministerio de la Producción en el boletín oficial.
La investigación fue realizada a instancias de una denuncia de la Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y productos afines de la República Argentina.
A partir de esa denuncia, se inició un procedimiento de verificación de origen de los ventiladores declarados por Coto como originarios de Malasia, puntualmente de la empresa Century Advance Technology SDN. BHD.
Acorde a la información brindada en el boletín oficial, el proceso se inició en julio de 2015, y tras sucesivas prórrogas otorgadas y ante la falta de presentación de documentos autenticables por parte de la firma importadora, el proceso «continuaría desarrollándose de acuerdo a los términos del Artículo 12 de la citada resolución.»
Dicho artículo (Nº12 de la Resolución N° 437/07 del ex Ministerio de Economía y Producción) establece que “ante la falta de presentación del cuestionario de la presente resolución, cualquiera fuere la razón, o su presentación incompleta o con deficiencias, las conclusiones del proceso de verificación de origen se basarán en los hechos de los cuales se tuviere conocimiento, con inclusión de aquellos que aportaren los sectores eventualmente perjudicados. Lo establecido en el párrafo anterior dará lugar, si correspondiere, al desconocimiento del origen declarado y a la aplicación de medidas de política comercial que se estimaran pertinentes, incluidas las de defensa comercial, respecto de las mercaderías bajo proceso de verificación”.
Desde Producción aseguran que el control del comercio exterior «es una instancia para cuidar a los consumidores y productores nacionales. Cuando un producto de este tipo se importa desde China se aplica un derecho de importación del 136,92%, en cambio si es de Malasia no se aplica».
En la investigación, se comprobó que el mayor porcentaje de agregado de valor de los ventiladores importados por Coto se realizó en China y no en Malasia, origen declarado por la empresa.
La conclusión se condice con la lógica de la dinámica de intercambio comercial de esa geografía, donde algunos países con industrias fuertes producen bienes intermedios que luego son ensamblados en países de la zona que ofician, precisamente, como «ensambladores», llevándose a cabo la mayor parte del proceso productivo en otro país (algo similar a lo que ocurre aquí con las industrias de Tierra del Fuego).
Por ello, corresponde ejecutar garantías, en los términos del artículo 14 del Código Aduanero, por 2.038.955,62 millones de dólares a Coto, según la información oficial.
Desde la Secretaría de Comercio que conduce Miguel Braun, detallaron que para comprobar el origen de los ventiladores, se solicitó información a la empresa Coto y al fabricante de Malasia Century Advance Technology SDN BHD.
Según lo informado por la firma malaya, el valor agregado en Malasia es inferior al 30%; el proceso productivo desarrollado allí consiste básicamente en el desembalaje del ventilador chino y el posterior ensamblado, control y embalaje final del ventilador terminado.
Del análisis de la información surgió que la firma productora de Malasia adquirió kits completos de ventiladores a la fabricante GD Midea Environment Appliances MFG CO LTD, de China.
La empresa malaya no fabrica ninguno de los componentes de los ventiladores, únicamente incorpora algunos elementos complementarios como tornillos y materiales de embalaje, indicó Producción.
Flojo de papeles
Alfredo Coto, dueño de la famosa cadena de supermercados.
Esta finta a las leyes comerciales se suma a un conflicto que aguarda resolución judicial y es el que involucra al propio Alfredo Coto, titular de la compañía Coto Cicsa S.A y a su hijo, imputados en el marco de una investigación por el hallazgo de un arsenal en una sucursal de su supermercado en el barrio de Caballito.
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó, además del empresario y su hijo, a funcionarios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex-Renar), ante la sospecha de que ocultaron la información del hallazgo.
La fiscal elevó el requerimiento al juez federal Sebastián Ramos quien, como primera medida, implantó el secreto de sumario para que no se entorpecieran otras medidas de prueba, informaron fuentes judiciales.
La causa se originó tras una denuncia realizada por el fiscal federal Jorge Di Lello luego de recibir una denuncia previa, anónima, y realizar una investigación preliminar que le llevó más de medio año.
De acuerdo a la denuncia, Coto y su hijo Germán tenían en su poder, arrumbado en la sede del supermercado de la calle Paysandú al 1800 (Caballito), un arsenal que incluía armas con pedido de secuestro y algunas cuyo número de serie había sido limado.
El arsenal encontrado incluía más de 200 granadas, proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, gas pimienta y un silenciador de armas, entre otras cosas.
