Luego de las elecciones legislativas de octubre pasado, el gobierno nacional interpretó que las urnas le daban vía libre para impulsar un conjunto de reformas denominadas “gradualistas” que buscan institucionalizar la fuerte transferencia de ingresos iniciadas desde el primer día que Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación.

El martes pasado el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a su equipo económico expusieron los lineamentos generales del proyecto de ley de reforma tributaria que se enviará al Congreso Nacional en los próximos días. La propuesta incluye modificaciones en varios tributos relacionados a la Seguridad Social, a las ganancias corporativas y personas, IVA, ingresos brutos, impuestos bancarios, internos, entre otros.

La reorganización tributaria que se propone se basa en la idea de que el actual esquema desincentiva la inversión privada haciendo inviable el crecimiento sostenido de la economía argentina. En otras palabras, se intenta poner al Estado en claro favor del sector empresario, reduciendo los impuestos al trabajo y a las ganancias, entre otros. Los asalariados y cuentapropistas, es decir, el sector privado dependiente y de ingresos medios, no sólo tendrán que seguir esperando para que les sean cumplidas las promesas de campaña, sino que además, deberán afrontar relativamente un mayor peso de la carga tributaria nacional.

Si bien el ministro no hizo alusión a las intenciones del gobierno respecto a los monotributistas, se estima que la reforma también incluirá a este grupo de contribuyentes caracterizado por su nivel de ingresos medios. La modificación implicaría la exclusión del régimen a todos aquellos aportantes cuyo patrimonio supere el equivalente a tres veces el mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes personales, quienes pasarán a formar parte de un esquema más complejo, en el que además deberán pagar más por IVA e impuestos a las ganancias.

Por otro lado, el gobierno ya cuenta con un borrador de propuesta de reforma laboral que, según declaraciones, ha cursado a algunos sectores. Allí se observa con total claridad la intención de reducir el denominado “costo laboral”, aplicando con contundencia su decisión de redistribuir la riqueza en desmedro de los trabajadores y desafiando las leyes laborales, los acuerdos y tratados internacionales en la materia, que para la Argentina tienen rango constitucional.

Esta reforma incluye claras maniobras orientadas a la flexibilización laboral, quita derechos adquiridos en materia de seguridad, indemnizaciones, horarios de trabajo, horas extras y vacaciones. Además, al reducir los aportes patronales para el financiamiento de la seguridad social, pone en riesgo el financiamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino. Aunque se está a la espera de conocer la versión oficial de la propuesta, todo indica que los trabajadores llevan las de perder también en esto.

Pero lejos de los micrófonos y las tapas de los diarios, el gobierno está tomando medidas que representan lisa y llanamente, atentados contra el interés nacional. En el Boletín Oficial del día 1 de noviembre, se publicó el Decreto Nro 893/2017 en el que se dejan sin efecto los Decretos que establecían los requisitos para la liquidación de divisas de los exportadores. En decir que, al ya holgado plazo que este gobierno les había otorgado a los exportadores de 3.650 días (sic) para la liquidación de divisas obtenidas de sus ventas al extranjero, se suma una llamativa mejora, quitando toda regulación en la materia.

La pregunta surge inmediatamente: ¿cuál es el beneficio de esta medida para el país? El argumento de que los empresarios necesitan previsibilidad, seguridad jurídica y “buen clima” de negocios, se ha transformado en un libertinaje para maniobrar a costa de la riqueza nacional y cualquier vestigio de equidad distributiva que se pudiera aplicar. Un exportador que venda, por ejemplo, el producido de la tierra en estado natural, no tendrá ninguna imposición normativa que le obligue a ingresar esos fondos al país, aún si quisiera enterrarlos en el patio de su casa. Claramente esta medida no tiene nada que ver con el primer mundo al que el gobierno invita a acceder, sino al peor ejemplo de colonia explotada cuyo único objeto es extraer su riqueza para que unos pocos la giren al exterior.

Vale acarar que algunas de estas decisiones tendrán que pasar por el Congreso de la Nación. La expectativa es que los legisladores eludan el juego de chicanas y mezquindades, y se la jueguen por hacer valer el interés nacional y de las grandes mayorías, principalmente las más vulnerables. Por eso, es fundamental que los distintos sectores del quehacer político nacional participen y hagan escuchar sus voces; son temas cruciales que hacen a la vida y el trabajo de todos los argentinos.