La lógica indica que si un país acusa una fuerte crisis de confianza y padece una corrida cambiaria que lo obliga a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir asistencia técnica y financiera, es porque su situación ha empeorado. Luego del pasado fatídico mes de mayo, las previsiones de crecimiento se corrigieron a la baja, la inflación se prevé mayor a la proyectada y la devaluación está deteriorando todavía más el poder adquisitivo de los salarios. No hay dudas de que hoy la Argentina está peor que el año pasado.

Sin embargo, la calificadora estadounidense Morgan Stanley Capital International (MSCI), esta semana elevó a la Argentina a la categoría “Emergente”, junto con China, India, Brasil, Rusia, entre otros países poderosos y desarrollados; esto ocurrió luego de haberla mantenido durante casi 10 años en la calificación “De Frontera” donde son ubicados Mali, Senegal, Togo, Serbia, entre otros países pobres y/o de economías subdesarrolladas.

¿Por qué motivo, en el actual contexto de crisis económica y turbulencia cambiaria, la calificadora MSCI sube a la Argentina a la categoría de país Emergente? Hay dos motivos coyunturales que explican esta situación: el primero es que el mismo día del “ascenso” el FMI aprobó el acuerdo Stand By para la Argentina, lo que incluye un primer desembolso de 15.000 millones de dólares destinados a “aportar liquidez” al mercado de capitales. En otras palabras, el primer tramo de un préstamo preventivo de 50.000 millones de dólares, viene a reforzar la oferta de divisas para contener la corrida y evitar que el dólar siga subiendo descontroladamente, lo que afecta la rentabilidad de las colocaciones en pesos y aumenta el riesgo de defualt de los bonos argentinos. Para los fondos de inversión que compran el informe de la calificadora MSCI, esto es un indicador de que la Argentina tendrá una cobertura de dólares suficientes (con cargo a la deuda pública) para cuando quieran vender sus posiciones en pesos o cobrar sus títulos públicos… por lo menos en el corto plazo.

El segundo motivo es que, con la firma del acuerdo con el FMI, el gobierno cedió las riendas de la economía al organismo internacional, cuyo propósito principal es velar por el interés de las corporaciones financieras y garantizar el repago de los compromisos de deuda de los países deudores. De esta forma, MSCI interpreta que el gobierno argentino ya no debería seguir cometiendo los errores que lo llevaron a la crisis de confianza, fuga de divisas y abrupta devaluación de la moneda. Mientras se trabaja en la modificación de la Carta Orgánica del BCRA, para limitar el margen de acción de la entidad en función de los intereses nacionales, la llegada de Luis Caputo a la presidencia del BCRA es un claro gesto de condescendencia con los grupo financieros, que ahora tienen como responsable del manejo de las divisas del país a una persona proveniente del mundo de las finanzas (empleado de J.P. Morgan) y de permanente vínculo con los principales fondos de inversión del mundo de la especulación.

Cuando la Argentina fue descendida al rango “De Frontera”, en el año 2009, las Reservas Internacionales estaban en niveles semejantes a los actuales, el saldo de la Cuenta Corriente era positivo y dos veces que se registró en el 2017 y la economía se prestaba para crecer un 10% al año siguiente, según registra actualmente el INDEC dirigido por Todesca. Sin embargo, la calificadora MSCI veía como un riesgo para los financistas que el gobierno comenzara a aplicar un control de cambios y frenara la fuga de capitales con medidas restrictivas, pero sin recurrir al endeudamiento externo.

Está claro que los intereses de los clientes de MSCI son totalmente contrarios al interés de los argentinos. Mientras que los prestamistas buscan obtener la mayor ganancia posible y salirse de las colocaciones rentables antes de que su rentabilidad se vea afectada por un posible default, los argentinos de buena fe quieren que la economía crezca, que haya trabajo y se pueda vivir dignamente.

Al no generar, consumir o fugar las divisas que pretenden cobrarse los prestamistas, el FMI aporta los dólares necesarios con cargo a la deuda pública, la que finalmente se paga con recesión, ajuste y pobreza.

En el medio de esta puja de intereses se encuentra el gobierno argentino que, aunque manifiesta verbalmente adhesión al interés nacional y al sentir del conjunto de los argentinos, responde con sus actos al de los usureros, quienes hábilmente hacen gala de sus logros como especuladores seriales.

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