Por Esteban Guida*
Los datos sobre la incipiente recuperación de la económica, que han generado cierta euforia en algunos sectores del oficialismo, no resuelven la duda sustancial sobre la manera en que Argentina hará frente al pago de una elevada y creciente deuda pública. De hecho, algunos señalan que la inestabilidad actual es culpa de la incertidumbre que genera el contexto eleccionario, pero los guarismos hablan de manera contundente sobre las debilidades de un esquema económico que nunca tuvo un rumbo definido.
Las cifras de la evolución del endeudamiento público desde el inicio del gobierno de Cambiemos al momento, son realmente alarmantes, tanto por el monto al que llegó el stock de deuda total, como por la velocidad con la que se contrajeron los nuevos compromisos con acreedores nacionales y extranjeros.
La deuda total del Sector Público Nacional, roza en la actualidad los 300.000 millones de dólares, 75.000 millones de dólares más que en diciembre de 2015. Ello significa más de 130 millones de dólares de nueva deuda, por día. Otro dato de significativa relevancia es que el nuevo endeudamiento ha sido contraído mayormente con residentes en el extranjero, elevando la deuda externa total a los 120.000 millones de dólares; se estima que en el 2017 la deuda pública externa duplicará la existente a finales del gobierno anterior.
A la hora de conocer el requerimiento de divisas que se necesitará para pagar esta deuda, también hay que considerar la deuda interna emitida con moneda extranjera. En efecto, al día de hoy, el total de deuda pública en moneda extranjera asciende a 61.300 millones de dólares.
La exageración de estos números puede hacer perder de vista la situación a la que se expone el país ante esta conducta de emisión de deuda pública. Para evitar esta situación, sirve considerar tres criterios básicos y elementales a la hora de juzgar el endeudamiento público: 1) la sustentabilidad económica del endeudamiento o capacidad de repago; 2) la aplicación de los recursos al crecimiento y el desarrollo económico; y 3) el resguardo de la soberanía y el interés nacional.
La sustentabilidad del endeudamiento significa que la deuda contraída pueda ser pagada de manera genuina; en otras palabras, que pueda ser cancelada sin tomar nueva deuda. Tal situación dista mucho de las posibilidades reales del país, como ejemplo sirve recordar que el monto en concepto de intereses de la deuda que hay que pagar a lo largo del año 2017 y 2018, supera los 22.000 millones de dólares, en el marco de una economía que, como estima el mismo gobierno, no tendrá superávit comercial en los próximos años. No hay lluvia de inversiones que aporte un saldo neto de divisas de semejante monto, por lo que, nuevamente, el gobierno deberá recurrir a la emisión de deuda para pagar intereses de la deuda; un círculo vicioso de peligroso desenlace.
Otra característica que tampoco cumple el perfil del endeudamiento actual, es la aplicación de los recursos al crecimiento y el desarrollo económico. El proceso de endeudamiento externo se orientó a financiar la remisión de divisas al exterior y la fuga de capitales. El aumento de las reservas del BCRA ha sido útil para solventar el movimiento de capitales, relegando el desarrollo del prometido plan de obras públicas, que se encuentra todavía muy lejos de lo anunciado.
Respecto al resguardo de la soberanía y los intereses nacionales, existen argumentos para pensar que el proceso de endeudamiento público que está impulsando el actual gobierno, está notablemente alejado del bienestar general del conjunto de los argentinos, y amenaza por el contrario, la vigencia de una estructura pública de sustento a los sectores más vulnerables.
Numerosos estudios de reciente publicación hacen énfasis en que las políticas de liberalización aplicadas por el actual gobierno apuntan principalmente a generar un marco propicio para los negocios especulativos y la posterior fuga de capitales, que extraen de la economía nacional un nivel de riqueza tal que sólo se puede financiar mediante más endeudamiento público. Las cifras son más que elocuentes: el monto de la fuga de capitales desde diciembre de 2015 al momento (formación de activos externos, giros de utilidades y turismo) ya supera los 37.700 millones de dólares.
Un análisis criterioso de la realidad económica nacional no puede subestimar la compleja situación del frente externo. Si la economía no recupera su mercado interno, al mismo tiempo que se financia la especulación financiera con nuevo endeudamiento público, las perspectivas de un crecimiento con desarrollo e inclusión social son cada vez menos probables.
*Economista / [email protected]
