El Ejecutivo apeló la medida cautelar dictada a nivel nacional a favor de los perjudicados por el recorte de las pensiones por invalidez, que obligaba al Gobierno a restituir ese derecho de manera inmediata.
La apelación a la orden de la justicia de reponer los pagos da cuenta de la resistencia del Gobierno a restablecer las pensiones. Para más pesares de los pensionados, la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo cual la cautelar no se aplica hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones.
Según informaron desde la Fundación Soberanía Sanitaria, con la aceleración del proceso de eliminación y suspensión desde comienzos de 2017, la cifra ascendía a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, quienes además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales.
Además, al darse de baja o suspenderse ese ingreso, también se interrumpen los planes de cobertura que brinda el Ministerio de Salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados.
Sin embargo y a pesar de que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que se trataba de un «error administrativo» y que daría de alta el beneficio a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil personas siguen sin recibir la prestación.
