Por David Narciso

Miguel Lifschitz y Antonio Bonfatti sentados dos veces en un mismo día a la cabecera de reuniones políticas relevantes. Fue el miércoles, primero ante la junta ejecutiva provincial del Partido Socialista y una hora más tarde en casa de Gobierno ante legisladores y dirigentes del Frente Progresista. Una foto inimaginable hasta hace unas semanas, cuando el gobernador lanzó en Facebook una inusual condena a su antecesor el día que enredó en una misma idea a Macri y Hitler.

Los radicales llegaron a la Casa Gris envueltos en un halo de armonía. El Comité provincial venía de reunir a todos los sectores, reconocer a los dirigentes electos en comunas y municipios y autofelicitarse por permitir que cada cual concurriera a las elecciones según “les resultara más adecuada a su realidad local o su pensamiento sobre la alianza a jerarquizar” (Frente Progresista o Cambiemos). Un “cada cual haga lo que le convenga” que “no evitó competencias internas” entre radicales pero sí “rupturas definitivas que hubieran dañado la estructura partidaria” y “disminuido su capital territorial”. Todo dicho en un documento que le quita dramatismo a los recientes cruces entre radicales afines al PRO y al Frente Progresista, nada menos que con el vicegobernador Fascendini como gran protagonista.

Lifschitz reunió a todos los legisladores que en 2015 ingresaron como Frente Progresista para detallar los alcances del pacto fiscal que firmó. Les transmitió que la gran ganadora fue la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, que Santa Fe logró sacar un empate y que si bien no se pierden recursos, se reconoce que se empieza a transitar un camino en materia tributaria en el que Santa Fe irá perdiendo autonomía por el hecho de que Nación exige reducir el impuesto de Ingresos Brutos, que es la gran recaudación propia y compensarlo con fondos federales que dispone la Casa Rosada.

Oposición al gobierno de derecha

El Partido Socialista, presidido a nivel nacional por Bonfatti y que acaba de sumar a Eduardo Di Pollina como secretario general, expresó un contundente rechazo a las reformas laboral, tributaria y previsional del gobierno de Macri con la presencia de Lifschitz incluida.

La declaración intenta reafirmar una identidad que se fue desdibujando a medida que se profundizó la grieta. El socialismo quedó a mitad de camino, resultado de su necesidad de gobernar Santa Fe y hacer equilibrio como líder de un Frente Progresista donde conviven socios y opositores al gobierno de Macri.

El gobernador aclaró que con su firma sólo se hace cargo de la parte del pacto que fija compromisos y metas a los gobiernos provinciales en materia fiscal, pero que tanto la reforma previsional como laboral que el PS condenó deberá debatirlas el Congreso nacional.

Por el otro lado, el diputado Rubén Galassi, muy cercano a Bonfatti, aclaró que se trató de un posicionamiento político partidario sobre las reformas que pretende el gobierno. Con respecto a lo que es materia de relación fiscal Nación-provincias, incluido el acuerdo a plazo de la deuda, descartó cuestionamiento alguno porque se entiende que Lifschitz pulseó dentro del margen de maniobra que tenía.

Posicionamiento político

Por encima de ese piso de consenso, el documento avanza sobre una discusión en la que el socialismo, como el Frente Progresista en general, quedó enredado desde que Cambiemos y el kirchnerismo hegemonizan la escena política argentina. “…este proceso como consecuencia del avance de un gobierno de claro perfil de derecha -dice en su último párrafo- cuyo triunfo fue resultado de la falta de ausencias de políticas estructurales que debieron profundizar avances para garantizar el acceso de nuevos derechos para la ciudadanía y un entramado de corrupción estructural que caracterizó al gobierno anterior”.

Luego, cuando le preguntaron a Lifschitz respondió: “No soy partidario de analizar la realidad en dos colores, hay distintas ideas y propuestas que van a ser discutidas en el Congreso”.

Subyace un Partido Socialista que se define opositor al gobierno de Macri y busca construir una alianza de centroizquierda, aún sin certeza de cómo y con quiénes, y un gobernador que no se siente cómodo si lo encorsetan y menos con esa terminología.

Lifschitz no quisiera que una posición partidaria enrarezca la relación con el gobierno nacional y con sectores radicales que a nivel nacional apoyan a Macri. Un dato: en días parte a Nueva York con una comitiva de legisladores de distintos partidos. Aunque consiga el prestamista más altruista de Manhattan, Santa Fe no verá un peso si el presidente no da el ok.

Rosario, el mismo dilema

Estos dilemas se evidencian en Rosario cuando se habla de relanzar y rediscutir la alianza de gobierno junto con otras fuerzas, idea que tiene un primer contraste a la hora de definir la presidencia del Concejo Municipal.

El oficialismo le reconoce a Cambiemos el derecho a quedarse con la presidencia y pretende la primera vicepresidencia para el Frente Progresista, desplazando al justicialismo, que salió segundo en la elección pero es tercero en cantidad de bancas. El criterio a privilegiar siempre es discutible.

Lo de fondo es el dilema que vienen atravesando las gestiones de Mónica Fein ante la dilución del Frente Progresista. ¿Por dónde pasa la gobernabilidad? ¿Por el bloque del PRO, cada vez más poderoso y grande? ¿O por el universo de microbloques con los que puede compartir una mirada más o menos similar en cuestiones básicas sobre el rol del Estado, su financiamiento, lo social, entre otros?

En los últimos años privilegió al PRO porque le posibilita negociar como un bloque homogéneo. Los resultados fueron relativos: no pocas veces se desgastó y al final no consiguió lo que buscaba.

La alternativa al Pro era negociar con una infinita constelación de espacios más afines ideológicamente pero inestables e incapaces de garantizar suficientes votos.

Si el socialismo incurre en una contradicción en términos ideológicos en pos de resultados, quienes reprochan a Fein privilegiar al PRO como interlocutor no tienen mucho para ofrecer si se borran cada vez que hay que tocar el boleto, la TGI o cualquiera de esos temas poco simpáticos.

El gobierno municipal lleva muchos años de rehén de esa situación que nunca supo o pudo resolver. Difícilmente pueda hacerlo ahora sin identificar claramente hacia dónde quiere ir y quién es el adversario político que lo acecha.

Sobre esto último no hay dudas que es el PRO. Ya ganó la elección de concejales y ahora se sienta a esperar 2019 para intentar la Municipalidad. ¿Por qué habría de votar aumentos de boletos, tasas y demás? Con su rechazo al crédito para obra pública demostró que lo tiene sin cuidado la incoherencia entre lo que dice y hace en Buenos Aires y lo que dice y hace acá. El PRO no asumirá riesgos ni le facilitará tareas que no son propias. Nadie en su lugar lo haría.