Por David Narciso
El próximo martes un equipo de fiscales provinciales acusará a 25 miembros de la banda de Los Monos por homicidios, cohecho, encubrimiento e integrar una asociación ilícita, entre otros delitos, dando formalmente inicio a uno de los juicios más importantes de la historia de Santa Fe. Que esa banda sea juzgada por primera vez fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia. Hubo decisión y acompañamiento para frenar la ola de violencia cuyas consecuencias sobre los tres poderes del Estado eran inmensurables. Se puede decir que tener sentada a la banda de Los Monos en un juicio oral y público es gracias al uso en sentido positivo de acuerdos estratégicos, manejo de circunstancias, herramientas y protagonistas, entre otras variantes que disponen los gobiernos y la Justicia para la persecución penal.
Lo contrario, es decir el uso en sentido negativo del poder y de las herramientas que otorga la ley, es lo que se ha visto en las últimas semanas.
El sube y baja de fiscales
Los corrimientos de fiscales que investigaban a senadores, las señales a quienes están al frente de la megaestafa inmobiliaria en Rosario y los movimientos que hicieron la política y las autoridades del Ministerio Público Fiscal en torno a la detención de un jefe policial, el allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe y las escuchas al ministro de Seguridad sembraron dudas sobre su autonomía y la capacidad de influencia desde los poderes del Estado cuando un caso los roza.
Los jefes de fiscales tienen la responsabilidad de diseñar políticas de persecución penal, definir prioridades, organizar recursos humanos y materiales. Pero la forma y oportunidad en las que se tomaron esas decisiones hicieron ver al Ministerio Público de la Acusación como parte de alianza de poder que se blinda a sí misma. Y eso es justamente lo que venía a subsanar el nuevo Código Procesal Penal y la consecuente creación de un organismo fiscal autónomo.
Presiones
Las primeras alertas sonaron en mayo pasado a poco de renovarse las estructuras del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal regional de Rosario dispuso correr al fiscal Sebastián Narvaja de la coordinación de la unidad e investigación de delitos económicos, motor central de la investigación por una megaestafa inmobiliaria que involucra a conocidos gerentes y empresarios locales. Si bien sigue al frente de esa investigación no pudo dejar de leerse la movida como un llamado de atención.
También en Rosario fueron desplazados los fiscales Adrián Mac Cormack y Narvaja de 4 denuncias sobre senadores provinciales, tres de ellas por manejo de subsidios y la cuarta, que estaba a un paso de la imputación penal, contra el senador Luis Cornaglia impulsada por su sucesor en la presidencia comunal de Bouquet. Cuando asumió, Luis Sabena recibió una auditoría que le sugirió informar a la Justicia del desvío de fondos con afectación específica, subutilización de partidas para la adquisición de dos bloqueras, emisión de cheques de pago diferido en forma irregular y percepción de un subsidio del diputado nacional Marcos Cleri por más de medio de millón de pesos para cubrir desequilibrios financieros.
La semana pasada el fiscal regional de Santa Fe hizo uso de la potestad para quitarle el control de dos causas de alto voltaje político a los fiscales Apullán y Martí. Este es un tema complejo, que tiene aristas contradictorias que vale mensurar detenidamente.
Corral, Pullaro y un comisario
Apullán venía investigando pacientemente una defraudación con horas extras en la Unidad Regional I de Policía, había cerrado el círculo de investigación sobre 40 uniformados con capacidad de maniobra y había reunido gran cantidad de pruebas. Otra investigación suya tiene preso al ex jefe de la misma Unidad policial por otra defraudación con la reparación de patrulleros. Según crónicas periodísticas su actuación mereció el reconocimiento de superiores y hasta del ministro de Seguridad.
Pero luego Apullán y su adjunta María Laura Martí tomaron decisiones más que polémicas y a espaldas de sus superiores (el MPA es un organismo jerárquico y verticalista por ley). Allanó la Municipalidad de Santa Fe 5 días antes de las elecciones, incluida convocatoria a la prensa para más ruido, por el caso Corral Papers, cuando en realidad podría haber pedido la información y tener en cuenta el contexto político, sobre todo que no se trataba de un hecho urgente que pusiera en riesgo a alguien o potenciales pruebas.
Días antes ordenó la detención del comisario Rodríguez, no por la investigación de defraudación por horas extra, sino por un supuesto cohecho pasivo, que el fiscal veía en una conversación telefónica entre Rodríguez y el ministro Pullaro por el ascenso a comisario general del uniformado. La filtración de esas escuchas reveló en realidad que los fiscales habían intervenido la línea del Pullaro, sin revelarle al juez quién era el que iban a escuchar, alegaron cuestiones urgentes y un encuadre delictual que luce muy endeble como para autorizar la medida. Igual la obtuvieron.
El hecho desató un escándalo político. “No había motivo alguno para intervenir mi línea, por eso los fiscales, que sí sabían que era me pertenecía, no se lo dijeron al juez. Acá se quiso escuchar al ministro”, bramó Pullaro.
Ambos fiscales hoy enfrentan una denuncia penal y una investigación administrativa que puede hacerles perder su cargo. Por cómo se decidieron y ejecutaron es difícil no pensar que algunas de esas medidas fueron motivadas por los tiempos electorales. Suena atinado evaluar su actuación, las medidas tomadas, la desatención de órdenes superiores, la filtración de las escuchas, entre otros aspectos.
Presión a full
Al mismo tiempo, todos los movimientos que se hicieron desde la política, el Poder Judicial y las autoridades del MPA como mínimo fueron desprolijos.
Con respecto a la detención del comisario Adrián Rodríguez, hubo una clara intervención del fiscal regional Arietti para evitar que Rodríguez se tuviera que sentar frente a un juez en una audiencia imputativa y ordenó su libertad. Una serie de explicaciones nada convincentes sobre creación de unidades especiales y reagrupamiento de causas que dejaban fuera de juego a Apullán sólo sirvieron para hacer evidente que Arietti intervino para evitar lo que corresponde hacer cuando alguien es detenido: que el comisario llegase a la audiencia imputativa, se defienda y que sea juez quien, cumpliendo la función de control constitucional, el que acepte o desestima la acusación.
También el intendente de Santa Fe José Corral movió sus influencias y presionó: apenas pasadas las elecciones se reunió con quien lo venció en su propia ciudad, el gobernador Miguel Lifschitz; luego habló por teléfono con el presidente de la Corte provincial Daniel Erbetta; y por último, el miércoles 25 de octubre se reunió en el Palacio de Tribunales con el juez Rafael Gutiérrez. En todos los casos expresó enojo por el allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe, pidió explicaciones por el accionar de los fiscales y el juez que avaló el allanamiento. En lugar de hacer uso de las garantías constitucionales y objetar las acciones de los funcionarios en el marco del caso, optó por los telefonazos y mover influencias entre banbalinas.
Apullán, además de lastimar al dirigente radical mimado de Cambiemos golpeó la línea de flotación de un ministro muy sensible del gabinete provincial. Pullaro quedó expuesto en conversaciones poco felices con un comisario en algún caso y directamente inaceptables en otro, como es el caso en el que se identifica como presidente del jurado de evaluación de ascensos policiales, le dice al policía que necesita que ascienda y que le indique bajo qué seudónimo presentó su trabajo. ¿Si no es para favorecerlo o intentarlo al menos, por qué lo haría?
Quitarle a los jefes policiales el “curro” de manejar los ascensos llevó años. Si la política se hizo cargo para terminar haciendo lo mismo, aunque en cambio de hacerlo para coimear a los concursantes lo haga porque cree que es lo mejor para la gestión, hay que sincerarlo y dar la discusión, evitando usar los sistemas de concursos como pantalla.
Expuesto todo esto, la complejidad de lo que está ocurriendo sugiere prudencia y no comerse la curva. Los ataques al ministro de Seguridad vienen desde el primer momento de su gestión, en particular de sectores de la Policía. No se puede ser inocente en cuanto a las motivaciones de quienes filtran material de prueba fiscal a la prensa, en este caso escuchas (lo que no quiere decir que no deban hacerse públicas sin son legales, ese es otro debate).
Así como se señala que desde la política y encumbrados despachos judiciales se actuó como una manada de elefantes en un bazar enfrente, quienes perdieron o quieren conquistar negocios y espacios de poder, arman operaciones y desgastan. Que se haya hecho trascender una mínima parte del tiempo que escucharon al ministro de Seguridad, da que pensar sobre el resto: ¿en manos de quiénes están las copias de esos diálogos y para qué se piensan usar? ¿Cómo y quién las filtró?
Por eso es tan delicado haber intervenido la línea del ministro sin una debida evaluación e indicios claros de que era partícipe de un delito. Lo prueba el hecho de que los audios salieron de la fiscalía y se utilizaron con fines distintos al de una prueba judicial. Sobre esto los fiscales deberán responder también, sea que las filtraran ellos o que fallase la cadena de custodia. Da vergüenza ajena escuchar periodistas sugerir situaciones de la vida personal del ministro en base a la parte de las escuchas que no se reproducen.
Pullaro entre algodones
Cualquier otro ministro hubiese sido echado por los diálogos que trascendieron, que lo dejan en una posición más que incómoda. En este caso se privilegió cuidarlo, como suelen hacer los gobiernos con funcionarios relevantes. El Frente Progresista no está en condiciones de tirar radicales por la ventana, menos Pullaro, que dentro de la línea UCR-NEO es visto como una figura con proyección electoral en 2019 y necesario para competirle a los cantos de sirena que Cambiemos hace al radicalismo.
Sin embargo lo importante no son las proyecciones políticas, sino cuidar los roles institucionales. Hay límites en el lógico trato cotidiano entre miembros de un poder y otro que no deben pasarse. No corresponde ni pasa inadvertido. Por eso la gestualidad y las señales a la sociedad son imprescindibles.
De lo contrario se cometería el error de recrear lo que existía antes de 2007. Si bien hoy no estamos ante casos de esa magnitud, en ese entonces un entramado de poder que iba desde Tribunales, pasando por la Legislatura, el arzobispado de Santa Fe y cerraba en la Casa Gris, dejó un tendal de impunidad en la provincia, con causas prescriptas por el paso de los años y otras abiertas eternamente.
