La diputada nacional Margarita Stolbizer, denunciante en la causa Los Sauces, consideró que el resultado de un peritaje de la Corte Suprema permite afirmar que «están absolutamente comprobados» los delitos cometidos por la ex presidenta Cristina Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López que se investigan en ese expediente, a cargo del juez federal Claudio Bonadío.

«La pericia ha ratificado todos los hechos que fueron oportunamente denunciados y de manera muy clara se detallan los movimientos sospechosos a que hemos hecho referencia tantas veces», afirmó Stolbizer en un comunicado.

La líder del Gen subrayó que «los delitos están absolutamente comprobados con los elementos reunidos en la causa». Y explicó: «La ex presidenta recibía pagos millonarios de los empresarios Cristóbal López, Fabián de Souza y Lázaro Báez, los mismos a los que en simultáneo se beneficiaba con decisiones políticas, tanto de ella misma como de su marido y anterior presidente, Néstor Kirchner».

Para la diputada, «las maniobras ilícitas que denunciamos han quedado comprobadas con el informe técnico que presentan los peritos».

Este lunes se conocieron los resultados de un informe contable que realizaron peritos de la Corte Suprema de Justicia. Los peritos concluyeron que la contabilidad de Los Sauces es irregular, con datos que no son confiables. Según informó Clarín, muchos asientos registrados no son correctos y no incluyen todos los movimientos de dinero, otros asientos contables son globales y no puntualizan las operaciones, y hay extracciones de dinero sospechosas que hacen concluir que se sacaba de Los Sauces más dinero que el que entraba.

«Los puntos de pericia más importantes son los referidos a los pagos efectuados por las sociedades del Grupo Indalo, así como los efectuados por las empresas de Lázaro Báez. El registro de pagos mensuales alcanza cifras millonarias. Aunque siempre la suposición fundada que hemos expresado es que se trata de apenas una parte de los retornos que los empresarios pagaban a la familia Kirchner», destacó Stolbizer.

Pedido para reabrir causa contra Cristina

El abogado Ricardo Monner Sans realizó un planteo ante la Justicia para solicitar que se reabra una denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesto enriquecimiento ilícito. La presentación quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, que ahora deberá resolver si reabre la primera investigación por enriquecimiento ilícito contra la ex mandataria y el fallecido Néstor Kirchner.

La denuncia de Monner Sans, quien lidera la Asociación Civil Anticorrupción, tuvo que ver con una publicación periodística que indicó la existencia de una suma de 1,7 millones de dólares en una cuenta en el exterior que el santacruceño había informado ante la Afip en 2002, monto que después no volvió a aparecer en sus declaraciones juradas.

«Entiendo que corresponde que Vuestra Señoría reabra el expediente porque el sobreseimiento allí logrado constituye lo que se conoce como sentencia írrita. Es un caso donde luce ausencia de investigación profunda», resaltó el abogado.

Para saber qué sucedió con ese dinero, el letrado le pidió a la Justicia que requiera a la Afip que envíe la declaración jurada del impuesto a las Ganancias de Néstor Kirchner de 2003, para luego compararla con las presentaciones posteriores.

«No comparto que la norma procesal que indica que un sobreseimiento implica el cierre definitivo de un expediente, impida su reapertura», resaltó Monner Sans en su planteo. En este caso, como la investigación fue cerrada, la única forma de reabrirla es bajo la figura de «cosa juzgada írrita», que invoca el abogado y permite anular una sentencia judicial al conocerse nuevas situaciones pertinentes al caso analizado.

La causa que intenta continuar Monner Sans había sido finalizada por Ercolini en marzo de 2005, al considerar que «todos los bienes objeto de la denuncia han sido informados en las declaraciones juradas de ambos».

Cristina y Néstor Kirchner también habían enfrentado otras dos denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito que fueron cerradas por los jueces federales Rodolgo Canicoba Corral y Norberto Oyarbide.