La Cámara Federal porteña rechazó hoy el pedido de excarcelación del ex secretario Legal y Técnica Carlos Zannini, que continuará detenido por presunto encubrimiento de Irán en la investigación del atentado a la AMIA.
Fuentes judiciales informaron a NA que los jueces Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah rechazarón la excarcelación, por lo que el ex funcionario del kirchnerismo seguirá detenido en la causa que lleva adelante el magistrado federal Claudio Bonadio.
En primera instancia, Bonadio decretó la prisión preventiva y procesamiento de Zannini y de la ex presidenta Cristina Kirchner (previo desafuero en el Senado) por los delitos de encubrimiento y traición a la patria, aunque este último fue anulado luego por la Cámara Federal.
Poco antes del receso, la Cámara Federal ratificó los procesamientos con prisión preventiva de la ex mandataria, el ex canciller Héctor Timerman, Zannini, el dirigente Luis D ´Elía, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, y el representante de la comunidad islámica en el país Jorge Khalil.
Timerman fue excarcelado este miércoles por decisión del juez federal Sergio Torres por el precario estado de salud del ex funcionario y para que pueda obtener el visado e ingresar a los Estados Unidos, a fin de realizar un «tratamiento experimental» contra su enfermedad.
En tanto, están ratificados los procesamientos sin prisión preventiva del ex titular de la AFI Oscar Parrilli y del diputado Andrés Larroque, por los delitos de «estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad, estorbo a la labor funcional y encubrimiento agravado.
Al confirmar la preventiva de Zannini, los camaristas refirieron a «riesgos procesales», esto es, que podría entorpecer la investigación si queda en libertad.
Bonadio recordó en primera instancia que mientras se desempeñaba como secretario de Legal y Técnica de Presidencia, hubo un incendio en Casa Rosada en el que «se perdieron los registros de aproximadamente 130 mil visitas realizadas en el período investigado».
Además, había dicho que quedan pendientes medidas de prueba como el análisis de más de 130 mil correos del Ministerio de Relaciones Exteriores y unos 120 mil de la Procuración del Tesoro de la Nación, así como 207 líneas telefónicas vinculadas con los imputados.
