El presidente Macri ha dicho, en la convocatoria para establecer «Consensos Básicos» ante actores de todo el arco político, judicial, sindical y civíl, que el país ingresaba en una etapa de reformismo permanente.
Allí se enmarca el proyecto de reforma laboral, cuyo texto final cuida con recelo el oficialismo, mientras el ministro de Trabajo Jorge Triaca fatiga reuniones con la cúpula de la CGT para lograr el aval gremial y allanar el camino de los cambios en el Congreso.
Para analizar los principales tópicos que se traslucen de ese proyecto, Conclusión dialogó con el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, Jorge Elizondo, quien se refirió a los puntos más polémicos o conflictivos que se conocen de la reforma impulsada por el Ejecutivo Nacional.
Indemnizaciones
El régimen actual de indemnizaciones está regulado por el art 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que en caso de despido sin causa o causa no probada, el trabajador tiene derecho a una indemnización calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año.
«No es lo mismo devengada que percibida», aclaró Elizondo de entrada. Y explica que antes del 2004, el cálculo era sobre la remuneración percibida, el trabajador tenia que haber percibido efectivamente el monto determinado en ese concepto.
Desde entonces es devengada, es decir, calculada sobre la mejor remuneración a la cual tuvo derecho en los últimos 12 meses.
El laboralista explicó que «no comprende sólo el salario básico, lo que el trabajador percibe, sino también premios, gratificaciones, comisiones, todo lo que es habitual, incluso horas extras, en la medida que son habituales».
Y consideró que «el gobierno quiere calcular la indemnización solo en base al concepto de salario, tampoco tener en cuenta lo que el trabajador percibe mensualmente, se abarata la indemnización en un 40 o 50 %. Despido barato implica más posibilidades de despedir, contrariamente al mensaje del gobierno, que dice que busca fomentar el empleo».
Y comentó casos análogos para sostener su argumento. «La experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario. Cuando un elemento legal permite destruir empleo, se destruye empleo. El caso de España es el más conocido, hoy hay 25 % de desocupación, después de varios procesos de flexibilización y reflexibilización. Lo que quiere el gobierno es una reflexibilización».
El jurista recordó además que en el país no se ha «ratificado» el convenio 158 de la OIT. «Ya estamos flexibilizados porque se permite el despido, a cambio de indemnización. Ahora se pretende abaratar la indemnización».
«Hay algo peor», disparo Elizondo. «Se pretende crear un fondo de cese, reemplazar la indemnización que debe pagar el empleador cuando despide sin causa por un fondo que se va acumulando en el transcurso de la relación laboral, y encima se pretende q ese fondo se convierta en instrumento financiero»
«El capital financiero no se pierde una, hasta el despido es un recurso financiero. En lugar de imponer que page el empleador una indemnización, se crea un fondo q va a ser administrado por una actividad privada que no va a ser sin fines de lucro, y eso ni siquiera va a ir a la cuenta del trabajador, lo va a administrar una entidad privada», ironizó el laboralista.
«Industria del juicio»
En diversas oportunidades, tanto el presidente como alguno de sus funcionarios, por caso, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, se han referido a la «industria del juicio», apuntando a los abogados laboralistas y a los juicios laborales como la carga que impide generar empleo, ahuyenta inversores y genera gastos innecesarios para el estado.
«Los laboralistas decimos que de la única industria que no se habla es de la del incumplimiento de las normas laborales. Yo no conozco juicios inventados en materia laboral como se inventan en otras ramas de nuestro derecho», inicio su descargo el presidente de la Asociación rosarina de abogados laboralistas
Y completo: «Las causas por las que se inician son bien concretas y tienen que ver con el incumplimiento patronal. Hablar de ‘industria del juicio’ como algo montado por laboralistas es producto de la imaginación del presidente».
«Existe la costumbre acá de demonizar, pero sin mencionar causas. Pareciera que los empresarios demandados son todos inocentes. El presidente habla de casos de trabajadores en negro, le parece mal que un trabajador en negro demande a su empleador lo que se le negó durante la relación laboral» preciso Elizondo.
Y aclaró que «el proyecto, este borrador, da la posibilidad del blanqueo, de perdonarle aportes no realizados por trabajadores en negro a los empleadores, es coherente con su pensamiento de que evadir al fisco no es un delito».
«El proyecto tiene como objetivo reducir las multas por trabajo en negro o mal registrado, esas multas que son del 91, impuestas por Menem y Cavallo, a los fines de promover la registración de los trabajadores. Ahora se reducirían esas multas y no irían para trabajador, sino para la Anses».
Y se refirió a otro punto polémico del borrador. «Hoy un trabajador tiene dos años para iniciar juicio, se intenta reducir 1 año. Lo grave es que, si el trabajador no inicie la acción dentro del año, pierde el derecho, prescribe».
En el 76 el plazo para iniciar juicios laborales se bajó de 4 años a 2. Hoy para cualquier juicio de carácter laboral tenemos 2 años. En Uruguay son 10 años, en Bolivia, imprescriptible. Y se atreven a hablar de industria del juicio, cuando gran parte de los trabajadores no pueden reclamar lo que se le debe.
Macri vs. Abogados laboralistas
Como se apuntó anteriormente, el presidente y algunos funcionarios del oficialismo se han referido a la «industria del juicio» en reiteradas oportunidades e incluso han mencionado, apuntando a los abogados laboralistas, de la existencia de una «mafia judicial» que «tanto daño le hace al país».
Esto toca de cerca tanto a Jorge Elizondo como a quienes representa en la Asociación. «Es el Primer caso en el cual parece existir una obsesión del presidente con laboralistas», apunto.
«Cuando tenés gobierno de Ceo’s, no de políticos, de empresarios, inevitablemente aparecen estas cuestiones que tienen que ver con la vida y la realidad del empresario. A nadie le gusta que le hagan juicios, y a nadie le gusta perderlos» aclaró Elizondo.
Y completo: «Esa declamación permanente es una actitud propia de quien sangra por la herida, es decir ‘me duele, siento en carne propia que han cometido injusticias conmigo, entonces ahora que tengo el poder van a ver'».
«El presidente habla como empresario y tiene que hablar como presidente, es el mandatario de todos los argentinos. No puede ser que use ese lenguaje para referirse a los abogados, más allá de problemas personales que haya tenido con algunos. Por supuesto me siento afectado», se sinceró el jurista.
Y preciso que, si bien «en todas las profesiones hay malos profesionales», en todo el derecho no sólo laboral, que «combatimos y hemos exigido al Colegio de Abogados que preste atención. Eso nos perjudica a nosotros, porque se identifica a unos con otros»
«Nosotros defendemos el derecho de los trabajadores, primero por principios, y por otro lado, es nuestro trabajo, no vemos el derecho laboral desde el punto de vista del derecho individual y la posibilidad de hacer juicios a las empresas, por eso nos interesa el derecho colectivo» señaló.
Y cerró: «Con la reforma se pretende debilitar la fuerza de los sindicatos, más allá de la actitud conciliadora de algunos de ellos, del triunvirato de la CGT, que contrasta con la actitud combativa de otros trabajadores. El gobierno pretende la desindicalización, que la gente se desafilie».
