Por Aldo Battisacco

Las centrales gremiales del mundo intentan abordar el desafío del empleo y el salario que afrontan en tiempos de desbordado neoliberalismo. Desde hace tiempo la discusión se dio en distintos foros internacionales en los que se evaluó la agresión frontal del capitalismo, al que le atribuyen cierto empeño en desmantelar toda forma de defensa de las sectores populares, y entre esas formas, muy especialmente la resistencia de los sindicatos. Entre las evaluaciones que se han formulado una de las más importantes refiere a los efectos del embate que han sufrido las organizaciones obreras.

En el marco del avance de los sectores concentrados del capital contra la resistencia que ofrecen los sindicatos, se instaló una campaña que persigue desprestigiar a los referentes del movimiento obrero y por limitación extensiva debilitar a las organizaciones de los trabajadores que los nuclean. Si bien cabe reconocer que existieron hechos o conductas reprobables de algunos de sus miembros, más allá de errores o carencias, tal campaña guarda relación directa con el hecho de que los sindicatos constituyen el principal obstáculo frente al desarrollo de las políticas en curso, cuyo fondo en gran parte del mundo intenta doblegar el modelo social que los trabajadores lograron erigir tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

David Harvey, crítico del neoliberalismo, sostiene en su publicación «The ANNALS of the American» de la  Academy of Political and Social Science 2007, que el neoliberalismo es una teoría de «prácticas políticas económicas que proponen que el «bienestar» humano puede ser logrado mejor mediante la maximización de las libertades empresariales dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, libertad individual, mercados sin trabas, y libre comercio».

David Harvey

El dato más revelador de su análisis refiere que el Estado tome un papel más activo, subsumiéndose a los objetivos de estas nuevas formas de control de la economía, ya que «si no existen mercados -en áreas como la educación, la atención sanitaria, o la contaminación del medio ambiente- deben ser creados, si es necesario mediante la acción estatal». Y seguidamente observa que «el Estado no debe aventurarse más allá de esas tareas. El intervencionismo del Estado en los mercados (una vez creados) debe limitarse a lo básico porque el Estado no puede posiblemente poseer suficiente información como para anticiparse a señales del mercado (precios) y porque poderosos intereses inevitablemente deformarán e influenciarán las intervenciones del Estado para su propio beneficio».

Preocupantes resultaron en su momento las adhesiones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher a Friedrich Hayek -pensador liberal- que sentenció: “Si queremos mantener la mínima esperanza de volver a una economía de libertad, la cuestión de la restricción del poder sindical es una de las más importantes”, y que parece recobrar vigencia.

Sobre el tema, a mediados de abril de 2015 el Foro Sindical de las Américas advirtió que los pocos avances que obtuvieron los trabajadores están cuestionados por presión de los mercados financieros internacionales que especulan contra las economías de los países emergentes, a los que se les exigen recortes de beneficios y salarios de los trabajadores/as, reducción de los gastos sociales y nuevas rondas de privatizaciones. Allí, los sindicatos de la región se expresaron en contra de las políticas de austeridad fiscal, la privatización de los bienes y servicios públicos y los bienes comunes de la naturaleza, «con las que se pretende hacer retroceder los derechos laborales y sociales duramente conquistados en el actual ciclo progresista en América Latina».

Si se repara en algunos intentos de delinear las políticas hemisféricas que ofrecen el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) y el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA), se observa nítidamente que son “los tres documentos sobre los que se asienta la estrategia de EE.UU», para avasallar no solo derechos laborales sino que avanzan en un diseño de sociedades con grandes contrastes.

Desde hace tiempo se percibe que el liberalismo ha logrado canalizar riqueza de las clases subordinadas a las dominantes y de los países más pobres a los más ricos.

Hace pocos días, en toda Francia, se han lanzado a las calles los trabajadores contra los intentos del gobierno de introducir la ley del trabajo, conocida como “El Khomri” o “loi travail”, que implica la ampliación de la jornada laboral semanal hasta las 46 horas, de las 36 horas actuales y permite a las empresas despedir a los trabajadores con una mínima justificación.

En tanto, en Chile, se intentó aprobar una reforma al código laboral que intenta brindar una mejor protección de los intereses de los trabajadores que alcanza solamente a las empresas y lugares públicos con más de ocho empleados por área o establecimiento. Por lo que la convierte en una reforma parcial.

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Organización Internacional del Trabajo

El año pasado, los líderes de los grupos de Empleadores y Trabajadores se reunieron en las jornadas de debate abierto en junio de 2015, en la Conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, con un esperado contrapunto sobre sus visiones y posicionamientos respecto del mundo laboral de cara al futuro. El contenido de las ponencias marcan que las posiciones resultaron muy divergentes.

El jefe del Grupo de los Empleadores, el danés Jorgen Ronnest, reconoció que el panorama del empleo y la distribución de la riqueza “tiene como telón de fondo un empeoramiento del desempleo mundial, y que constituye una desigualdad cada vez mayor y sueldos más limitados”, sin embargo invitó a “no partir de la base de manera pesimista de que las condiciones de empleo y de distribución del ingreso existentes van a persistir de manera inevitable o que se vayan a reproducir en un futuro cercano”.

Al respecto, pidió que se reconozca que “las tasas de pobreza se redujeron en todos los países y los ingresos de un ciudadano medio de un país pobre se están acercando más a los ingresos de un ciudadano medio de un país rico”, y sostuvo que la relación de empleo clásica “se está convirtiendo en una relación más madura y compleja” y agrega: «La percepción del trabajador de la seguridad del empleo depende tanto de los términos del servicio de su contrato como de las condiciones del mercado laboral en general, como las tasas de desempleo o la eficiencia de las políticas laborales”.

En otras palabras, definió que “la estabilidad del empleo no depende ya simplemente de tener un contrato permanente. Del mismo modo, no todas las formas atípicas de empleo son de baja calidad y, demonizarlas, no reconoce el valor que tienen tanto para los trabajadores como para los empleadores”, y agregó que “las formas atípicas de empleo si están bien diseñadas y reguladas pueden proteger a los trabajadores y ayudar a las empresas a dar respuestas a las demandas del mercado”. Para ello, planteó la gestión y la adaptación del cambio como claves del éxito, una mejor interconexión «entre los sistemas educativos y las empresas y la colaboración entre el sector público y privado para anticipar las necesidades del futuro».

Por su parte, el jefe del Grupo de Trabajadores, el belga Luc Cortebeeck, fue más dramático en el diagnóstico sobre el mundo del trabajo, en el que 201 millones de personas no tienen empleo o están subempleadas, según dijo.

Cortebeeck aseguró que hasta 2030 “habrá que crear más de 600 millones de puestos de trabajo y tienen que ser trabajo decente”. Y apuntó a las cadenas de suministro globales, que representan más «del 60 por ciento del comercio mundial en la economía real» y “están contribuyendo a la desigualdad, no consiguen pagar sueldos que permitan vivir, niegan los derechos fundamentales sindicales y de trabajo y están frenando el desarrollo. Hay pruebas de que está aumentando el trabajo informal, que se convierte en una esclavitud moderna en esas cadenas”, denunció.

Desde el movimiento obrero argentino, el secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), Juan Carlos Schmid, fijó su posición una vez terminado el foro internacional y advirtió que la dimensión con la que se debe dar respuesta a estas pretensiones es “la ideológica, y consiste en que el sindicalismo impugne de forma total las teorías mercantilistas, porque si para algunos realmente el comercio es lo más importante en los albores del siglo XXI, representa un peligro, ya que en el medio del mercado y del comercio no hay espacio para la solidaridad de los pueblos”. Y recientemente fue más allá al vaticinar que “la caída del nivel de empleo en combinación con la persistencia de la inflación históricamente desemboca en una crisis política”.

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Federico Sturzenegger y Alfonso Prat Gay

El gobierno argentino adelantó la primera semana de marzo que busca ingresar al Tratado del Transpacífico, dado el hermetismo de las negociaciones solo se conocieron algunas declaraciones sobre esta intención del secretario de Comercio, Miguel Braun. El funcionario declaró: “Estamos esperanzados en ser parte del Acuerdo tarde o temprano. Obviamente va a tomar tiempo”. Lo aseguró en Washington ante el Consejo del Atlántico, dejando en claro que Argentina ingresará al peligroso acuerdo de libre comercio.

La perspectiva histórica permite inferir que una combinación de masivas devaluaciones impulsó a la liberalización financiera, y la recuperación «facilitada» por el FMI incluso precipitó la mayor transferencia de activos de propietarios nacionales a extranjeros como lo demuestran los últimos cincuenta años.

Paradójicamente, el año pasado, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, resaltó en Ginebra que los sectores «de alta rentabilidad» de la economía participaron las utilidades con sus trabajadores. Incluso desde la OIT su titular, Ryder, expresó que en esa organización se tenía «una valoración muy alta de Argentina», y que existía «el reconocimiento internacional en relación a políticas activas de empleo, de negociación colectiva y protagonismo sindical».

Lejos de estas valoraciones, la realidad política, económica y social de Argentina habla de un marco más complicado para el mundo del trabajo. Viejas teorías económicas tratan de enseñorearse insolentemente del palacio y los resultados de la aplicación de estas concepciones, materializaron una postal que dista mucho de ese país que hasta ayer discutía la posibilidad de dar entidad a un Código Laboral y de que los trabajadores discutan su participación en las ganancias de las empresas. Esta desigualdad debe ser entendida como algo que es activamente producido y sostenido por procesos políticos y económicos que persiguen fines específicos. Nada es casualidad.