La política oficial de apertura de las importaciones ha generado que cientos de empresas hayan solicitado también al Ministerio del Trabajo activar un Proceso Preventivo de Crisis, tal y como lo pidió Carrefour, la empresa francesa que entró formalmente en un Proceso Preventivo de Crisis (PPC), procedimiento que se trata de una herramienta legal que pueden utilizar empresas en riesgo y que le otorga ciertos beneficios a la hora de pagar indemnizaciones (como pagar hasta el 50% del monto que corresponde) y realizar suspensiones. Carrefour, por ejemplo, cuenta con 19.000 empleados y 500 sucursales en todo el país. Sin duda este escenario preocupa el Gobierno. 
Según los registros del Ministerio de Trabajo a los que accedió el diario La Nación, detallaron que en los últimos dos años aumentaron las solicitudes. 
En 2016 (55 casos) y 2017 (83) hubo un salto en la estadística de solicitudes de PPC en el ministerio que encabeza Jorge Triaca. Surgen de esas cifras como los sectores más perjudicados las industrias metalúrgica, automotriz y la textil. Desde los sindicatos identificaron el foco del problema en la apertura de las importaciones y en los coletazos de la crisis económica en Brasil, principal destino de las exportaciones industriales argentinas.
«En lo que va de 2018, tengo casi 1000 bajas de personal, algunas enmarcadas en retiros voluntarios, y muchas empresas chicas cerraron», dijo Antonio Caló, el jefe sindical de la Unión Obrera Metalúrgica.
Desde el Smata aseguraron que las turbulencias ya pasaron y se aferraron a las estadísticas de producción, que evidencias una mejora, sobre todo, en la fabricación de autos 0 km. «No tenemos ningún PPC en marcha; estamos vendiendo bastante bien», argumentó un dirigente cercano a Ricardo Pignanelli, líder del gremio de los mecánicos. Sin embargo, entre el listado de empresas solicitantes figuran grandes firmas como Ford y Volskwagen.
De acuerdo a los pedidos de PPC, otro de los sectores más golpeados es el del transporte de pasajeros de larga distancia. En el gremio de los colectiveros de la UTA identificaron la llegada de las líneas aéreas denominadas low-cost como la razón de la caída. «El transporte de larga distancia había crecido mucho durante el kirchnerismo y ahora cayó con las low-cost, que compiten con este segmento»,  explicó Mario Caligari, dirigente de la UTA.
Por su parte, el Ministro Triaca no quiso referirse a los PPC ante la consulta del diario La Nación y el acceso que tuvo a los registros, pero un vocero suyo declaró a ese diario y aseguró que «la cantidad de PPC no habla de la actividad económica. Hay que revisar sector por sector», sentrnció.
En el ranking de empresas solicitantes en el último período se destacan otros rubros como la industria alimenticia, curtiembres, caucho y el transporte de cargas, que involucra a los camioneros de Hugo Moyano. Y también al estatal Correo Argentino, que prepara un gran ajuste en su plan de reconversión de tareas.
Proceso Preventivo de Crisis
Este proceso que pidió Carrefour y fue concedido por el Ministerio de Trabajo de la Nación otorga una serie de beneficios a la empresa (a pedido de la propia compañía o del sindicato) al alegar que se encuentra en una crisis. Según informa el Ministerio de Trabajo de la Nación, este procedimiento preventivo de crisis deberá tramitarse antes de comunicar despidos o suspensiones “por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas”.
La ley sostiene que la empresa deberá presentar los “elementos económico financieros probatorios tendientes a acreditar la situación de crisis”. La cadena francesa de supermercados comunicó oficialmente que en los últimos tres años habría tenido pérdidas en el país.
Además, la norma explica que “el inicio del procedimiento preventivo de crisis no habilita por sí la procedencia de despidos ni la aplicación de la indemnización reducida”. En este sentido, la ley también aclara que cuando la propuesta del empleador para superar la crisis incluya reducciones de la planta de personal, la presentación de la empresa deberá indicar la cantidad de trabajadores que se propone despedir, así como “cuantificar la oferta indemnizatoria dirigida a cada uno de los trabajadores afectados”.
Datos del sector
Según los datos oficiales del INDEC, el empleo registrado en los supermercados cayó cerca de un 10% en los últimos tres años. Así, el panel estable de empresas consultadas por el instituto oficial (61 cadenas con más de 2.400 bocas de expendio en todo el país) pasó de 104 mil trabajadores en diciembre de 2014 a 94 mil en diciembre de 2017.
En 2015 (la mayoría del año bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner) el empleo en este sector cayó un 4,4%, pero luego de la asunción de Cambiemos la caída continuó: en 2016 la cantidad de trabajadores bajó un 2% y en 2017, un 3,5 por ciento.
De estos trabajadores de supermercados, aproximadamente el 10% son gerentes, supervisores y otro personal jerárquico, mientras que los restantes son cajeros, administrativos, repositores y otros.
En enero de 2018 (último dato disponible), los gerentes y personal jerárquicos tuvieron en promedio un sueldo bruto (es decir, sin los descuentos jubilatorios e impuestos) de $50 mil, mientras que el sueldo bruto de los cajeros, administrativos y repositores estuvo cerca de $26.300.
Según el INDEC, en diciembre de 2017 las ventas de los supermercados consultados fueron de casi $40 mil millones. Si se analiza esta cifra, las ventas con respecto a diciembre de 2015 perdieron un 12% versus la inflación (si se toma el IPC del Banco Central y, desde su republicación, el del INDEC).