El llamado a indagatoria del banquero Jorge Brito en el caso Ciccone no solo sacudió como un vendaval a la City sino que sembró de dudas a todo el empresariado. El lunes, cuando comparezca ante el juez Ariel Lijo para explicar el rol que jugó el Banco Macro en la operatoria financiera de The Old Fund, Brito protagonizará una escena que en Brasil dejó de llamar la atención hace al menos dos años y medio, cuando cayó preso el príncipe de los contratistas de todo el continente, Marcelo Odebrecht. Las carambolas de la política sudamericana hicieron que el terror cunda en el establishment criollo justo cuando Odebrecht cuenta los días para cambiar su oscuro calabozo de Curitiba por un régimen de prisión domiciliaria que lo devolverá al confort de su hogar. Pero más allá de ese eco tardío del escándalo del Lava Jato, la pregunta que atormenta a los magnates locales es si Mauricio Macri quiere a un hombre de negocios preso para darle credibilidad a su declamada cruzada anticorrupción. Y si los jueces de Comodoro Py, para satisfacerlo, se apartarán del código tácito que les impidió hasta ahora rastrear a corruptores y no solo a corruptos.

Brito no es el único gran empresario que desfilará por tribunales. Aldo Roggio, el heredero del clan que rivalizó históricamente con los Macri en los círculos sociales de la patria contratista, y Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y dueño de ESUCO, también fueron citados a indagatoria para el 18 y el 19 de diciembre por Sebastián Casanello en el caso que investiga los presuntos sobreprecios en la construcción de dos plantas potabilizadoras de AySA. Roggio formó diez años atrás una unión transitoria de empresas con la mismísima Odebrecht, que confesó haber repartido coimas a gobiernos de todo el continente, para construir la planta del Paraná de las Palmas, que insumió al fisco $4.000 millones más de lo previsto en la licitación. Wagner hizo lo propio con Camargo Correa, otra gigante verdeamarela, para levantar la de Berazategui. Esa obra, de menor envergadura, terminó por duplicar su costo inicial, con un sobreprecio de $400 millones.

Los jueces y fiscales federales que tienen a empresarios imputados mantienen la cautela. Explican que si bien todos los empresarios involucrados disponen de aviones privados, pasaportes y visados al día e inmuebles en el exterior que les permitirían escapar de una eventual orden de arresto en cuestión de minutos, ello no implica que tengan la voluntad de hacerlo. Y que, por ende, no les cabría la prisión preventiva incluso si fueran procesados. “Debería haber algún indicio en su entorno o algún movimiento fuera de lo común en su patrimonio que permita inferir que querrían entorpecer o huir”, repitieron casi textualmente ante BAE Negocios un juez y dos fiscales que investigan las promiscuidades del círculo rojo. Todos rechazan la “doctrina Irurzun”, como se alude en los pasillos de Py a la ola de encarcelamientos de exfuncionarios aún no condenados.

Roggio y Wagner igual tiemblan ante la perspectiva de que los veedores que aportó la AFIP hayan encontrado algún archivo Excel incómodo en las computadoras que secuestró Casanello en la sede de AySA y en las oficinas particulares de Jorge “Corcho” Rodríguez. Desde principios de este mes, cada día, un exejecutivo de Odebrecht visita Retiro para prestar declaración como imputado. ¿Y si siguieron el ejemplo de su jefe y contaron más? ¿Y si los beneficios del arrepentido no solo tientan a Alejandro Vandembroele? El simulacro de Lava Jato criollo no deja de ser eso, momentáneamente, porque en Brasil hay más de 150 presos y 60 condenados, entre ellos los empresarios más poderosos del país y los líderes de todos los grandes partidos. De este lado de la frontera, el mani pulite solo logró llenar un pabellón de Ezeiza con referentes de una sola fuerza recluidos preventivamente. La ley tampoco prevé incentivos para la delación hacia arriba como hay en Brasil. Y sin embargo, cualquier cosa puede esperarse tras el Big Bang de nuevos negocios que siguió al desbande de las redes de socorros mutuos que tejieron con los años hombres como Hugo Anzorreguy, Jaime Stiuso, Javier Fernández y Darío Richarte.

Efecto boomerang

Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del grupo Indalo, optaron por desprenderse de sus refinerías, estaciones de servicio, constructoras y medios de comunicación apenas entrevieron que el triunfo del oficialismo en las elecciones aceleraría la causa que investiga la retención de impuestos por más de $8.000 millones que efectuó el holding en perjuicio de la AFIP. No es una opción para Brito, que viene soportando desde 2015 los embates del Gobierno y de su su cuñado Delfín Ezequiel Carballo para correrlo de la conducción del segundo banco privado nacional. Pero tras una seguidilla de malas apuestas políticas y con su proyecto de presidenciable tigrense caído en bancarrota electoral, el fantasma del desapoderamiento familiar recorre las lujosas oficinas de Sarmiento y Reconquista donde todavía habita su hijo Jorge Pablo, candidato a vicepresidente de River en las elecciones del 3 de diciembre.

El lunes, en la indagatoria de su padre, el juez Lijo seguramente retomará la declaración como testigo que prestó a inicios de 2015 un oficial de cuentas del Macro que atendió a Vandembroele. El empleado confesó allí que había “bajado una orden” de facilitarle los trámites a The Old Fund, la consultora que se presume que Amado Boudou y su viejo amigo usaron primero para vehiculizar una presunta coima del gobernador formoseño Gildo Insfrán y luego para hacerse de la imprenta Ciccone Calcográfica. A esa cuenta en el Macro entrarron 61 millones de pesos sin que se emitiera un solo Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Ahí también llegaron los $7,6 millones que pagó Formosa por el “asesoramiento” para la emisión de deuda que autorizó Boudou como ministro de Economía en 2010.

La prueba ácida que permitirá verificar la profundidad del Lava Jato argento, sin embargo, será el avance de las causas por corrupción que afectan a empresarios alineados con el Presidente o directamente a su familia. El juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver en las próximas horas si acepta las medidas de prueba que evalúa pedir el fiscal Franco Picardi sobre Angelo Calcaterra en la causa que investiga la adjudicación del soterramiento del Sarmiento a la antigua constructora del grupo Macri, IECSA, hoy en manos de Marcelo Mindlin. El dueño del grupo Pampa y su socio, Joe Lewis, también son investigados por Casanello y Picardi en una causa que busca establecer si obtuvieron información privilegiada sobre los aumentos de tarifas antes de que se produjeran, y si eso los llevó a reforzar sus compras de activos energéticos.

Los chicos crecen

Como en el sindicalismo, el recambio generacional en el empresariado es más lento que en otros segmentos de la élite dirigente. Lo que a veces ocurre es que los hijos superan a sus padres. Así ocurrió con Marcos Galperín, fundador de MercadoLibre pero antes heredero de la megacurtiembre que fundó su abuelo, SADESA. Esa clase de irreverencias enoja a veteranos como a Alfredo Coto, quien el martes contó entre risas ante cerca de mil ejecutivos en el cierre de las jornadas de la Asociación de Supermercadistas Unidos (ASU) que retó personalmente a Galperín cuando lo admitieron como miembro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). “Es una falta de respeto a tu familia que esa tecnología que hiciste valga más que toda la empresa”, le espetó.

El capital con el que rivaliza Galperín, sin embargo, no trabaja en el rubro agroindustrial sino en la City. Lo explican Hernán Vanoli y Alejandro Galliano en el brillante “Los dueños del futuro”, el libro que acaba de publicarles Planeta. “Al igual que Jeff Bezos, Galperín no es un ingeniero ni un programador sino un especialista en inversión financiera. Estudió finanzas, nunca dejó de jugar fuerte en el mercado financiero y es allí hacia donde dirige a su compañía. De las finanzas viene MercadoLibre, y hacia las finanzas va”, relatan. “Tan alta es la afinidad que los nuevos reyes de internet ya sueñan con destrozar -quizás debería decirse reemplazar, o simplemente destronar- a los bancos”, agregan. La financiera online de Galperín, MercadoPago, es uno de los flamantes fundadores de la Cámara de FinTech, acaso un peligro más tangible para el futuro de los Brito que el propio juez Lijo. Galperín también recela de la ineficiencia y la corrupción del Estado desde que trabajó dos años en la YPF de José Estenssoro, donde entró gracias a la amistad que trabó con su hijo en la Universidad de Wharton. Pero ante todo es pragmático. Por eso ayer consiguió que directorio del Banco Nación presidido por Javier Gonzá- lez Fraga aprobara una línea de cré- dito por la friolera de $4.000 millones que tramitó pacientemente en la sucursal Pacheco. Será la gran palanca de MercadoPago, pese a que la AFIP le reclama $500 millones de impuestos que no pagó amparado en un régimen de promoción que no le correspondía. Aunque resta definir la tasa, la línea ya está lista para empezar a aplicarse hasta junio del año próximo.

El martes, en la misma convención de supermercadistas donde Coto reclamó al Gobierno que apure sus reformas, volvió a ponerse de manifiesto la profunda comunión de ideas entre la familia Braun y el Presidente. El tío del secretario de Comercio y dueño de La Anónima, Federico Braun, soltó una frase casi calcada de la que había pronunciado Macri una semana antes en La Matanza. “La idiosincracia argentina es poco capitalista. Acá la gente razona que si es grande, es malo. Por eso muchos critican a los supermercados”, opinó.

La tesis de Braun sobre el carácter “poco capitalista” de los argentinos tiene anclaje en diversas encuestas y estudios sociológicos. Lo curioso es hasta qué punto tantos capitalistas parecen compartir esa idiosincracia. Al menos a la hora de los negocios con el Estado, que siempre carga con los riesgos.