El gobernador Juan Manuel Urtubey resolvió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción del Embarazo, decreto que fue elaborado por el Gobierno nacional en 2015. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario hizo pública esta determinación que deja sin efecto el decreto provincial 1170/12.
“Frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo, el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015”, dijo el Gobernador a través de su cuenta de Twitter.
La noticia sobre la nena salteña que fue violada y quedó embarazada tuvo amplia repercusión nacional en los últimos días e incluso hoy el tema fue tendencia en las redes sociales, alcanzó críticas de diversos sectores.
La reacción de la niña y su madre
El embarazo de la niña se descubrió cuando fue con su mamá al Hospital Público Materno Infantil por un dolor de estómago. Los médicos le realizaron una ecografía y detectaron que cursaba un embarazo de 19 semanas.
Cuando la médica les dio la noticia ambas rompieron en llanto, tras lo que la nena le contó a su madre que su padrastro la había violado, lo que motivó la intervención de la Policía y la denuncia del caso.
La Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Federico Obeid, ordenó la detención del hombre, que está imputado de abuso sexual con acceso carnal, mientras que la niña quedó internada.
Además, se dio intervención a la asesora de Menores Patricia Gómez de González en turno y al médico forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
El Gobierno de la Provincia difundió que Gómez de González informó “la voluntad de continuar con el embarazo manifestada por la niña y su madre”. El hecho de que las víctimas tengan que hacer una declaración jurada ante el Ministerio Público se cuestiona porque dilata el proceso y es similar a judicializar el caso, que es lo que no debería hacerse de acuerdo al fallo de la Corte Suprema de 2012.
Fuente: El Tribuno
