El represor Miguel Etchecolatz quedó más cerca de dejar la cárcel de Ezeiza, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata le otorgara la prisión domiciliaria en las únicas dos causas por las que permanecía detenido intramuros en esa jurisdicción.
La Unidad Fiscal que interviene en las causas por crímenes del terrorismo de Estado contra el excomisario de la Policía bonaerense adelantó que recurrirá aquellas decisiones ante la Cámara Federal de Casación, confirmó el Ministerio Público en su página oficial.
En las resoluciones, adoptadas por la mayoría de los jueces Germán Castelli y Alejandro Esmoris (con la disidencia del juez Pablo Vega) se indica que la prisión domiciliaria otorgada en estas causas aún no se hará efectiva porque Etchecolatz se encuentra con «prisión rigurosa» en una causa que tramita en el Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora y en otra en la que será juzgado a partir de octubre por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Capital Federal.
El represor obtuvo el derecho de la prisión domiciliaria en las causas en las que se investiga su participación en los crímenes en la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde aún no se ha celebrado debate, y en la que fue condenado en 2012 a prisión perpetua por el Circuito Camps de centros clandestinos de detención.
Estas dos nuevas concesiones se sumaron a las que ya había logrado en las causas por los crímenes en el CCD «La Cacha» y en las brigadas de Banfield, Quilmes y San Justo.
Etchecolatz, que tuvo a su cargo los 21 campos clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en territorio bonaerense, fue condenado en seis oportunidades por crímenes de lesa humanidad: en 1986, a 23 años de prisión en la denominada causa 44 o Camps; en 2004, a 7 años de prisión (reducida luego a 4), por la apropiación de una hija de desaparecidos; en 2006, a reclusión perpetua en la conocida como «causa Etchecolatz»; en 2012, a prisión perpetua por el «Circuito Camps»; en 2014, a perpetua por un doble homicidio en el marco de la causa «La Cacha»; y en 2016, a 25 años de prisión por el secuestro y las torturas a una pareja desaparecida.
El juez Castelli concluye en su voto que Etchecolatz es «una persona de 88 años de edad, que posee patologías crónicas irreversibles, con cuadro de deterioro generalizado y progresivo en razón de las patologías de base que lo aquejan».
«Aprecio que en el caso no se verifican indicadores de riesgo de fuga, con fundamento en los largos años de prisión rigurosa, en su avanzada edad, la mencionada problemática vinculada a la fragilidad de su salud que lo mantendrá ocupado en ello. También se ha verificado arraigo familiar; repárese que lo ha visitado periódicamente su pareja y la vivienda mencionada para cumplir el arresto fue ofrecida una y otra vez en solicitudes similares, no obstante lo cual corresponde en el caso imponer el sistema de pulsera electrónica»,agregó.
Esmoris, por su parte, señaló que «su actual situación de salud, más la avanzada edad que presenta, permiten la morigeración de la prisión que viene cumpliendo, sin que ello implique hacer incurrir al Estado Argentino en responsabilidad por incumplimiento de sus obligaciones a nivel internacional».
«Una persona de 88 años de edad, que posee patologías crónicas irreversibles, con cuadro de deterioro generalizado y progresivo en razón de las patologías de base que lo aquejan», definió el juez Castelli a Etchecolatz.
El juez Vega, en el voto minoritario, recordó que Etchecolatz está detenido en el hospital de la cárcel federal de Ezeiza y señaló que las actas de las entrevistas que el condenado mantuvo con los profesionales de la salud que lo revisaron «han concluido que no hay afección grave, que no es necesaria la internación del imputado».
Vega remarcó además que hace meses se viene debatiendo la situación de Etchecolatz y que «durante el extenso trámite que ha insumido esta incidencia el establecimiento carcelario no ha reportado ningún problema de salud que merezca de mayor atención».
Si bien aún no obtuvo efectivamente la domiciliaria, el Tribunal Oral resolvió «requerir al Poder Ejecutivo Nacional, que de efectivizarse la prisión domiciliaria, adopte las medidas necesarias dentro de su competencia para preservar la integridad física de Miguel Osvaldo Etchecolatz como de terceros, tanto en el domicilio que resida como en los traslados que deban hacerse por razones de salud».
También dispuso que, el día en que se concrete la medida, se le prohibirála salida del país a Etchecolatz, se lo controlará con el sistema de vigilancia electrónica y que el Patronato de Liberados lo visite cada quince días en el domicilio.
La asociación Abuelas de Plaza de Mayo ya había expresado días atrás su «preocupación» por lo que consideró como un «nuevo intento de asignar privilegios al genocida» y recordó que Etchecolatz «ya había sido beneficiado con la domiciliaria anteriormente y le fue revocada por violar las condiciones de cumplimiento al encontrarse armas en su domicilio, entre otras irregularidades».
En un comunicado, señaló que «no puede pasarse por alto» que el testigo Jorge Julio López «desapareció tras declarar en su contra».
López había brindado un testimonio clave en el juicio contra el represor, tras lo cual, el 18 de septiembre de 2006, desapareció cuando se dirigía a la lectura de sentencia sin que hasta el día de hoy se tenga información alguna sobre su paradero.
