Prisión perpetua para “Pupito” Avalle, el jefe de una célula de Los Monos que usaba mucho Whatsapp
Detenido desde 2019, fue quien encargó desde la cárcel homicidios, ataques a sindicatos, frigoríficos, escuelas y tiroteos a Televisión Litoral. Fue acusado múltiples delitos en casi 30 causas.
¿Qué tienen en común las bombas molotv lanzadas contra los frigoríficos Mattievich, Paladini, Swift, el ataque a tiros a la escuela Silvestre Begnis, la balacera a Televisión Litoral y las agresiones a las sedes de la Uocra y el Sindicato de la Carne? Que todos fueron encargados, desde prisión, por Cristina Nicolás Avalle, alias “Pupito”, un joven de Villa Gobernador Gálvez considerado jefe de una banda que operó como segunda línea de otra organización criminal mayor, Los Monos, y que este viernes fue condenado a prisión perpetua por medio de una juicio abreviado en 27 causas distintas y por múltiples delitos.
Detenido desde marzo de 2019 y con una condena previa, Avalle se declaró culpable de homicidios, tentativas de asesinatos, extorsiones, abuso de arma, intimidación pública y asociación ilícita, en muchos de esos casos en calidad de “instigador”. Es decir, aquél que ordena la comisión de un delito. Es lógico, porque “Pupito” lleva más de 6 años preso, primero en la cárcel provincial de Piñero y luego en la federal ubicada en el partido bonaerense de Ezeiza.
De acuerdo a la investigación de varios fiscales que intervinieron en casi treinta legajos judiciales que tuvieron como protagonista a Avalle, el preso ordenaba los delitos, los coordinaba, aportaba los medios para cometerlos -vehículos, armas, dinero-, y solicitaba la confirmación de que sus pedidos se hubieran cumplido mediante la aplicación de mensajería Whatsapp, que empleaba compulsivamente desde prisión.
Los múltiples y diversos hechos por los que fue imputado en su momento Avalle ocurrieron entre 2021 y 2024: tiroteos, extorsiones, homicidios, atentados a instituciones públicas y privadas, amenazas, balacera a una canal de televisión. Los jueces Mariano Aliau, Pablo Pinto y Hebe Marcogliese resolvieron homologar este viernes el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la defensa del acusado, por el cual se condenó a Cristian Nicolás Avalle a la pena de prisión perpetua.
Polirubro
La fiscal Viviana O´Connell le atribuyó haber encargado amenazas a un comercio gastronómico ubicado en Piazza al 400 de Villa Gobernador Gálvez, donde una persona dejó una nota intimidatoria solicitándole dinero en enero de 2021. Para “convencer” a sus propietarios de la seriedad del asunto, el joven disparó 10 veces contra el frente del local. “Lo relatado se verifico en un registro fílmico en el celular de Jonatan G. secuestrado en fecha 14 de marzo de 2021. En dicho dispositivo, tenía agendado un número con el que se comunicaba con Avalle, con quien a su vez mantuvo varias conversaciones”, informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los fiscales Franco Carbone y Federico Rebola lo acusaron de un hecho similar pero ocurrido en febrero de 2022, también en Villa Gobernador Gálvez, el territorio donde operaba la banda de “Pupito”. Las víctimas, en ese caso, fueron los dueños de un bar ubicado en avenida Juan Domingo Perón y Laprida, a quienes también le balearon el local comercial y le dejaron una nota pidiendo dinero en forma extorsiva.
En marzo de 2022 Avalle le exigió al propietario de una estación de servicios de avenida San Martín al 2000, también de Gálvez, “la entrega de $200.000 por mes para que se cometan hechos delictivos en el lugar”. El 7 de ese mes a las 23.43 “personas no identificadas se apersonaron en el local y desde un automóvil efectuaron al menos nueve detonaciones”. Un día después, cerca de las 22.10 “Avalle utilizando una linea celular envió mensajes vía Whatsapp a la victima manifestándole que debía abonar una suma de dinero para continuar con la profesión”.
Camión y escuela
De acuerdo al juicio abreviado que redundó en la condena al preso, el 3 de junio de 2023 Avalle ordenó vía teléfono celular el ataque armado a un camión recolector ocurrido a las 23.40 en San Luis y Servando Bayo de Rosario.
Y el 14 del mismo instigó desde prisión el ataque armado contra escuela Silvestre Begnis de calle Nahuel Huapi 4500 de Rosario “con la finalidad de generar temor y conmoción público”, sostuvieron los fiscales. “Pupito” ordenó la agresión vía Whatsapp a otro preso que estaba en Coronda, quien a la vez seleccionó a la persona que ejecutó la balacera y dejó en el colegio “una nota de papel que expresaba amenazas a un miembro de una organización sindical”. Avalle recibió la notificación de que el ataque había sido realizado mediante un video, que también recibió por Whatsapp.
En abril de 2024 se inició una saga de ataques incendiarios, con bombas tipos molotv, al Sindicato de la Carne y varios frigoríficos. “Cristian Nicolás Avalle ordenó desde su lugar de alojamiento (pabellón A de la Unidad Residencial Nº 6 del Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza) una serie de ataques armados e incendiarios contra los frigoríficos Paladini, Swift, Mattievich, Coto y Sugarosa, y la sede del referido gremio”, dijeron los fiscales.
Para el MPA, “los hechos se encuentran vinculados no sólo por la modalidad empleada para la comisión de los mismos, sino también porque en cada uno de los ataques, se dejaron notas con inscripciones similares, con una misma e idéntica finalidad”. Los ataques incendiarios fueron fotografiados o grabados en video y enviados al celular que Avalle utilizaba en la cárcel.
Tiros a TVL
Los fiscales también le endilgaron a Avalle haber formado parte del grupo de personas que tiroteó las instalaciones de la empresa Grupo Televisión Litoral, en Presidente Perón al 8100 día 12 de diciembre de 2022, “poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas presentes, con la finalidad de generar temor y conmoción pública”.
Puntualmente, a “Pupito” le achacan “haber ordenado la comisión del hecho desde su lugar de detención utilizando la aplicación WhatsApp de su teléfono, brindando instrucciones sobre el modo, lugar y tiempo de ejecución a Juan José V”.
Entre los múltiples delitos asignados al joven, que derivaron en la condena a prisión perpetua acordada en un juicio abreviado, se encuentra el pago de 80 mil pesos para el asesinato de Miguel Roulin en diciembre de 2022.
Los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone le atribuyeron haber formado parte de una asociación ilícita la cual lideraba y que estaba integrada por otras personas ya imputadas, junto a personas menores de edad y junto a personas fallecidas con posterioridad. “La misma tenía división de tareas y asignación de roles, dedicada a cometer delitos contra las personas, contra la vida, contra la libertad, contra la seguridad y administración públicas y el orden público”, agregaron.
Para los acusadores, “la empresa criminal funcionó al menos desde el mes de marzo de 2021, hasta el día de formularse la presente audiencia; desarrollando sus actividades en la localidad de Villa Gobernador Gálvez y en la localidad de Rosario, principalmente en las zonas sur y suroeste”.
Así, “la empresa criminal se encontraba constituida por integrantes que han exhibido voluntad de permanecer unidos en el tiempo en pos de un acuerdo criminal en común y a los fines de cometer delitos indeterminados como homicidios, abusos de arma, extorsiones contra personas físicas y contra entidades gremiales, intimidaciones públicas contra instituciones educativas y medios de comunicación, portaciones y tenencias de arma de fuego, encubrimientos y desarme de vehículos con pedido de secuestro, usurpaciones, amenazas calificadas, entre otros”.