Piden a Milei que no acepte la renuncia del juez Bailaque, que le permitiría acceder a la jubilación
Dos organizaciones enviaron una nota al Presidente, al titular de la Corte Rosatti y al de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, Luis Juez, para evitar la dimisión que consagraría “la impunidad”.
Las organizaciones ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y el Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) solicitaron al Presidente de la Nación, Javier Milei y a su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que rechacen la renuncia del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, para evitar que se frustre su juzgamiento por mal desempeño. En caso de aceptación de la dimisión, el proceso en el Consejo de la Magistratura pierde validez y el magistrado puede acceder a la jubilación del Poder Judicial, advirtieron.
El juez Bailaque es investigado por haber obstaculizado el avance de una causa penal a su cargo contra un líder narco (Esteban Alvarado) y por la presunta extorsión a un empresario que habría pagado más de 100 mil dólares a cambio de beneficios procesales, entre otros hechos.
Las dos entidades también solicitaron al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, y al presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, Luis Juez, que procedan sin dilaciones a la suspensión y juzgamiento del cuestionado magistrado.
Además de la causa penal por extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal, Bailaque tiene tres expedientes disciplinarios activos en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura (N° 129/2024, 185/2024 y 186/2024).
La semana pasada, el juez presentó su renuncia por medio de una nota dirigida al presidente Milei y enviado al Ministerio de Justicia de la Nación. “La aceptación de su renuncia por parte del Poder Ejecutivo implicaría el archivo automático de estos procesos, lo que impediría avanzar hacia una eventual remoción por mal desempeño”, señalaron el Inecip y la ACIJ en la nota.
“La aceptación de la renuncia extingue el procedimiento. Si el presidente avanza en ese sentido, el juez evita el juicio político y accede a una jubilación privilegiada. La Constitución y los precedentes permiten rechazarla para que se garantice su juzgamiento”, señalaron desde las organizaciones de la sociedad civil.
En ese sentido, en otro tramo de la nota dijeron que “si bien la causa penal sigue su curso, permitir que la denuncia disciplinaria -basada en hechos de semejante gravedad- sea archivada por la sola renuncia del acusado implicaría consagrar una gravísima forma de impunidad institucional, con consecuencias directas para la legitimidad del Poder Judicial y del poder político que interviene en los procesos de remoción de quienes lo integran”.
Y se preguntarn: “¿Qué mensaje se transmite a la ciudadanía si un juez con serias sospechas de mal desempeño puede eludir el jurado de enjuiciamiento? ¿Qué señal se da al resto del Poder Judicial?”
La ACIJ y el Inecip remarcaron que este tipo de maniobras no son nuevas: en casi un tercio de los ya excepcionales casos que llegan al Jurado de Enjuiciamiento, no hay resolución de fondo porque se acepta la renuncia del juez denunciado. “No se trata sólo del caso Bailaque, sino de un mecanismo que consagra la impunidad institucional. Si esto se permite, cualquier juez acusado de corrupción sabrá que puede evitar el juicio político simplemente renunciando”, advirtieron.
Además, recordaron que el Consejo de la Magistratura sigue funcionando con una normativa derogada, a pesar de que ya pasaron tres años desde el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Congreso dictar una nueva ley. “Es imprescindible que las autoridades nacionales actúen con decisión. La impunidad de quienes deshonran la función judicial socava la confianza pública en sus instituciones”, concluye la nota.