Última oportunidad antes de la quiebra: habilitan el «salvataje» de Vicentin
El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, firmó la resolución que abre el proceso de cramdown para que interesados hagan una propuesta de continuidad de la agroexportadora concursada.
El titular del Juzgado Civil y Comercial de la 2ª nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, resolvió este viernes avanzar con el proceso de salvataje (o cramdown) en el concurso preventivo de acreedores de Vicentin SAIC, tras el rechazo definitivo a la homologación de su propuesta de pago a los acreedores, que la Justicia consideró “abusiva e ilegal” por las quitas efectuadas a los acreedores de mayor volumen.
De esa manera, el Poder Judicial da el último paso del proceso en procura de buscar una salida a la agroexportadora nacida en la localidad santafesina de Avellenda hace un siglo, antes de declarar la quiebra. El monto del pasivo reunido antes del concurso por Vicentin trepó a unos U$D 1.300 millones, con bancos internacionales y nacionales, proveedores, clientes y otras empresas del sector.
En la resolución firmada este viernes por el juez Lorenzini, se declara la apertura del salvataje, técnicamente denominado período de concurrencia. Para eso, el magistrado dispuso que se abra un registro preliminar de oferentes desde el próximo lunes 30 de junio hasta 4 de julio. Será obligatorio estar inscripto para participar luego del período de concurrencia.
La resolución también dispone que en la tapa inicial del proceso no se exigirá garantía inicial. Para este pre-registro no se requiere depósito económico, aunque sí documentación legal de los interesados . “En esta instancia de inscripción no se requerirá suma dineraria alguna en concepto de garantía de seriedad de ofertas y derecho de admisión, pero la inscripción citada será requisito excluyente para la posterior participación del período de concurrencia propiamente dicho”, señala el fallo.
Y agrega que “dicha inscripción se formalizará mediante escrito presentado en este expediente, con individualización completa del o los interesados, contratos sociales, poderes de sus representantes y demás recaudos de constitución de domicilios procesales y pago de las boletas de iniciación de juicios, acreditando representación correspondiente”.
Lorenzini decidió imprimirle celeridad al proceso ante la crítica situación financiera que atraviesa la la empresa agroindustrial, con dificultades para afrontar el pago de salarios, la contracción de nueva deuda pos concursal, caída de contratos y ante la cercanía de la feria judicial
La decisión judicial prevé la realización de una audiencia informativa y la posterior fijación de requisitos formales, valuaciones de los bienes, observaciones y plazos para las ofertas de los interesados en participar del salvataje de la compañía. Que, vale aclarar, solo incluye a la concursada Vicentin SAIC y no a todas las sociedades que conforman el grupo.
Vicentin se declaró en “estrés financiero” en diciembre de 2019, cuando el presidente Mauricio Macri y amigo personal de algunos directivos de la compañía dejaba el Gobierno, asediado por las cíclicas restricciones externas del país y la duplicación del índice de inflación.
A la cesación de pagos de la agroexportadora -que obtuvo ayuda financiera del Banco Nación durante la gestión de Macri incluso por fuera de los límites legales de acuerdo a su situación- le siguió, en febrero de 2020, la presentación del concurso preventivo de acreedores, que fue abierto por el juez Lorenzini en marzo de ese año, en medio de una disputa con algunos acreedores que preferían que el expediente tramitara en la ciudad de Rosario.
El entonces presidente Alberto Fernández buscó una salida al anunciar el envío al Congreso nacional de un proyecto para la expropiación de la sociedad de Vicentin en concurso, con el objetivo de que el Estado pudiera tener una participación en el comercio exterior de granos y aceites, la actividad exportadora que mayor cantidad de ingreso de divisas produce en Argentina. La resistencia de la oposición y de sectores sociales ligados a esa mirada -el famoso “somos todos Vicentin”- impidieron que ese proceso avanzara.
Entonces se conoció, también, que el Banco Nación le había otorgado una serie de desembolsos millonarios a Vicentin bajo la modalidad de créditos para prefinanciación de exportaciones, apenas unas semanas antes de que entrara en cesación de pagos. Incluso por fuera de las normas de la entidad financiera oficial que procuran resguardar su patrimonio, que es público.
Paralelamente, la Justicia penal rosarina avanzó en la investigación de presuntas estafas y defraudaciones de los entonces directivos de la compañía, mediante la presentación de balances e información financiera que, según los fiscales, incluía datos falsos sobre la situación real de la agroexportadora. Por ese motivo fueron imputados los ex ejecutivos.
Esa causa también llevó a prisión este año a cuatro ex miembros de la conducción de Vicentin SAIC, Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, que luego pagaron una fianza de un millón de dólares por cabeza para recuperar su libertad ambulatoria. Están acusados de desviar unos 6.000 millones de pesos de la empresa luego del concurso, entre 2019 y 2024. Parte de esos recursos detraídos a la endeble salud financiera de la empresa, según la investigación, se utilizaron para pagar los honorarios de los abogados de los pripios directivos, por motivos particulares y no corporativos.