La Coalición Cívica pidió juicio político para el juez que prohibió la difusión de los audios de Karina Milei
Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que supone una violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, relacionado al escándalo de presunta corrupción en Discapacidad.
Elisa Carrió y diputados de la Coalición Cívica (CC) presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello. Es el magistrado cuestionado por dictar una medida cautelar que establece la censura previa de la difusión de los audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de las sospechas de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
“Con Carrió y Marcela Campagnoli presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maríanello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar. Defender las instituciones demanda que hagamos los máximos esfuerzos de transparencia, responsabilidad y coherencia en todos los poderes del Estado”, manifestó el legislador porteño Hernán Reyes.
En la publicación, el candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica aseguró que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”. “Las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”.
Los denunciantes acusan al magistrado de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por haber dispuesto la medida cautelar que para la oposición, juristas y colegios de abogados supone una flagrante violación de un derecho humano como es la libertad de expresión, relacionado al escándalo de presunta corrupción en Andis.
En el trámite abierto ante el Consejo de la Magistratura se solicita la apertura del procedimiento de acusación, suspensión en el cargo y requerimiento de destitución. Para la Coalición Cívica, la prohibición de la difusión de chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social representa “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública”.
Por otra parte, los tres dirigentes opositores señalan una posible relación de connivencia con el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal, lo que de confirmarse perpetraría una violación de la independencia judicial y de la división de poderes.
Por si fuera poco, Carrió, Campagnoli y Reyes denuncian que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una institución que resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación. «A tal punto, que cuenta con importantes auspiciantes incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios HLB Pharma” y “Ramallo“, indicaron en la denuncia.
“Estamos frente a un letrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, concluyeron los denunciantes.
Entre las causales que llevaron a pedir el juicio político enumera:
HECHO 1: Actuación en la Causa Nro.13.408/2025, caratulada “Milei, Karina Elizabeth s/medidas cautelares”: La actuación del juez solicitando una medida cautelar prohibiendo la difusión de cualquier chat, foto, audio y video de la Secretaria de Presidencia, Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación escrito audiovisual y/o a través de redes sociales, desde todo sitio, plataforma y/o canal web. Considerando que “dicha decisión implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública.
HECHO 2: Posible connivencia con el Poder Ejecutivo en la figura del Secretario de Justicia de la Nación, Dr. Sebastián Amerio para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos en su contra, en trámite ante el Consejo y la justicia federal. De comprobarse, esa relación impropia implicaría una violación flagrante de la independencia judicial y de la división de poderes.
HECHO 3: Participación del Dr. Alejandro Patricio Maraniello como socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC). Dicha institución resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación. A tal punto, que cuenta con importantes “auspiciantes” incompatibles con el ejercicio de la magistratura y en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios “HLB Pharma” y “Ramallo”.
HECHO 4: Denuncias por la supuesta comisión de hechos de abuso moral, sexual y violencia de género. El Juez Maraniello registra en el Consejo de la Magistratura cinco denuncias en su contra por abuso moral, sexual y violencia de género. Dichos procesos fueron iniciados por personal del juzgado a su cargo, directamente ante el Consejo y, en algunos casos, ante la Unidad de Bienestar Laboral dependiente de la Cámara Civil y Comercial Federal. A causa de estas denuncias, Maraniello fue incluido en el Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género.
HECHO 5: Irregularidades en los procesos de otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina.
Por su parte, el magistrado fue notificado de los cargos la semana pasada y cuenta con un plazo legal de veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, a partir de una presentación realizada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN).
La Comisión de Disciplina, presidida por César Grau, tramita seis expedientes en su contra. En este contexto, resolvió notificarlo formalmente de las acusaciones y lo invitaron a presentar un descargo. Según el procedimiento, el magistrado podrá ejercer su defensa por escrito, designar abogado, ofrecer pruebas y manifestar lo que considere pertinente en un plazo de 20 días.