JUEVES, 04 DE JUN.

Regresivo y preocupante: diputados impulsan un proyecto de ley para reducir distancias mínimas para las aspersiones con agrotóxicos

Bajo el edulcorado argumento de las buenas prácticas y la previsibilidad, lo que persigue la médula de este proyecto, es poder llevar las fumigaciones con agrotóxicos a tan solo 10 metros de escuelas y viviendas. Un debate que debería estar perimido gracias a las contundentes evidencias científicas, pero lamentablemente nos sigue regalando renovados capítulos.

La crisis socioambiental se manifiesta de manera opulenta y ante la vista de todos. Mientras que el monte y los cordones montañosos siguen siendo vapuleados, el modelo extractivo hacedor de tanto dolor, sigue adelante al ritmo de la agenda del FMI. Hipotecar el presente para no garantizar un futuro, una matriz productiva inviable a la que nadie se anima a transformar.

Pisar territorios fumigados, relacionarse con sus habitantes, conocer sus experiencias, saberes y luchas, debería ser menester de todos aquellos que, bajo el confort de una pluma y un papel, pretenden garantizar que el dolor, las enfermedades y las muertes, sigan oficiando de garante del abusivo negocio de unos pocos. El lobby sojero no cesa, si bien en muchas oportunidades puede parecer que se ha tomado un descanso.

La resistencia a la utilización de agrotóxicos, sigue referenciándose como una de las luchas más nobles y desiguales que existen en la actualidad. Con respecto al daño que originan los mismos y los supuestos mitos que los rodean, debemos decir que estos últimos se han convertido en falacias, ya que no solo la OMS (Organización Mundial de la Salud) a través de su agencia nacional para la investigación sobre cáncer, ha reclasificado la mayoría de los químicos utilizados en el modelo agroindustrial (al menos en nuestro país) como probablemente cancerígeno, o directamente cancerígeno.

Dos de los más utilizados en Argentina, fueron catalogados como nocivos para la salud, los herbicidas que son a base de glifosato y el 2,4, con las monografías 112 y 113 respectivamente, pudieron comprobar luego de una serie de estudios, que son probablemente cancerígenos. Los pocos estudios existentes con animales, pudieron comprobar el daño que originan. Muchos son los científicos que aferrados a la ciencia digna y al servicio del pueblo, han presentado muchísimas evidencias de lo nocivo de estos venenos utilizados por el agro.

Un proyecto de ley maquillado y edulcorado para la ocasión

Entre los objetivos del proyecto de ley presentado por un grupo de diputados nacionales, y que cuenta con el aval de muchos otros, se resalta ordenar y armonizar normas y responsabilidades en todo el país, dar certidumbre y previsibilidad a productores, comunidades y autoridades, y profesionalizar y capacitar a todos los actores involucrados y mejorar las prácticas de aplicación.

A modo de ejemplo, se establecen distancias mínimas desde las zonas sensibles de 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. También se refuerza la capacitación obligatoria y periódica de todos los actores involucrados y el control de los equipos aplicadores. Un proyecto a contramano de los distintos amparos judiciales que, a través de evidencia científica concreta, alejaron las aspersiones sobre la población en lugares como Sastre, Piamonte y Zenón Pereyra entre otros poblados de la provincia de Santa Fe.

La ciencia digna se expresa y repudia dicha iniciativa

Conclusión pudo acceder a la palabra de aquellos que estoicamente vienen trabajando en distintas investigaciones que han desnudado, una y otra vez, los profundos impactos a la salud que genera la utilización de agroquímicos en la producción agrícola. “Si el proyecto busca asemejarse al de Entre Ríos, del cual participé en los debates legislativos, claramente no correspondería. Representaría un gran retroceso en torno a las luchas y ordenanzas que se han logrado en distintos territorios. Este proyecto de ley amerita un profundo debate donde participen las comunidades y la ciencia”, indicó Rafel Lajmanovich, científico que llevó adelante investigaciones contundentes como por ejemplo, la que pudo demostrar que arroyos santafesinos y entrerrianos, tienen el nivel de glifosato mas alto de Sudamérica.

Quién también acercó su opinión y posicionamiento, fue Damián Verzeñassi, alguien que desde la medicina viene trabajando fuertemente para dar por tierra la idea de inocuidad que intentan establecer quiénes sostienen el actual modelo de producción basado en el paquete tecnológico. “Este un proyecto de ley tremendamente regresivo que viola todo principio de regresividad, que está en el derecho ambiental. Se trata de una copia que se aprobó en Entre Ríos, negacionista de la investigación científicas. Es un proyecto a la medida del agronegocio, en pleno 2025 y en el mes de octubre, donde se recuerda la lucha contra el cáncer de mamas, pretenden permitir las fumigaciones a tan solo 10 metros”.

Cuando hablamos de cáncer de mamas, tenemos que hablar de productos cancerígenos como 2,4D y el clorpirifós, que son productos químicos que junto al glifosato y otros tantos, se utilizan en la producción. “Se sostienen en la perversa lógica de que el dinero, justifica la enfermedad de los condenados por este sistema. No hay ninguna información científica validada realizada por equipos científicos que justifique, y pueda argumentar que utilizar este tipo de químicos a tan solo 10 metros de una vivienda donde se encuentran personas, sea inocuo. Reto a quienes defienden este proyecto, que son muchos y de distinto pelaje, a un debate público con fundamentos científicos que puedan justificar la fumigación a esos escasos metros. Tengo herramientas biográficas que demuestran y evidencian que fumigar a menos de 1.000 metros de las personas es riesgoso para la salud, e incrementa 2,5 el riesgo de contraer cáncer, y en personas entre 15 y 45 años aumenta el riesgo de daño genético y genera daño en la salud reproductiva”, enfatizó el médico y docente.

Guillermo Folguera es biólogo e investigador del Conicet, consultado sobre el avance de esta iniciativa impulsada por legisladores con doble comando, ya que algunos también son productores rurales, fue tajante: “Son criminales, este proyecto de ley es criminal, ya que lo impulsan quienes ya tienen toda la torta. Salvo algunas resistencias y amparos, ellos cuentan con todo el poder para seguir condiciendo los destinos de todos nosotros. La tormenta pasará, pero vamos a tener que rever las estrategias de lucha contra este modelo de producción para poder cambiarlo. No se trata de ser ambientalistas, como buscan reducir siempre estos debates, ya que nosotros no estamos en contra de la producción, pero tenemos la certeza que esta no es la manera de hacerlo”.

La Argentina es un reguero de agroquímicos, un sembradío de privilegios para unos pocos que no dudaron a la hora de transformar a este país en un explícito laboratorio a cielo abierto. Un verdadero dislate, un crimen legal que se pasea impunemente anclado en un lobby feroz y un deleznable blindaje mediático. Indisimulable, esa es la palabra que define al daño que origina un modelo productivo que viene atentando contra la vida en su amplio conjunto. Tierra arrasada, migraciones internas, hambre, enfermedades y muerte, son los «daños colaterales» de un paquete tecnológico que ha demostrado con creces lo destructivo del mismo.

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