Universidades van a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario
Si bien el Gobierno promulgó la normativa, suspendió su aplicación hasta tanto el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento para la aplicación de la misma.
Las universidades públicas iniciarán acciones judiciales para que el Gobierno cumpla con la ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, y asigne de forma urgente los recursos presupuestarios necesarios.
Si bien el Gobierno promulgó la normativa, suspendió su aplicación hasta tanto el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento para la aplicación de la misma.
En este marco, desde el sector universitario consideran tomar medidas al respecto «a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática».
«Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación», sostienen.
Asimismo, afirman que implica la «vulneración de derechos constitucionalmente establecidos, afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley».
El sistema universitario enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes. Las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron rápidamente desfasadas frente a la inflación y durante el 2024 los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de la Universidad sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo de más del 40%.
A lo largo de todo el año 2025, la recomposición salarial fue mucho menor que la inflación oficial medida por el Indec, profundizando aún más dicha pérdida.
La ley aprobada por el Congreso, insistida por ambas cámaras, tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes, por lo que «su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis», apuntan. Además, la ley prevé la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.
Para finalizar, las universidades advierten que «la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina».
Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el Presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.