Duro golpe en la causa «El Villazo»: absolvieron a los 17 acusados y lo tachan de «fallo vergonzante»

Este martes se conoció la sentencia a un juicio considerado histórico, en el que se juzgó la represión estatal al proceso popular llamado «el Villazo». Dicha represión ocurrida en Villa Constitución, dirigida principalmente a los obreros de la fábrica Acindar se convirtió en experimento de la represión ilegal que, desde el control del aparato estatal, se desataría a partir del 24 de marzo de 1976 en todo el país. El golpe fue muy duro, los 17 acusados fueron absueltos. «No lo esperábamos», dijo a este medio la abogada Julia Venturini. Y aseguró que se trata de «un fallo vergonzante porque no está a la altura de la prueba que se produjo en el juicio».

Tanto la Fiscalía como la querella particular de las víctimas representada por los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitaron la pena de prisión perpetua para los dos jefes de Acindar, que eran los que tenían el nexo entre la fábrica y las patotas. Se trata del ex jefe de división personal de la acería de Villa Constitución, Roberto Pellegrini, y ex empleado jerárquico de la fábrica, Ricardo Oscar Torralvo.

El resto de los imputados eran los ex policías federales Roberto Álvarez, Carlos Brest, Ricardo Burguburu, Jorge Coronel, Leonardo Dec, Juan Carlos Faccendini, Roberto Giai, Aldo Gradilone, Carmen Grossoli De Hellaid, Jorge Lozano Windus, Emilio Marciniszyn, Juan de Jesús Martínez, Horacio Nardi, Roberto Squiro, Daniel Valdés y Oscar Vessichio.

También estaban acusados los integrantes de la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás y del Área Militar 132, coronel Antonio Federico Bossié, y el teniente coronel Bernardo Luis Landa, jefes de Operaciones e Inteligencia y Logística, respectivamente; y el exoficial de la guardia rural Los Pumas de la policía santafesina, Amadeo Chamorro.

«Un fallo vergonzante»

Tras la sentencia, en diálogo con Conclusión, la abogada querellante, Julia Venturini, aseguró: «No lo esperábamos». «Pero más allá de lo esperable, o lo que podíamos nosotros esperar, la realidad es que la sociedad no se lo esperaba, el juicio no se lo esperaba. La sentencia no refleja la calidad del debate que tuvimos. Desde las acusaciones, no solamente desde la querella y desde el Ministerio Público, hemos probado con magnitud, con claridad, los hechos que se produjeron, la forma en que se produjeron y la responsabilidad de quién fueron esos homicidios, esas torturas, esas privaciones ilegítimas de la libertad. Entendemos que el fallo es un fallo vergonzante, pero no solamente porque no es lo que quisiéramos, es vergonzante porque no está a la altura de la prueba que se produjo en el juicio».

Y agregó: «No está a la altura de los testimonios que se produjeron en esta audiencia, de todo de lo que dieron cuenta los cientos de personas que pasaron por este juicio, que pudieron decir con claridad que los asesinatos y las torturas fueron responsabilidad no solamente de la burocracia sindical, sino del poder del Estado, que estaba organizado clandestinamente en clara planificación con el directorio de Acindar, y en clara planificación con sus mandos medios, como Pellegrini y Torralbo, que entregaron los legajos de los trabajadores y que todos dieron cuenta que entraron a secuestrarlos con los legajos de los trabajadores a sus casas»

En ese sentido, Venturini apuntó que también fue parte de la prueba como Pellegrini hacía los pagos personalmente para que se realizaran esas tareas clandestinas. «No estamos hablando de pagos que tenían que ver con tareas normales de las fuerzas de seguridad. Estamos hablando de los pagos por entregar compañeros, para entregar a la tortura, para entregar al asesinato. Las pruebas son claras, las pruebas son contundentes. El tribunal, una vergüenza», sentenció.

Por su parte, Federico Pagliero insistió en que el fallo se trató de una vergüenza e que «no tienen pies ni cabeza». «Muchísimos elementos probatorios, cientos de testigos han pasado y han acreditado cómo antes del 24 de marzo del 76 ya comenzaba este operativo de terror, ya comenzaba el terrorismo de Estado. Pruebas que tienen más de 50 años. La Conadep se constituyó en Villa Constitución en 1984. Han declarado muchísimas personas en Comodoro Py. Es un día oscuro para la justicia argentina, oscuro para el movimiento obrero. Y a las claras esto también tiene que ver con la persecución que tiene el movimiento obrero actualmente, las reformas laborales que quieren imponer a los trabajadores».

Los letrados apuntaron que es «inentendible». «No solamente vamos a tener en cuenta el voto en minoría, porque tampoco es suficiente para nosotros para dar cuenta de lo que se probó en este juicio. Vamos a ir por mucho más. Y lo que es inentendible a esta altura es que otro de los puntos de la sentencia se niega a declarar como centro clandestino de detención lo que fue el Albergue del Soltero. ¿Qué prueba más necesitamos para decir que Acindar fue parte de la planificación del genocidio? Que un centro clandestino, puertas adentro de la fábrica. Que un centro clandestino donde pasaron compañeros como Martínez. Un centro clandestino donde pasaron compañeros como Jorge, como María, que padecieron las torturas. Más prueba que eso, y más prueba entonces de que esta sentencia solo quiere cubrir el poder».

El Villazo

Los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución iniciaron en 1974 medidas de fuerza para poder elegir a sus propios representantes. En Acindar se gestó una comisión interna encabezada por Alberto Piccinini, que se enfrentó a la conducción nacional en cabeza del legendario Lorenzo Miguel. La empresa dirimió las diferencias inclinándose por una de las partes, con la que lograba un mejor entendimiento, e intervino en el conflicto con la expulsión de doce delegados.

La tensión derivó en una huelga iniciada en marzo de 1974. En ese contexto, la Policía Federal inauguró una sede en dependencias del Albergue de Solteros de Acindar, que se convertiría en el primer centro clandestino de detenciones al año siguiente. De las sedes fabriles más importantes, los trabajadores tomaron en señal de protesta Marathon y Acindar y abandonaron Metcon, que había sido ocupada por la Gendarmería Nacional.

Luego de una semana, los interventores de la UOM les informaron a los trabajadores que se llamaría a elecciones. A tal efecto se realizó una reunión, al cabo de la cual se supo que aquella promesa no sería llevada a cabo. “Por esa razón se decidió tomar de nuevo Acindar. La medida fue acompañada por todo el pueblo de Villa Constitución, en especial los comerciantes, que de diversas maneras colaboraron con los trabajadores: les enviaban comida y cosas que necesitaban”, reconstruyó la Fiscalía durante la instrucción, a cargo de Adolfo Villate, en base a los testimonios recogidos en la larga investigación que se inició en 2013.

Después de unos días, intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación. La comisión interna de Acindar logró la reincorporación de los despedidos y la promesa de elecciones en 120 días a cambio de desocupar las empresas. Tras los comicios, triunfó la Lista Marrón, expresión del sindicalismo clasista y antiburocrático de la época.

La represión

La tensa paz se extendió entre noviembre de 1974 y marzo del año siguiente en la zona fabril de Villa Constitución. En febrero de 1975 la entonces presidenta María Estela Martínezy parte de sus ministros firmaron el decreto que habilitó en Tucumán el “Operativo Independencia”, que facultaba al “comando General del Ejército” a “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”.

Para Villa Constitución no hubo formalismos administrativos y, en marzo de 1975 se desató el operativo llamado “Serpiente Roja del Paraná” que consistió en la “ocupación” de Villa Constitución con militares, fuerzas de seguridad federales, bonaerenses y santafesinas, y las patotas de la Juventud Sindical y la Triple A. “Las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios, y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un programa represivo en Villa Constitución, cuyos principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el proceso de concentración de las empresas siderúrgicas”, describió Villate en la acusación.

En total, unos cuatro mil efectivos a bordo de 105 vehículos que “hicieron pinzas en las salidas de las fábricas y se llevaron detenidas alrededor de 300 personas” participaron del operativo de “ocupación” de la ciudad industrial. Los trabajadores iniciaron una huelga que se extendió durante sesenta días, que contó con el apoyo mayoritario de los metalúrgicos, de los sindicatos industriales del cordón y de las fuerzas democráticas.

“A partir de ese momento –narró Villate–, se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo. Esa fue la dimensión de la represión a ese colectivo de trabajadores; todo estaba orientado a detener a una vanguardia sindical que cuestionaba al viejo modelo”.

Una parte ínfima de los responsables de aquella cacería con fines políticos son quienes están siendo juzgados en los Tribunales Federales de Rosario, medio siglo después de que ocurrieran los hechos.