Allanan el despacho del juez federal rosarino Salmain y ordenan secuestrar su teléfono móvil

La Unidad Fiscal Rosario realiza en el mediodía de este miércoles una serie de medidas vinculadas a un caso que investiga una posible situación de abuso de autoridad por parte del juez federal Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal °1 de la ciudad de Rosario, en relación con otra investigación penal en curso, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Las medidas fueron autorizadas en audiencia celebrada este miércoles por el juez de garantías Román Pablo Lanzón. «Éstas alcanzan el allanamiento del despacho, secuestro de documentación relacionada con el caso, computadoras, la requisa personal, y el secuestro del teléfono personal del juez», señalaron fuentes del caso.

En el investigación interviene el fiscal general con funciones de coordinador de la Fiscalía de Distrito Rosario, Javier Arzubi Calvo, los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa, de la Unidad Fiscal Rosario. También colaboran Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de la Procuración General de la Nación (PGN), y el auxiliar fiscal de la misma dependencia, Esteban Venditti.

Salmain es investigado por un presunto hecho de corrupción al haber otorgado una medida cautelar en diciembre de 2023 que permitió a la firma Attila Fideicomisos SRL, vinculada al financista local Fernando Whpei -imputado y con prisión preventiva en la causa que se le sigue al ex magistrado Marcelo Bailaque-, comprar 10 millones de dólares en el mercado único libre de cambio (MULC) cuando existía un cepo para la adquisición de divisas.

La hipótesis de los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay Molina es que los dólares comprados a valor oficial fueron vendidos en el mercado paralelo (blue) y que el juez se habría beneficiado con parte de esa ganancia. Dos semanas atrás, el magistrado entregó el teléfono celular cuando Gendarmería llegó a su domicilio del barrio porteño de Belgrano, pero no dio el patrón ni la clave de acceso. Es un moderno Ihpone 17, muy difícil de abrir.

En paralelo, Salmain es investigado por el intento de quedarse con las causas que involucraban al ex director de la Afip Rosario (hoy Arca), Carlos Vaudagna, quien está imputado junto a Bailaque por pedirle coimas a un operador de bolsa luego de abrirle una causa a partir de una denuncia falsa. La víctima declaró que le pidieron 200 mil dólares y que pagó 160 mil, en cuotas que le cobraba el financista y amigo de Bailaque, Fernando Whpei.

Vaudagna y Whpei se acogieron al régimen de imputado arrepentido y, a cambio de la reducción de una posible pena, brindaron información sobre las opacas operatorias de las que participaron junto al juez federal que renunció meses atrás, antes de que el Consejo de la Magistratura lo destituyera.

Cómo comprar 10 palos verdes con cepo

La firma Attila Fideicomisos SRL -en la que Whpei no aparece como accionista pero estaría vinculado, según dijeron a Conclusión fuentes de la investigación- en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso Privado Double Blue Argentina Credit Trust II inició en noviembre de 2023 una acción de inconstitucionalidad contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El planteo judicial, que fue a parar al juzgado de Salmain, tenía por objeto que se declare inconstitucional un artículo de una circular del BCRA que había impuesto restricciones a la compra de dólares en el mercado oficial, por su cíclica escasez. Attila argumentó que había contraído una deuda en dólares en noviembre 2018 con entidades extranjeras, el DB ACF Netherlands y Sollaria Performance Group Hospitallity LLC, que debía pagar porque corrían elevados intereses y que necesitaba adquirir los dólares oficiales para cancelar ese crédito.

Las restricciones a la compra de dólares -popularmente denominada cepo- habían sido impuestas por el gobierno de Mauricio Macri en agosto de 2019, en medio de una corrida y luego de acudir al megapréstamos del FMI, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 609/19.

El 5 de diciembre de 2023, el juez Salmain le otorgó a Attila Fideicomisos SRL (Whpei) la cautelar que le permitiría la compra de 10 millones de dólares al valor oficial. La operación se hizo a través de Reba Compañía Financiera S.A, del grupo local liderado por Horacio Angeli, que en cumplimiento del fallo “procedió a aplicar la totalidad de los fondos existentes a la cuenta de la actora ($931.210.942) para, luego de gastos y comisiones adquirir en el MULC la cantidad de U$D 1.128.850, señalando que ‘al momento no existen más fondos en la cuenta corriente de la actora’”, que es el fideicomiso Attila.

La Fiscalía apeló la resolución de Salmain y, entre otros argumentos, expuso que “la sentencia se convierte en un cheque en blanco para que la accionante pueda ir administrando a su tiempo en la medida que vaya juntando los pesos necesarios a tal fin”. El 1º de marzo de 2024 la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó la resolución de Salmain, pero ya era tarde: la operatoria de compra de dólares al precio oficial y su presunta reventa en el mercado paralelo ya se habría realizado.

En su fallo, la Cámara señaló que de acuerdo a la documentación aportada por Attila SRL en la causa, “el vencimiento originario del contrato” de deuda con las entidades financieras “operaba el 01/02/2022 y la deuda se habría reestructurado el 30/09/2020, cuyo vencimiento habría operado el 30/09/2022, es decir, hace más de un año”.

Además, dice que “surge de los propios dichos de la actora que la falta de cumplimiento no estuvo vinculada a la falta de acceso al mercado de cambios sino a que no contaba con dinero suficiente para hacerlo”, lo cual avala la hipótesis de que se trató de una posible maniobra para comprar dólar barato y venderlo caro.

Al solicitar la cautelar para adquirir las divisas, el Fideicomiso Attila había argumentado que la regulación del cepo no establecía “plazo para expedirse al BCRA”, de manera tal que la autorización cursada a la autoridad monetaria podía extenderse sin plazo, en detrimento del pasivo que debía cancelar el fideicomiso.

Pero el BCRA respondió que nunca existió una solicitud de autorización para adquirir los 10 millones de dólares por parte de Attila. Dice el fallo de la Cámara: “La actora en su escrito de inicio afirmó en diversos pasajes que había una conducta omisiva del BCRA al no otorgarle la autorización para acceder al mercado de cambios. Sin embargo, no logró acreditar que hubiera cursado solicitud alguna ante dicha entidad para obtener la autorización pertinente”. Cuya negativa, en todo caso, habría habilitado a acudir al Poder Judicial.

En otro párrafo, el tribunal de alzada consideró que “las pruebas aportadas por la actora no resultan suficientes para tener por acreditada la veracidad de la deuda y el carácter genuino de la operación”. Es decir, ni una cosa ni la otra.