Grassi pide que le adjudiquen las acciones de Vicentin en una puja final con Dreyfus y Molino
Los abogados del grupo rosarino solicitaron al juez Lorenzini que resuelva el savataje del agroexportadora concursada, por la que también dan pelea otros interesados con banca en el norte.
El futuro de la agroexportadora Vicentin SAIC aún no está resuelto. Si bien la firma Grassi SA reunió la conformidad de los acreedores a su propuesta de salvataje “en exceso a las mayorías exigidas en la ley concursal”, el otro grupo en puja conformado por el consorcio LDC Argentina (Dreyfus) y Molinos Agro, junto a la Unión Agrícola Avellaneda impugnaron la propuesta y ahora el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, deberá resolver el futuro de la cerealera.
En un escrito presentado días atrás, Grassi argumentó su rechazo a las impuganciones interpuestas por su competidor y le pidió al magistrado que “disponga la adjudicación de las acciones representativas del capital de la concursada al cramdista exitoso”. Es decir, al grupo Grassi.
Ahora, Lorenzini debe resolver si hace lugar a las impugnaciones o le adjudica las acciones de Vicentin SAIC a Grassi, el primero en reunir el acuerdo mayoritario de los acreedores de la firma que entró en concurso preventivo de acreedores en marzo de 2020, luego de declararse en “estrés financiero” en diciembre del año anterior, cuando junto con el gobierno de Mauricio Macri se extinguió la canilla de préstamos en dólares del Banco Nación hacia la agroexportadora.
Pero antes de decidir, fuentes judiciales explicaron que el juez debe correr traslado a la sindicatura para que le brinde su opinión en el plazo de cinco días hábiles. De todos modos, las partes pueden apelar su resolución y el caso, eventualmente, podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Es homologación o quiebra”
En su presentación ante el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, Grassi enfatizó que obtuvo las mayorías exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras, con el apoyo del 66% de los acreedores computables y el 84,99% del capital verificado, lo que, según indicó, la convierte en la única oferente en condiciones de lograr la homologación.
La empresa rechazó los cuestionamientos de LDC y Molinos Agro, a los que denominó como “cramdistas perdidosos”, y los acusó de intentar forzar la quiebra de Vicentin con impugnaciones “falaces y endebles”. También criticó que pretendan excluir del cómputo a acreedores que votaron favorablemente a su propuesta, mientras que ellos habrían actuado en forma similar sin objeciones.
“El proceso está en una etapa de decisión binaria: homologación del acuerdo o quiebra de la concursada”, sostuvo Grassi en el escrito, donde recordó que el juez ya declaró la existencia de mayorías el pasado 11 de noviembre y habilitó el período de impugnaciones. Además, la empresa argumentó que las impugnaciones sobre la supuesta abusividad de su propuesta carecen de sustento, y defendió el diseño de alternativas ofrecidas a los acreedores, señalando que estos eligieron libremente y con total información.
Respecto de los planteos sobre la exclusión de votos y los cesionarios de créditos, Grassi sostuvo que tales objeciones son extemporáneas, que la normativa concursal no prevé tales restricciones en procesos de cramdown, y que tanto la sindicatura como el propio juzgado admitieron la base de cómputo sin impugnaciones previas.
Con relación al supuesto control sobre otros acreedores (como Avir South SARL o Vicentin Paraguay SA), negó vínculos societarios que impidan su participación y desestimó los argumentos como “conjeturas periodísticas sin prueba”.
Por último, la firma remarcó que su propuesta no impone obligaciones abusivas ni coactivas a los acreedores, y que incluso puso a disposición herramientas como simuladores web para evaluar cada alternativa. “No se obligó a nadie a celebrar ningún contrato a palos”, afirmó el escrito.
El lobby del norte
En paralelo, organizaciones productivas, referentes políticos, instituciones y cooperativas del norte santafesino emitieron un comunicado en el que expresan su “apoyo institucional a la propuesta de acuerdo presentada por Unión Agrícola de Avellaneda en acuerdo con LDC Argentina S.A. y Molinos Agro S.A. en el marco del proceso concursal de Vicentin”.
“Nuestro acompañamiento se sustenta especialmente en que esta es la propuesta que expresamente asegura la continuidad operativa del Nodo Norte bajo la conducción de Unión Agrícola de Avellaneda, una cooperativa centenaria cuya participación constituye una garantía real, concreta y verificable para la preservación de la actividad productiva y de los puestos de trabajo de toda la región”, señala el texto difundido días atás.
En esa línea, agregaron que “la presencia de una institución local con más de cien años de trayectoria, que ha demostrado solvencia económica, profesionalismo y responsabilidad social, aporta un nivel de seguridad y previsibilidad que ningún otro actor ha ofrecido en este contexto”.
El comunicado también señala que “la conducción del Nodo Norte por parte de Unión Agrícola de Avellaneda representa una garantía decisiva por múltiples razones. En primer término, porque se trata de un actor arraigado territorialmente, cuyo origen, crecimiento y actividad están íntimamente ligados al desarrollo del norte santafesino”.
El texto lo firman, entre otros, el senador provincial Orfilio Marcon, el diputado Dionisio Scarpin, los intendentes de Avellaneda Gonzalo Braidot; de Reconquiste Amadeo Enrique Vallejos; de Malabrigo Roberto Sponton; de Villa Ocampo Cristian Marega; los presidentes comunales de Nicanor E. Molinas Roberto Giuliani; de Guadalupe, Hector Zat; de Las Garzas, Walter Sanchez; de Lanteri, Victor Garcia; así como la UCR y bloque LLA del Concejo Municipal de Avellaneda; la Sociedad Rural de Reconquista, el Centro Industrial y Comercial de Avellaneda, la Cooperativa de Servicios Públicos y Viviendas Avelleneda y el Centro Unión Empleados de Comercio de esa ciudad, la misma entidad pero de Reconquista, y la Asociación para la Producción Algodonera.