Desbarataron una organización que había cometido fraude por más de 1,8 billones de pesos
Los delitos perpetrados fueron principalmente contra empresas y entidades financieras del sector agropecuario. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional referente al combate contra la ciberdelincuencia.
Tras el desmantelamiento de una banda que cometía estafas informáticas y lavado de activos, tres hombres fueron detenidos, por cometer los fraudes contra empresas y entidades financieras, principalmente del sector agropecuario, por más de $1.8 billones. La causa, denominada “Operación Crypto-Agro”, fue impulsada por el Departamento de Cibercrimen de Pergamino y la Fiscalía Nº 3, y derivó en allanamientos múltiples y las detenciones.
Los imputados, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia acusados del delito de asociación ilícita. El operativo estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) durante un un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional referente al combate contra la ciberdelincuencia.
Según las fuentes judiciales, la investigación se inició en octubre de este año, a partir de una causa impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 del Departamento Judicial de Pergamino y avanzaron sobre la estructura vinculada a reiteradas estafas y maniobras de lavado de activos.
De acuerdo a las averiguaciones, el modus operandi de la organización consistía en la utilización de documentación apócrifa para la apertura de cuentas bancarias en distintas sucursales de un banco privado, desde donde accedían a préstamos cuyos fondos eran transferidos de manera inmediata a cuentas operadas por empresas de criptoactivos.
El dinero era posteriormente redireccionado a otras plataformas del mismo rubro, donde se convertía en activos virtuales y era enviado a billeteras digitales de origen aún desconocido, de esta manera, generaban la apariencia de legalidad a las maniobras y el grupo recurría a terceros que simulaban que hacían actividades de arbitraje con criptoactivos.
Sin embargo, se comprobó que ninguno de los involucrados se encontraba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), requisito obligatorio según la normativa vigente, lo que reforzó la hipótesis de un esquema diseñado para ocultar fondos de origen ilícito.
A través de las presentaciones de distintas sucursales bancarias, se identificó a varias empresas damnificadas, todas ellas vinculadas al sector agropecuario, lo que confirmó que el monto sustraído alcanzaría los $1.8 billones mediante múltiples transacciones.
En tanto, el juez César Solazzi ordenó ocho allanamientos. Fueron dos en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires y dos en Santa Fe, durante los que tres hombres resultaron detenidos, mientras que otras dos personas fueron notificadas y se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, en divisas extranjeras y dispositivos electrónicos.
Los operativos se llevaron a cabo en los barrios porteños de Almagro y Puerto Madero y en las localidades bonaerenses de Claypole, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía y Colón, así como también en Rosario y General López, con la colaboración de fuerzas federales y provinciales.
Uno de los sospechosos fue detenido en la vía pública, en la intersección de la avenida Belgrano y Castro Barros, tras tareas de inteligencia que permitieron localizarlo en otro domicilio de la Ciudad de Buenos Aires.