Organismos de DDHH y sociales exigen al Congreso la derogación del DNU que reforma la ley de Inteligencia

Una veintena de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales elevaron un pedido formal al Congreso de la Nación para que proceda a la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma la Ley de Inteligencia. Las entidades advierten que la medida representa un grave riesgo institucional al permitir la “aprehensión” de personas sin criterios claros, sin garantías y sin la debida autorización judicial.

La postura fue plasmada en un documento conjunto firmado por instituciones de trayectoria como Amnistía Internacional Argentina, el CELS, Poder Ciudadano, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras. En el escrito, calificaron al decreto como “manifiestamente inconstitucional”, señalando que habilita prácticas de vigilancia que se consideraban superadas en la etapa democrática.

Vigilancia masiva y «policía secreta»

Uno de los puntos más críticos señalados por los organismos es que el DNU concentra un poder desmedido en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), permitiéndole actuar como una suerte de “policía secreta” sin control. Según la denuncia, el decreto obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer mecanismos de protección ni procedimientos claros.

«La acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es todavía más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y las filtraciones son frecuentes», puntualizaron las organizaciones. Además, el decreto establece que toda actividad de inteligencia sea «secreta» por definición, lo que impide que los ciudadanos sepan si están siendo investigados o por qué motivos, frustrando cualquier posibilidad de reclamo ante abusos estatales.

El rol de las Fuerzas Armadas

El documento también expresa un fuerte rechazo a la posibilidad de que los militares realicen tareas de inteligencia sobre organizaciones no estatales. Las entidades recordaron que Argentina trabajó durante décadas para separar la defensa nacional (militares) de la seguridad interna (policías), una lección fundamental aprendida tras la última dictadura.

Permitir que las Fuerzas Armadas ejerzan funciones de control sobre la población civil y organizaciones sociales, quitando el control civil sobre estas tareas, es visto como un retroceso histórico. “Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan”, alertaron sobre el carácter discrecional que adquiere la agencia de inteligencia bajo esta nueva normativa.

El escenario legislativo

El Gobierno dictó el DNU 941-2025 el pasado 31 de diciembre y tiene plazo hasta el próximo jueves para enviarlo al Congreso. Una vez ingresado, la Comisión de Trámite Legislativo debería tratarlo en un plazo de diez días hábiles, aunque dado que dicha comisión aún no está constituida, la oposición busca alcanzar el número necesario para anular la medida directamente en el recinto de sesiones.

Entender esta situación es como observar el desmantelamiento de un sistema de frenos en un vehículo de gran potencia: al eliminar los controles judiciales y la transparencia, se deja al Estado circulando a gran velocidad sin mecanismos que impidan un choque contra las libertades individuales de los ciudadanos.