Veintiún policías serán juzgados por golpear, amenazar y abusar de siete jóvenes en las Cuatro Plazas 

La madrugada del 23 de marzo de 2018 marcó un antes y un después en la vida de siete amigos rosarinos. Los jóvenes, que en ese momento tenían entre 21 y 23 años, compartían un encuentro en las Cuatro Plazas –en Mendoza y Provincias Unidas–, cuando policías llegaron al lugar y los detuvieron tras amenazarlos, insultarlos, golpearlos e, incluso, abusar sexualmente de uno de ellos. Este caso, que fue uno de los hechos de violencia institucional más resonantes de los últimos años, será juzgado a partir del próximo miércoles 18 de febrero. En el banquillo de los acusados hay veintiún uniformados, para quienes se pidieron penas de entre 6 y 12 años.

¿Qué pasó hace ocho años?

Todo comenzó durante la noche del jueves 22 de marzo, cuando un grupo de amigos fijó como punto de encuentro las Cuatro Plazas, un espacio donde suele haber movimiento nocturno. En horas de la madrugada, dos de los jóvenes fueron en moto hasta un kiosco cercano, pero notaron que eran seguidos por un patrullero que tenía las luces apagadas.

Esta situación intimidó a la pareja, por lo que el conductor del rodado decidió dejar a su compañera en la plaza y retirarse del lugar. Instantes después de que la chica regresara con el grupo, del patrullero que los seguía se bajaron dos policías: un hombre que portaba el arma reglamentaria y una mujer que llevaba una escopeta.

“Los agentes, con las armas a la vista, se dirigieron al grupo y de forma violenta les pidieron que levanten las manos y se apoyen contra el patrullero. Mientras tanto, los insultaban, golpeaban, amenazaban y gritaban. Los chicos no sabían lo que estaba ocurriendo, por lo cual empezaron a pedir explicaciones, cosa totalmente infructuosa porque lo único que consiguieron fue que el personal policial se pusiera cada vez más violento y llamara refuerzos”, detalló la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), Julia Giordano, en diálogo con Conclusión.

La letrada especificó que los refuerzos fueron solicitados bajo el pretexto de que una de las jóvenes habría llevado una mochila con estupefacientes: “A esta altura de la investigación se comprobó que eso era totalmente falso, hay cámaras que dan cuenta de la persecución en moto y muestran que la chica nunca tuvo una mochila. Tampoco se le secuestró un elemento de estas características a ninguna de las personas que estuviera cerca”.

Tras el pedido de refuerzos llegaron al lugar más de veinte móviles –entre patrulleros, camionetas, motos y vehículos de Gendarmería Nacional– con efectivos que, según denunciaron, siguieron amenazando y golpeando a los chicos. “El que mayor violencia recibía era un joven llamado Sasha, que seguía reclamando explicaciones y pidiendo que no les peguen. Logró eludir a un oficial y salió corriendo, pero la mujer policía disparó la escopeta y un perdigón le dio en el gemelo, lo que da cuenta que no estaba teniendo ninguna actitud agresiva, sino que estaba de espaldas. No estaba poniendo en peligro a nadie, no había razón para ese disparo”, expresó Giordano.

Y completó: “También hubo una tentativa por parte de un policía de dispararle con su arma reglamentaria, pero los gritos desesperados de los chicos lo impidieron. A los pocos metros Sasha fue interceptado por otros patrulleros y, pese a que se paró y levantó las manos, fue arrojado al piso con fuerza y golpeado salvajemente, esposado mientras lo seguían agrediendo, y le cortaron sus rastas, que en ese momento le llegaban hasta la cintura”.

Más de diez horas en la comisaría 

Los siete jóvenes fueron trasladados a la Comisaría 14ª –en Marcos Paz al 6650–, donde permanecieron privados de su libertad hasta las 19 de ese viernes 23 de marzo. “Allí las acciones de tortura prosiguieron, como así también las amenazas y los golpes, sobre todo a Sasha. Se negaron a trasladarlo al médico hasta que se presentó otro policía que exigió esa atención sanitaria”, apuntó la abogada de Apdh.

Asimismo, aseguró que en la dependencia policial continuaron las amenazas: “Les dijeron que iban a aparecer todos flotando en el río, que los iban a tirar a una zanja, que los iban a violar, que les iban a inventar causas, que les iban plantar armas y drogas”.

En la comisaría se dio otro hecho de extrema gravedad: un policía abusó sexualmente de uno de los jóvenes detenidos. “Además de forzarlo a desnudarse, cuando le permitieron volver a vestirse, y mientras lo estaban esposando de espaldas, uno de los agentes se aprovechó y, en una actitud abusiva y humillante, apoyó sus genitales sobre los glúteos de la víctima”, señaló la abogada.

Giordano denunció que la privación de la libertad “se extendió durante muchísimas horas” y que los policías que actuaron en el procedimiento no le dieron aviso a la Fiscalía: “Entre la madrugada y la tarde se hizo y rehizo muchísimas veces el acta de procedimiento, porque no podían explicar ni fundamentar lo que habían hecho. Por eso parte de los policías están imputados por consignar elementos falsos en esta documentación”.

Cuando los familiares de los detenidos llegaron a la comisaría no pudieron ver a sus hijos, a pesar de que los chicos no estaban incomunicados –una medida que, según explicó la abogada, sólo puede ser dispuesta por Fiscalía–. Para ese momento el caso empezó a tomar revuelo en la ciudad y la intervención del Ministerio Publico de la Acusación (MPA) se hizo inminente: el fiscal de turno ordenó una serie de medidas preventivas y tomó declaraciones a las víctimas, quienes decidieron seguir adelante con la denuncia.

Un juicio esperado

Cinco de los siete jóvenes se presentaron como querellantes en la causa, lo que implica el “compromiso de impulsar la acción penal”. El juicio se desarrollará en el Centro de Justicia Penal de Rosario a partir de este miércoles 18 de febrero y se extenderá hasta el lunes 9 de marzo, inclusive.

En el banquillo de los acusados se sentarán veintiún policías que están imputados por diferentes hechos: desde incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta falsedad ideológica, tortura, apremios y omisión de denuncia –esta última imputación rige para los agentes que presenciaron la golpiza que se le dio a Sasha, pero no la impidieron ni la denunciaron–.

Tanto la querella como la Fiscalía pidieron penas que van desde los 6 a los 12 años de prisión. El juicio se extenderá hasta el 9 de marzo inclusive, contemplando los alegatos de clausura de todas las partes, y contará con más de cincuenta testigos. Se estima que ese día se informe cuándo se leerá la sentencia.

De los más de veinte policías acusados, sólo uno está preso, pero por otra causa. El resto no sólo llegó al proceso en libertad, sino que continuó ejerciendo dentro de la fuerza de seguridad, aunque con prohibición de acercarse a las víctimas. La querella insistió en que los uniformados acusados de los delitos más graves debían tener una prisión preventiva.

Giordano comentó que las víctimas tienen “muchas expectativas” en el proceso, pero con llegan al juicio con toda la carga emocional que implica recordar hechos traumáticos y volver a pasar por ese dolor, angustia y miedos.

“En esta situación encontraron a personas que estaban dispuestas a denunciar, pero este hecho no sale del habitual accionar de la Policía de Santa Fe, que estigmatiza a jóvenes que están vestidos con ropa deportiva en horas de la madrugada, en una plaza periférica y con motos. Nos preparamos para un juicio complejo, pero son los testimonios y las declaraciones de estos siete jóvenes la prueba fundamental que el tribunal debe valorar para condenar y dar cuenta de la responsabilidad de cada una de las personas acusadas”, cerró la abogada de Apdh.