Ley de Glaciares: qué cambia si se aprueba el proyecto sobre el impacto del agua
Mientras el Gobierno impulsa el permiso para proyectos de megaminería, las organizaciones ambientalistas aseguran que las reservas de agua están en peligro.
La Ley 26.639 de Glaciares está siendo discutida en la Cámara de Senadores para su aprobación y el envío del proyecto para modificarla reactivó la polémica en torno al equilibrio entre el resguardo ambiental, la seguridad hídrica y el desarrollo de actividades económicas como la minería.
En ese contexto, el sistema glaciar de la Cordillera de Los Andes aparece como un recurso central: no sólo abastece de agua a amplias regiones del país, sino que también sostiene ecosistemas y actividades productivas, por lo que comprender el alcance de la normativa actual, los cambios que se plantean y el estado de los glaciares permite dimensionar qué está en juego en términos ambientales, económicos y sociales.
El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en esas áreas y reemplazarla por una serie de evaluaciones, caso por caso, que habilitarían la intervención de empresas mineras en glaciares y ambientes periglaciales. Además, plantea una reducción del Inventario Nacional de Glaciares, que lo limitaría únicamente a sectores considerados de carácter estratégico para la reserva de agua, lo que dejaría numerosas zonas sin protección legal.
El Poder Ejecutivo argumenta que la reforma permitiría un desarrollo minero que actualmente estaría vedado en la ley vigente (26.639). Paralelamente, organizaciones ambientalistas como Greenpeace manifestaron su rechazo por el posible uso de sustancias químicas y riesgos que provocarían la contaminación del agua potable.
Estas agrupaciones advierten que la aprobación implicaría una destrucción irreversible de glaciares, pondría en riesgo la principal fuente de agua dulce y afectaría, además, la regulación de cuencas y los servicios ecosistémicos vinculados al ciclo hídrico.
El eje del conflicto por la Ley de los Glaciares
El Gobierno impulsó este proyecto para modificar la ley con el argumento de corregir “graves falencias interpretativas”, reducir la incertidumbre jurídica y facilitar inversiones, en especial en el sector minero. La iniciativa plantea fortalecer el llamado federalismo ambiental y otorgar mayor intervención a las provincias en la gestión de los recursos.
Sin embargo, el enfoque generó cuestionamientos desde el ámbito científico y ambiental. La periodista Laura Rocha, de la ONG Periodistas por el Planeta, advirtió: “Ahora lo que habla es del federalismo ambiental, con la idea de que las provincias decidan qué glaciar sirve y cuál no, en una cuestión utilitaria, cuando en realidad es la ciencia la que tiene que determinar la extensión de los glaciares y su zona periglacial”.
¿Qué estaría en juego con la modificación de la Ley de Glaciares?
La continuidad del esquema de protección depende de la vigencia de la ley actual y del fortalecimiento del monitoreo científico y las áreas protegidas. Al mismo tiempo, el debate sobre esta reforma puso en tensión el modelo de desarrollo productivo con la conservación de reservas de agua consideradas estratégicas para el país.
La comunidad científica conicidió en que más allá del marco normativo local, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global es el factor determinante para frenar el retroceso glaciar y preservar estos sistemas naturales.