Juan Manuel de Rosas, Malvinas y el Paraná: cuando la soberanía se defendía

Hay figuras que la historia estudia; a Juan Manuel de Rosas la historia lo disputa. Y se la disputa porque Rosas no es solamente un nombre: es un campo de batalla interpretativo. Cada generación vuelve sobre él con una pregunta distinta, y cada época parece necesitar su propio Rosas. Durante casi dos décadas —entre 1829 y 1852— fue, antes que nada, el primus inter pares de una confederación en permanente maduración, un sistema político atravesado por batallas intestinas, con el puerto, la aduana y la representación exterior concentrados en Buenos Aires.

No fue un santo ni una abstracción moral. Fue un hombre de su tiempo, con defectos y virtudes, con errores y aciertos. Pero también fue, en el sentido político más exigente del término, un patriota: uno de esos hombres que se miden no por el tono de sus discursos sino por la manera en que sostienen la soberanía cuando la soberanía deja de ser una palabra y se vuelve un problema material. Porque en el siglo XIX la soberanía no era una consigna: era una aduana, un río, una isla, el gauchaje, el caudillo, el ganado cimarrón, los saladeros y pequeñas e incipientes industrias provinciales, el Pacto Federal, entre otros.

Conviene decirlo desde el principio: las etiquetas suelen ser atajos intelectuales. La tradición liberal del siglo XIX fijó un Rosas moral —el tirano, la barbarie, el terror— útil para explicar el país que surgió después de su caída. La obra de Bartolomé Mitre y la narrativa de Domingo Faustino Sarmiento construyeron ese retrato con una eficacia política notable, y buena parte de la historiografía posterior lo consolidó. El revisionismo del siglo XX —desde los hermanos Irazusta hasta Carlos Ibarguren, Manuel Gálvez, José María Rosa o Fermín Chávez— reaccionó contra esa construcción. Y lo hizo, como señalaba Arturo Jauretche, no como una simple “escuela historiográfica” más, sino como una reacción frente a una historia previamente ideologizada.

La advertencia sigue siendo útil hoy: ni demonización automática ni canonización ingenua. El único método serio es volver al archivo y leer el rosismo como lo que fue: un proyecto político. Cuando uno ordena la documentación del período aparece una estructura bastante clara. El rosismo se sostiene sobre tres pilares: una forma política confederal, una economía fiscal basada en la aduana y una defensa jurisdiccional de la soberanía territorial. Si se mira desde ese ángulo, dos escenarios aparentemente distintos —Malvinas y el Paraná— revelan que en realidad formaban parte de la misma disputa: la lucha entre el reconocimiento soberano y el hecho consumado imperial.

El primer caso es el de Malvinas. En 1833 Gran Bretaña expulsó a las autoridades argentinas del archipiélago y estableció una ocupación permanente. La Argentina carecía de medios militares para revertirla. La pregunta que se abría entonces era brutalmente moderna: ¿Cómo se defiende la soberanía cuando no se dispone de fuerza material para recuperar el territorio? La respuesta del gobierno rosista fue sostener lo que en derecho internacional tiene un valor fundamental: el no consentimiento. Protesta diplomática, continuidad documental del reclamo y denuncia de la ocupación. Los registros del período muestran que el expediente Malvinas no desaparece de la política exterior de Buenos Aires.

Aquí aparece uno de los mitos más persistentes de la historiografía antirrosista: la idea de que Rosas quiso “vender” las islas para pagar la deuda con la banca Baring. Cuando uno revisa la documentación reconstruida, el argumento pierde buena parte de su dramatismo. La propuesta de 1843 vinculada a la deuda incluía una condición previa: el reconocimiento por parte de Gran Bretaña de la soberanía argentina sobre el archipiélago. Esa cláusula cambia completamente el sentido de la operación. No se trataba de una cesión lisa y llana, sino de una maniobra para forzar a Londres a reconocer formalmente el título argentino. La negativa británica —comunicada por Lord Aberdeen— confirma el punto: el imperio no estaba dispuesto a pagar el precio político de admitir la legitimidad del reclamo argentino. Prefirió sostener el hecho consumado.

Y lo importante es que el expediente continuó. En 1844 una nueva comunicación diplomática reafirmaba explícitamente que las islas se encontraban “ilegalmente ocupadas por los ingleses desde 1833”. El rosismo, por lo tanto, no abandonó la causa Malvinas. Lo que hizo fue sostener el reclamo en las condiciones materiales que el país tenía. El segundo escenario es el del Paraná. Aquí la soberanía deja de ser una disputa documental para convertirse en un conflicto armado.

En 1845 Gran Bretaña y Francia intervinieron militarmente en el Río de la Plata con un objetivo preciso: imponer la libre navegación de los ríos interiores. Desde la perspectiva europea se trataba de abrir un corredor comercial hacia el interior sudamericano. Desde la perspectiva de la Confederación era una cuestión de jurisdicción. La respuesta rosista fue clara: los ríos interiores forman parte de la soberanía territorial.

La Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, se convirtió en el símbolo de esa disputa. Pero conviene recordar que no fue solamente un símbolo. Fue una decisión política materializada en baterías costeras, en cadenas atravesando el río, en banderas levantadas frente a una flota muy superior. El combate terminó con derrota táctica para las fuerzas argentinas, pero una victoria política para la Confederación. La escuadra anglo-francesa logró continuar río arriba. Pero el efecto político fue otro: obligó a la intervención a mostrarse como lo que era, una operación militar destinada a imponer un régimen comercial.

La guerra no terminó en Obligado. Continuó con hostigamientos a lo largo del Paraná y con enfrentamientos posteriores como San Lorenzo y Punta Quebracho. La lógica estratégica era sencilla: el objetivo de la intervención no era militar sino económico. Si la flota de guerra protegía un convoy mercante, el punto vulnerable era precisamente ese convoy. A la larga, el costo político y material de la expedición resultó demasiado alto. Las negociaciones que siguieron —y en particular el tratado Arana–Southern de 1849 con Gran Bretaña— terminaron reconociendo la potestad argentina de reglamentar la navegación de los ríos interiores. Conviene subrayar algo que a menudo se olvida: la diplomacia no reemplaza a la resistencia. La presupone.

La propia evaluación contemporánea de José de San Martín resulta reveladora. En una carta a Tomás Guido de 1846 observó que los europeos habían descubierto que los argentinos no eran “empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca”. Y agregó algo más fuerte todavía: que la trascendencia de esa lucha era comparable a la de la independencia. Ese juicio impide reducir la Guerra del Paraná a una anécdota personalista. Y así llegamos al último capítulo de esta historia: el exilio. Tras la derrota de Rosas en Caseros, en febrero de 1852, el antiguo gobernador partió hacia Inglaterra. Pasó los últimos veinticinco años de su vida en Southampton.

La historiografía liberal utilizó ese dato como una insinuación política: Rosas terminaba sus días en el país con el que supuestamente había sido complaciente. La realidad fue bastante menos teatral. Rosas vivió en Inglaterra como un particular, dedicado al trabajo rural, sin cargos ni honores imperiales, ¿Cómo un rehén? El mismo hombre que había enfrentado diplomática y militarmente a las potencias europeas terminó sus días como un exiliado más en el mundo atlántico del siglo XIX.

No es una escena de reconciliación imperial. Es la escena de una derrota política interna, no solo de Rosas, sino de todos los argentinos bien nacidos. Si algo deja claro la lectura del período es que Malvinas y el Paraná forman parte de una misma cuestión histórica. En un caso, la Argentina se enfrenta a un hecho consumado territorial que intenta naturalizarse. En el otro, a un intento de imponer por la fuerza un régimen de navegación. En ambos frentes aparece la misma lógica: sostener la jurisdicción soberana frente a presiones externas.

Rosas no fue un personaje sin sombras. Ningún gobernante del siglo XIX lo fue. Pero reducirlo a una caricatura moral impide ver algo más importante: que durante dos décadas sostuvo una política exterior orientada a defender la autonomía del Río de la Plata en un mundo dominado por potencias navales. Y quizás por eso su figura sigue generando incomodidad. Porque Rosas no es solamente un capítulo del pasado. Es una pregunta que vuelve cada vez que se discute qué significa, en términos concretos, defender la soberanía.

Con Rosas, al menos, no hubo ingenuidad. Hubo conciencia de época. Y hubo una convicción política que todavía conserva una fuerza incómoda: la soberanía no se declama. Se ejerce. Y a veces se defiende con documentos, con diplomacia o, si hace falta, con cadenas atravesando un río.