Bauen Pilay bajo la lupa: concejales analizan un nuevo proyecto mientras crecen los reclamos de damnificados
Personas afectadas por la firma se presentaron en el Concejo Municipal mientras continúa el reclamo por incumplimientos en la entrega de viviendas. En paralelo, se analiza un nuevo desarrollo urbanístico de la empresa.
El conflicto entre damnificados y la empresa Bauen Pilay sumó un nuevo capítulo en Rosario: mientras continúan las denuncias por incumplimientos en la entrega de viviendas, el Concejo Municipal analiza un expediente para autorizar un nuevo desarrollo urbanístico de la firma en la zona de Nuevo Alberti.
La concejala Fernanda Gigliani confirmó a Conclusión que vecinos afectados se acercaron al cuerpo legislativo para exponer su situación, marcada por la incertidumbre tras años de aportes económicos sin recibir las viviendas prometidas. “La preocupación es si efectivamente van a poder acceder al sueño de la vivienda propia”, señaló.
Según detalló, muchos de los damnificados están finalizando el pago de sus cuotas, pero las propuestas actuales de la empresa no respetarían las condiciones originales de los contratos, especialmente en relación a la ubicación de las unidades.
El reclamo de los vecinos no es nuevo. En las últimas semanas, grupos de afectados se movilizaron tanto frente a Tribunales como en las oficinas de la empresa para visibilizar la problemática. Denuncian haber pagado durante hasta 20 años planes para acceder a departamentos en el centro de Rosario que nunca fueron entregados o fueron reemplazados por ofertas en zonas alejadas.
En muchos casos, aseguran que las alternativas incluyen mudarse a loteos en las afueras o esperar varios años más para la adjudicación, lo que generó un creciente malestar y la judicialización de numerosos casos.
En este contexto, el Concejo enfrenta una disyuntiva. Por un lado, el proyecto urbanístico que impulsa la empresa no presenta objeciones técnicas. Pero, por otro, los ediles evalúan si corresponde avanzar sin considerar las denuncias existentes.
“El planteo de los vecinos es que no hagamos caso omiso y que aprovechemos esta instancia para pedir explicaciones a la empresa”, explicó Gigliani. Sin embargo, aclaró que aún no hay consenso político para condicionar el tratamiento del expediente.
La discusión también abre un debate más amplio sobre el rol del Estado en conflictos entre privados. Si bien existen causas judiciales en curso, los damnificados cuestionan que la empresa continúe desarrollando nuevos emprendimientos mientras persisten los reclamos.
Gigliani señaló que el sistema de comercialización cuestionado ya no se utiliza y que la firma migró hacia esquemas de fideicomiso, lo que deja a los actuales afectados como parte de “la última camada” de ese modelo.
Mientras tanto, los vecinos insisten en que sus reclamos deben ser escuchados no solo por la Justicia, sino también por las autoridades políticas. El desenlace del expediente en el Concejo podría convertirse en un punto clave en un conflicto que sigue escalando en la ciudad.