Un imperio de papel: las cartas patentes de 1908 y la arquitectura colonial británica del Atlántico Sur

Hay imperios que se construyen con ejércitos y hay imperios que se trazan con tinta. El británico, fiel a su tradición jurídica y administrativa, ha hecho ambas cosas. En el Atlántico Sur, de hecho, la segunda técnica ha sido particularmente eficaz: primero se dibuja la jurisdicción en el papel y luego se procura que el mundo la acepte como si hubiese existido desde siempre. Las cartas patentes emitidas por la Corona británica en 1908 constituyen un ejemplo paradigmático de ese método. Mediante un acto administrativo interno —es decir, sin tratado internacional ni reconocimiento multilateral— Londres declaró que una serie de territorios dispersos en el Atlántico Sur y la región antártica quedaban bajo la jurisdicción de la colonia de las Islas Malvinas.

Lo que sobre el terreno era un mosaico de exploraciones, intereses económicos y disputas históricas fue presentado desde entonces como un sistema colonial coherente, centralizado administrativamente desde la capital colonial en Puerto Stanley. Era, en esencia, un imperio construido sobre el papel. Sin embargo, la construcción de ese sistema no puede comprenderse sin retroceder varios siglos en la historia de la navegación atlántica. Las islas del Atlántico Sur no aparecieron repentinamente en el horizonte estratégico británico.

Desde el siglo XVI las rutas australes habían sido transitadas por navegantes ibéricos que formaban parte del sistema marítimo de la Monarquía Hispánica. En ese contexto, el espacio oceánico situado al sur de América era concebido dentro de la lógica del mare clausum, según la cual los mares adyacentes a los dominios americanos formaban parte de la esfera de control de la Corona española. En ese marco, diversas expediciones españolas produjeron registros cartográficos y denominaciones que preceden a las toponimias británicas posteriores.

Como recuerda el historiador Ernesto J. Fitte, “la isla llamada hoy Georgia del Sur aparece en documentos españoles del siglo XVIII bajo la denominación de isla San Pedro, ubicada con precisión en latitud y longitud por navegantes de la Corona española” (Fitte, 1984, p. 76). En el derecho de gentes de la época moderna estos registros no eran meros ejercicios cartográficos: el descubrimiento acompañado por actos de posesión simbólica constituía un título inicial de soberanía. El mapa, en otras palabras, también era derecho.

La narrativa británica, no obstante, se consolidó a partir del célebre viaje de James Cook en 1775. Durante su segunda expedición de exploración por los mares australes, Cook circunnavegó la isla que posteriormente sería conocida como Georgia del Sur y la reclamó formalmente para la Corona británica. En su diario describió el territorio como un paisaje inhóspito, señalando que “la tierra parecía enteramente cubierta de nieve y hielo, sin el menor signo de vegetación” (Cook, 1961, p. 249). Aquella escena de hielo y desolación sería reinterpretada posteriormente como el acto fundacional del título británico sobre la isla. En el mismo viaje Cook avistó también el archipiélago que denominó Sandwich del Sur, bautizado en honor a John Montagu, cuarto conde de Sandwich y entonces Primer Lord del Almirantazgo. Desde la perspectiva del derecho internacional del siglo XVIII, estos actos de denominación y reclamación constituían formas típicas de toma de posesión simbólica.

Sin embargo, el problema de esa narrativa reside en que el descubrimiento y la denominación no constituyen necesariamente títulos exclusivos cuando existen antecedentes exploratorios o cartográficos previos. En el caso de Georgia del Sur, diversos historiadores han señalado la existencia de referencias españolas anteriores a la expedición de Cook. La identificación de la isla San Pedro en documentos ibéricos sugiere que el territorio ya formaba parte del conocimiento geográfico de los navegantes españoles antes de que los británicos lo incorporaran a su cartografía. La disputa, por lo tanto, no es simplemente una cuestión de nombres, sino una controversia histórica sobre quién identificó primero el territorio y bajo qué marco jurídico se produjo ese descubrimiento.

En cambio, en el caso de las Sandwich del Sur la evidencia cartográfica española previa resulta menos concluyente que en Georgia del Sur, lo que facilitó que la denominación británica introducida por James Cook en 1775 se consolidara rápidamente en la cartografía internacional. No obstante, algunos mapas españoles del siglo XVIII mencionan el archipiélago como islas Esquivel, en referencia al navegante español Juan de Esquivel, lo que sugiere que el espacio subantártico ya formaba parte del horizonte exploratorio de la navegación ibérica antes de su incorporación al sistema imperial británico.

La evolución del derecho internacional durante el siglo XIX complicó aún más este panorama. El antiguo principio según el cual el descubrimiento bastaba para generar un título territorial comenzó a ser reemplazado por la doctrina de la ocupación efectiva. De acuerdo con este criterio, la soberanía debía sustentarse en una presencia material permanente y en el ejercicio de funciones administrativas sobre el territorio. En otras palabras, no bastaba con avistar una isla y bautizarla: era necesario habitarla, administrarla o al menos ejercer algún tipo de control efectivo.

Y es precisamente allí donde la historia comienza a adquirir matices incómodos para la narrativa imperial británica. Durante más de un siglo después del viaje de Cook, ni Georgia del Sur ni las Sandwich del Sur contaron con presencia británica permanente. La ocupación efectiva llegó recién a comienzos del siglo XX, y lo hizo de una manera que Londres difícilmente habría imaginado: a través de una iniciativa económica vinculada con la Argentina. En 1904 la Compañía Argentina de Pesca, fundada en Buenos Aires por el empresario Pedro Christophersen y dirigida operativamente por el capitán noruego Carl Anton Larsen, estableció en Grytviken la primera estación ballenera permanente de Georgia del Sur. La isla se transformó rápidamente en uno de los principales centros de procesamiento de ballenas del mundo. Como señala Robert Headland, “Georgia del Sur se convirtió rápidamente en el mayor centro mundial de la industria ballenera terrestre” (Headland, 1984, p. 56). La presencia humana que inauguró ese proceso no respondía a una estrategia colonial británica, sino a una iniciativa empresarial vinculada al puerto de Buenos Aires.

La reacción británica fue rápida y reveladora. Desde Puerto Stanley —la capital colonial de las Malvinas— comenzaron a enviarse funcionarios para regular la actividad ballenera, imponer licencias y exigir contratos de arrendamiento a las compañías que operaban en la isla. De esta manera, una actividad económica que había surgido de manera relativamente autónoma fue progresivamente incorporada a una estructura administrativa colonial. Ese proceso culminó en 1908 con la emisión de las cartas patentes que crearon formalmente las denominadas Dependencias de las Islas Malvinas. El documento establecía que la jurisdicción de la colonia malvinense se extendía sobre Georgia del Sur, las Orcadas del Sur, las Shetland del Sur y la Tierra de Graham, proyectando así una vasta área de control británico sobre el Atlántico Sur y el sector antártico adyacente.

La lógica administrativa de esta decisión era clara. Si las Malvinas funcionaban como base logística y centro político de la presencia británica en la región, el resto de los archipiélagos podía ser incorporado como dependencias de esa colonia. Desde el punto de vista del derecho imperial británico, la operación era perfectamente válida: la Corona tenía facultades para reorganizar sus territorios coloniales mediante simples actos administrativos. Desde el punto de vista del derecho internacional, en cambio, la cuestión resultaba mucho más discutible. Las cartas patentes eran actos unilaterales de la Corona que no habían sido negociados ni reconocidos por otros Estados. Como señala Fitte, se trataba de “una expansión territorial formalizada mediante un instrumento administrativo interno” (Fitte, 1984).

Este movimiento coincidió, además, con la aparición de una política antártica argentina basada en un criterio completamente diferente: la ocupación efectiva. En 1904 la Argentina asumió la operación de la estación meteorológica instalada en la isla Laurie, en el archipiélago de las Orcadas del Sur, convirtiéndose en el primer país en mantener una presencia permanente en la Antártida. Desde entonces, el Observatorio Meteorológico de las Orcadas ha funcionado de manera ininterrumpida, constituyendo una de las presencias científicas más antiguas del continente antártico. Mientras Londres proyectaba jurisdicciones sobre el papel, Buenos Aires mantenía científicos y técnicos trabajando en uno de los ambientes más extremos del planeta.

En el fondo, todo este entramado responde a una lógica geopolítica bastante evidente. Las islas del Atlántico Sur funcionan como una cadena logística que conecta América del Sur con la Antártida. Georgia del Sur ofrece puertos naturales y acceso a recursos marinos; las Sandwich del Sur delimitan un arco volcánico que marca el borde del espacio subantártico; las Orcadas y las Shetland constituyen puertas de entrada hacia el continente antártico. Controlar ese sistema implica dominar rutas marítimas, recursos biológicos y posiciones estratégicas para la exploración polar.

Las cartas patentes de 1908 representaron el intento británico de organizar jurídicamente ese sistema. No crearon la geopolítica del Atlántico Sur, pero sí procuraron darle una arquitectura administrativa coherente bajo la autoridad colonial de las Malvinas. Un sistema imperial que pretendía proyectarse desde una pequeña capital colonial azotada por el viento en el extremo del Atlántico Sur.

El detalle incómodo es que, fuera del sistema imperial británico, esas cartas patentes carecían de eficacia automática. Su legitimidad dependía de algo mucho más difícil de obtener: el silencio o la aceptación de los demás Estados. Y la Argentina, desde la ocupación británica de las Malvinas en 1833, nunca estuvo dispuesta a conceder ninguno de los dos. Porque en el Atlántico Sur, como en tantas otras regiones del mundo, la geografía se disputa con barcos, con ciencia, y también con documentos. Algunos imperios primero escriben el decreto y luego esperan que la realidad se adapte a él. En 1908, Londres lo intentó. Más de un siglo después, el mapa sigue discutiendo esa decisión.