Aumento de penas por falsas denuncias: Cattalini cree que “no debe centrarse en una cuestión de género”

La diputada provincial del Partido Socialista (PS), Lionella Cattalini, dijo este lunes a Conclusión que no concuerda con el proyecto impulsado en la Cámara alta nacional por la también santafesina, Carolina Losada, para agravar las penas en casos de falsas denuncias, y más aún cuando se traten de hechos relativos a violencia de género, violencia familiar contra menores de edad o delitos contra la integridad sexual. “Nuestro Código Penal ya habla de falsas denuncias, incluso habla de calumnias, establece para el delito de falsas denuncias tanto la pena de prisión como de multa y creo que hay que usar las herramientas y hay que cumplir la ley”, dijo Cattalini en diálogo con este diario digital.

Losada insiste, desde hace tres años, en un proyecto que agrave las penas de multa y prisión que ya existen en el Código Penal para quiene realice una falsa denuncia ante autoridad competente. Particularmente, el tema volvió a tomar relevancia luego de que se conociera el caso de tres psicógolas rosarinas acusadas de presentar falsos informes para impedir que padres puedan vincularse con sus hijos, en litigios que se tramitan en el fuero de familia.

Para la legisladora del socialismo, el asunto pendiente no es el agravamiento de un delito que ya se sanciona, sino el funcionamiento del Poder Judicial. “Me parece que con esta herramienta estamos, lo que hace falta es que la Justicia funcione como tiene que funcionar, y creo que el debate debería ponerse allí”, señaló Cattalini.

“Además -continuó la diputada- de que creo que no debe centrarse en una cuestión de género sino entender que se puede hacer una falsa denuncia por muchas otras cuestiones, no necesariamente de género, porque creo que hacer foco ahí de alguna manera fortalece la posición de que las mujeres no vayan a denunciar cuando son víctimas de violencia de género o de abusos sexuales”.

En esa línea, Cattalini recordó que “los casos de violencia de género o de abusos sexuales es un delito donde hay subregistro. Hay acuerdo en todas las jurisdicciones del país y los datos nos indican que solamente una de cada cuatro mujeres que son víctimas de estos delitos acceden a la Justicia”.

Sobre las razones, explicó que van desde “miedo, cuestiones económicas, porque tienen miedo que no pase nada, porque tienen miedo a ser victimizadas y de estos casos conocemos muchísimos”. Por ejemplo, dijo, “en la Legislatura de la provincia hemos sancionado e incluso hemos destituido a muchos fiscales por no instar acciones de abusos sexuales, muchos en el norte de la provincia”.

Cattalini recordó que “estamos con otro caso ahora, una víctima de femicidio, entonces creo que es algo muy sensible y que cuando hablamos de falsas denuncias de ninguna manera debemos ceñirnos a cuestiones de género, porque todavía lamentablemente en la Argentina hay muchas mujeres que por muchas razones no se animan a denunciar”.

El proyecto de Losada, que tuvo dictamen favorable de una comisión del Senado, reprime “con prisión de uno a tres años” a quien “denunciare ante la autoridad a una persona determinada o indeterminada por la comisión de un delito, a sabiendas de la falsedad de la denuncia”. Contempla además que “si la falsa denuncia ante la autoridad fuere relativa a delitos de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad, o delitos contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

–¿Consideras que se busca homologar una situación con otra? ¿La falsa denuncia de mujeres a sus maridos o a sus parejas para que no puedan ver a sus hijos con los casos de violencia de género que tienen como víctimas mayormente a mujeres?

–Yo creo que si hay alguien que decididamente decide denunciar a alguien falsamente tiene que ser sancionado, sea el delito que sea, y eso está penado en el Código Penal. Justamente hay que avanzar en ese sentido y con ese procedimiento. Ahora, el problema de las revinculaciones, tanto para un lado como para otro, es un problema de la Justicia de Familia, una Justicia que está en crisis en la provincia de Santa Fe y que está relacionado claramente a las denuncias pero también a otras cuestiones, y para eso creo que hay que dotar de estructura y hay que tener un control mucho mayor sobre la Justicia de Familia, que no es la penal.