Alberto Fernández, a un paso del juicio oral por violencia de género
La justicia desestimó los planteos de la defensa que buscaban invalidar las pruebas recolectadas y ratificó las acusaciones por lesiones graves y amenazas contra la ex primera dama.
El juez federal Daniel Rafecas confimó la validez de la causa por violencia de género que enfrenta el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, denunciado por la madre de su hijo, Fabiola Yañez. El caso está cerca de ser elevado a juicio oral y público.
El exmandatario había pedido la nulidad de todas las resoluciones, actos procesales, diligencias y medidas dictadas o ejecutadas por el juez Julián Ercolini, quien llevó adelante el expediente hasta ser apartado por la Cámara Federal de Casación Penal el último octubre. La jugada planteada por la defensa pretendía volver a empezar todo desde cero.
En su fallo, la Sala II del máximo tribunal penal se anticipó a la controversia que traería el apartamento de Ercolini y aclaró que la decisión de cambiar de juez debía cumplirse “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.
A esa interpretación se aferró ahora Rafecas, titular del Juzgado Federal N° 3, en una resolución de 30 páginas. Esta decisión será revisada por la Cámara Federal y, en caso de confirmarse, al juez de grado no le quedará más que abrir el plazo de seis días durante el cual la defensa puede hacer planteos nuevos y presentar sus últimos argumentos para oponerse a la elevación a juicio, como lo prevé el artículo 349 del Código Procesal Penal.
La decisión judicial desestima la última estrategia del ex mandatario para evitar sentarse en el banquillo de los acusados. Los cargos que pesan sobre él incluyen dos hechos de lesiones leves y un hecho de lesiones graves, con los agravantes de vínculo y abuso de autoridad.
También se le imputan amenazas coactivas, delitos que presuntamente habrían ocurrido mientras ejercía la presidencia y residía en la Quinta de Olivos. La investigación del fiscal Ramiro González sostiene que existió una conducta de violencia física y psíquica durante más de una década.
Marco cronológico de las investigaciones
Según consta en el expediente judicial, la pesquisa no se limita únicamente al período del mandato presidencial transcurrido entre 2019 y 2023. Los hechos analizados por la justicia abarcan años previos a su llegada a la Casa Rosada y meses posteriores a su salida del poder.
El Ministerio Público Fiscal considera que la instrucción de la causa ha llegado a su punto final y el ex presidente debe dar respuestas ante un Tribunal. El fiscal González ya había firmado el requerimiento de elevación a juicio oral para determinar su responsabilidad penal.
La causa se activó tras revelaciones periodísticas sobre mensajes hallados en otro expediente, lo que derivó en la denuncia de la ex primera dama. Desde entonces, el proceso ha avanzado sobre la base de pruebas recolectadas en el entorno presidencial y familiar.