Adorni y un nuevo giro en la causa por enriquecimiento ilícito: proponen una revisión detallada de sus movimientos financieros
La medida apunta a determinar si existen inconsistencias que justifiquen un eventual requerimiento formal para que el funcionario explique el origen de sus bienes. Este análisis técnico es considerado un paso indispensable dentro del expediente, ya que permitirá contar con una radiografía detallada de su evolución patrimonial.
El fiscal federal Gerardo Pollicita dio un nuevo paso en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni. En ese marco, dispuso la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo técnico dependiente de la Procuración General de la Nación, con el objetivo de evaluar posibles desbalances entre ingresos y egresos en su patrimonio.
La medida apunta a determinar si existen inconsistencias que justifiquen un eventual requerimiento formal para que el funcionario explique el origen de sus bienes. Este análisis técnico es considerado un paso indispensable dentro del expediente, ya que permitirá contar con una radiografía detallada de su evolución patrimonial.
Uno de los puntos que despertó mayor atención en la investigación es el manejo de dinero en efectivo. Según consta en el expediente, Adorni habría movilizado unos USD 104.600 en menos de un año, destinados a viajes al exterior, gastos de hotelería y operaciones inmobiliarias. Sin embargo, los investigadores advirtieron que ese monto no cuenta, hasta el momento, con documentación que respalde su origen.
A esto se suma otra cifra relevante: deudas acumuladas por unos USD 335.000, que deberán ser canceladas en noviembre. En el ámbito judicial, ya se plantean interrogantes sobre cómo se justificará el pago de esas obligaciones y la tenencia de divisas necesarias para afrontarlas.
Tras la emisión de cerca de 200 oficios, Pollicita también mantuvo una reunión con el titular de la DAFI, Fabián Matilla, para avanzar en el estudio técnico. La tarea encomendada al organismo consiste en analizar, año por año, todos los movimientos financieros del Jefe de Gabinete desde su ingreso a la función pública.
Fuentes judiciales describieron el trabajo como un ejercicio de «sumas y restas»: se busca reconstruir con precisión en qué gastó el funcionario, rubro por rubro, y verificar si cada operación cuenta con el respaldo documental correspondiente. El informe resultante será clave para definir los próximos pasos de la causa.
El avance de la investigación coincide con la exposición de Adorni en el Congreso, donde debió responder más de 2.100 preguntas formuladas por diputados. Varias de ellas estuvieron vinculadas a causas judiciales, incluyendo su relación con el periodista Marcelo Grandío y contratos estatales asociados a la empresa de su esposa, Bettina Angeletti.
En sus respuestas, el funcionario sostuvo que presentó su Declaración Jurada Patrimonial Integral conforme a la Ley 25.188, disponible en el portal oficial de datos. No obstante, los bienes correspondientes a su cónyuge e hijos figuran en un anexo reservado alojado en la Oficina Anticorrupción, al que solo se puede acceder mediante orden judicial.
Por otra parte, ante consultas sobre propiedades no declaradas -como un inmueble en el country Indio Cuá y un departamento en Caballito-, Adorni evitó dar precisiones y remitió a respuestas generales sobre la información patrimonial reservada.
En relación a un viaje cuestionado, el Gobierno argumentó que no debía registrarse, ya que la normativa vigente sólo exige declarar traslados financiados por terceros en contextos académicos o culturales, y aseguró además que no se detectaron conflictos de interés en el caso.