Caso Adorni: el contratista confirmó ante la Justicia que recibió 245.000 dólares en efectivo por las reformas en el country
Matías Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, prestó declaración indagatoria en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del vocero presidencial. El pago se suma a una serie de maniobras financieras bajo sospecha que involucran préstamos de policías y jubilados.
El avance de la causa judicial que investiga el patrimonio de Manuel Adorni sumó este lunes un testimonio clave que complica la situación del funcionario. El contratista Matías Tabar, responsable de las obras en la vivienda que el vocero posee en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, confirmó ante la Justicia haber percibido la suma de 245.000 dólares en efectivo en concepto de refacciones. Tabar, quien integra la firma Alta Arquitectura, compareció en los tribunales federales como parte de la ronda de indagatorias dispuestas para determinar el origen de los fondos utilizados en la construcción.
Esta declaración ratifica las sospechas sobre el flujo de dinero utilizado para la propiedad en el exclusivo barrio privado de golf. Según los datos que obran en la investigación, el lote de 380 metros cuadrados fue adquirido por un valor de 100.000 dólares. Para concretar dicha compra, Adorni y su esposa habrían hipotecado un departamento de la calle Asamblea a través de un préstamo privado otorgado por dos mujeres policías, quienes facilitaron los 100.000 dólares con un plazo de devolución de dos años y una tasa anual del 11%. De esta manera, el valor total de la propiedad en el country asciende a 345.000 dólares, cifra a la que debe sumarse una hipoteca previa con el Banco Ciudad de 2014, de la cual aún restaría pagar la mitad.
La lupa de la Justicia no se agota en la finca de Indio Cua. La investigación también analiza la compra de un departamento en el barrio de Caballito, sobre la calle Miró, realizada en noviembre de 2025. Esta operación, valuada en 230.000 dólares, se habría financiado mediante otro sugestivo movimiento: un préstamo de 200.000 dólares otorgado por jubilados, llamativamente sin intereses. Entre la adquisición y las reformas posteriores de dicha unidad, el gasto total habría rondado los 300.000 dólares.
El testimonio de Tabar refuerza la hipótesis de una inconsistencia patrimonial, al confirmar el manejo de grandes volúmenes de divisa extranjera en efectivo que no guardarían correlación directa con los ingresos declarados por el funcionario público. La causa por enriquecimiento ilícito continúa su curso mientras se aguardan nuevas peritaciones sobre los contratos y las condiciones excepcionales de los préstamos privados que permitieron el vertiginoso crecimiento de los bienes de Adorni.