Crisis de representatividad: los argentinos solo confían en las universidades y hunden la imagen del Congreso y los partidos
Un reciente estudio de opinión pública revela que la educación superior se mantiene como el valor más sólido y "no negociable" para la sociedad, en abierto contraste con el descrédito que asfixia a las instituciones políticas y sindicales. La encuesta QSocial expone además una profunda fractura social respecto al rol del Estado y el manejo de la protesta social.
La desconfianza institucional se ha consolidado como uno de los rasgos más persistentes del sistema político argentino. Según los resultados de la encuesta nacional QSocial, realizada durante el mes de mayo sobre 1.829 casos, existe un escenario de descrédito generalizado donde apenas una institución logra salvarse del naufragio de la opinión pública: las universidades.
Con un 59% de confianza, las universidades lideran cómodamente el ranking de valoración social. Este dato cobra especial relevancia tras las masivas marchas federales, que el informe describe como ejemplos elocuentes de que la universidad pública es un «valor innegociable» para gran parte de la población. En la vereda opuesta, el Congreso Nacional (10%), los sindicatos (11%) y los partidos políticos (12%) se ubican en el fondo de la tabla, evidenciando una crisis de legitimidad terminal para los actores tradicionales de la democracia.
El informe desmenuza el comportamiento de los ciudadanos según su afinidad política, revelando que la universidad es el único puente que todavía une a una sociedad fragmentada. Mientras que los votantes de La Libertad Avanza (LLA) confían mayoritariamente en las fuerzas de seguridad y las universidades —pese a las críticas oficiales hacia estas últimas—, los votantes del PJ-Kirchnerismo prácticamente no confían en ninguna institución que no sea la educativa. Por su parte, los independientes muestran niveles de escepticismo aún mayores, con solo un 44% de confianza en las universidades y un rechazo casi total al resto del sistema.
La fractura se profundiza al analizar el rol del Estado. Actualmente, el 51% de los argentinos prefiere un «Estado mínimo» frente a un 36% que aboga por un «Estado presente». Sin embargo, este consenso es engañoso: el 66% de los mileístas y el 69% de los adherentes al PRO respaldan el achicamiento estatal, mientras que el 71% del sector PJ-K exige una presencia activa del sector público.
Uno de los puntos de mayor coincidencia transversal es la percepción de la inseguridad. El 78% de los consultados considera que las leyes actuales son «demasiado blandas» con los delincuentes. Esta visión es compartida por el 94% de los mileístas, el 98% del PRO, el 80% de los independientes e incluso por el 60% de los votantes del PJ-K.
No obstante, las soluciones propuestas vuelven a dividir las aguas: el 98% de los seguidores del oficialismo apuesta exclusivamente por endurecer las penas, mientras que el 79% del arco kirchnerista sostiene que la solución de fondo es reducir la desigualdad social.
El uso de la fuerza pública ante los cortes de calles es otro de los ejes de máxima polarización. Un 55% de la sociedad se inclina por garantizar el derecho a la protesta y buscar el diálogo, frente a un 42% que prioriza la libre circulación mediante el uso de la fuerza. Aquí la división es absoluta: el 82% de los mileístas apoya el protocolo de seguridad, mientras que el 97% del PJ-K defiende el derecho a la manifestación.
Finalmente, el estudio indaga sobre el concepto de sociedad justa. Allí emerge un consenso mayoritario que parece sintonizar con el clima de época: el 66% de los argentinos define una sociedad justa como aquella donde «cada uno recibe según su esfuerzo», una idea que atraviesa a los votantes de LLA, el PRO e independientes, dejando la visión de igualdad de resultados relegada casi exclusivamente a los sectores de izquierda y el peronismo.