El tesoro de los inocentes: ¿qué es el régimen de Inocencia Fiscal y qué funcionarios del Gobierno adhirieron?
Impulsada por el Gobierno como una ley que quedará “en la historia grande” del país, permite declarar dinero no registrado sin sanciones fiscales. Adorni y su esposa, Sturzenegger, Espert, Guillermo Francos y hasta el propio titular de la Arca, Andrés Vázquez, se acogieron.
- Política
- Jun 12, 2026
El tesoro de los inocentes: ¿qué es el régimen de Inocencia Fiscal y qué funcionarios del Gobierno adhirieron?
La denominada ley de “inocencia fiscal” que el Gobierno presentó como una medida para que “los dólares del colchón” puedan ser ingresados al sistema financiero formal y registrados como patrimonio, parece ser una norma hecha a medida de los propios funcionarios de la Casa Rosada (aunque no sólo de ellos) que adhirieron al régimen simplificado de Ganancias para blanquear sus “canutos”. El jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti se acogieron al régimen, así como el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y hasta propio titular de la Arca (ex Afip), Andrés Vázquez.
¿De qué se trata?
El Gobierno nacional reglamentó, a través del Decreto 93/2026 publicado en febrero de este año, la ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, que busca “blindar” legalmente a las personas que usen los “dólares bajo el colchón”. En ese marco, habilitó el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, destinado a personas con ingresos inferiores a los $ 1.000 millones y un patrimonio menor a los $ 10 mil millones.
El esquema sólo exige a los contribuyentes que declaren sus ingresos y los gastos deducibles de Ganancias (como el pago de la escuela privada), pero elimina la obligación de informar sus consumos personales, con lo que una persona podría comprar un automóvil con dinero no declarado (los dólares o pesos guardados “bajo el colchón”) sin que se investigue el origen de esos fondos.
El nuevo régimen prevé que, una vez que la persona cargue los datos en el sistema, la Arca calcule el monto a pagar por Ganancias. Una vez realizado el pago, quedará eximido de cualquier otro reclamo en relación con ese tributo, a menos que se demuestre que incurrió en omisiones en la declaración jurada.
Además, posee efecto liberatorio, es decir que cuando el contribuyentes presenta la declaración jurada y paga en tiempo y forma, ese año impositivo queda cerrado definitivamente y no el fisco no puede volver a cobrarle algo por ese período. También establece la denominada “presunción de exactitud”, por la cual el organismo recaudador presupone que la declaración presentada por el contribuyente es correcta y sólo puede cuestionarla si tiene pruebas concretas de irregularidades mayores a un 15%.
Finalmente, la ley de “inocencia fiscal” exime a quien adhiera a ella del análisis patrimonial. Esto significa que si el contribuyente deposita los ahorros que tenía guardados, la Arca no le pedirá explicaciones.
El Tesoro de los inocentes
A diferencia del blanqueo de capitales impulsado durante la gestión de Mauricio Macri, que excluyó a los funcionarios públicos de la posibilidad de adherir, la ley de “inocencia fiscal” de Javier Milei parece un traje a medida de sus funcionarios. Ahora se entiende mejor el tiuit de Adorni de diciembre de 2025, cuando escribió: “La ‘Ley de inocencia fiscal’ probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”. En aquel momento tal vez no, ahora sí queda mucho más claro.
Adorni y esposa Alegretti, cuya capacidad de ahorro llegó hasta casi el millón de dólares, fueron dos de los funcionarios nacionales que adhirieron al régimen. El primero suele decir que la ética es una política de Estado, aunque ahora también se entiende con mayor claridad por qué el presidente asegura que “el topo” que viene “a destruir al Estado”.
El “Coloso”, como llama Milei al ministro Sturzenegger, también tenía algún “canuto” de dinero no declarado, porque se sumó a la lista de funcionarios que se acogió a la “inocencia fiscal”. Del mismo modo que el ex diputado investigado por el presunto financiamiento de una campaña política con dinero de origen narco, José Luis Espert.
La nómina de funcionarios públicos del Gobierno que juegan a la inocencia con el fisco incluye, también, al propio titular de Arca, Vázquez. El funcionario acumula antecedentes por omisiones relevantes en sus declaraciones juradas, atento a que no informó a la Oficina Anticorrupción tres propiedades adquiridas en Miami por dos millones de dólares y sociedades offshore radicadas en Panamá.
Su antecesor en el cargo durante el gobierno libertario, Juan Pazo, es otro adherente del régimen simplificado. La lista sigue con el documentalista de la Casa Rosada, Santiago Oría, y el ex CEO de Syngenta, exfuncionario nacional y actual conductor de la TV Pública, Antonio Aracre, así como Manuel Vidal, uno de los hombres de confianza del asesor presidencial, Santiago Caputo.
El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ex diputado y actual embajador Fernando Iglesias; Aimé “Meme” Vázquez, vicejefa de Gabinete; y el concejal rosarino Juan Pedro Aleart, son otros de los inscriptos.




