Avanza la investigación sobre Adorni: todos los informes que pidió la Justicia
La Justicia solicitó varios reportes y relevamientos que constatarán cuánto hay de cierto en los argumentos que el ex vocero expuso para defender su evolución patrimonial.
El fiscal federal Gerardo Pollicita profundizó en las últimas horas la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en base a las recientes declaraciones que hizo durante una entrevista periodística, y dictó una serie de medidas para analizar sus movimientos en plataformas de criptomonedas e identificar otras operaciones.
Pollicita le pidió a La Nación Más que envíe una copia sin editar de la entrevista que Adorni le brindó a José Del Río minutos antes de que se haga pública su declaración jurada patrimonial.
En ese contacto televisivo, el funcionario esgrimió una serie de argumentos en los que expuso contradicciones, inconsistencias y datos que hasta el momento no había puesto en conocimiento de la ciudadanía. Incluso dejó expuesto que mintió ante el Congreso cuando dijo que todo estaba declarado correctamente y que no existía ocultación alguna.
Adorni argumentó entonces que la principal modificación que introdujo en su declaración jurada fue la incorporación de más de US$500.000 que tenía atesorados en criptomonedas, derivados de una inversión de US$200.000 en Bitcoin, que generaron -según dijo- unos US$300.000 de ganancias.
El ex vocero planteó que las ganancias por operar con Bitcoin las hizo a partir de los años 2013 y 2014, razón por la que Pollicita pidió que la Comisión Nacional de Valores informe qué plataformas, exchanges, billeteras, intermediarios y proveedores de servicios de activos virtuales operaron en el país desde 2012.
A la vez requirió que un organismo especializado le elabore un cuadro técnico detallando la evolución histórica del precio del Bitcoin en dólares desde 2013 hasta la actualidad.
Otra medida de Pollicita se centra en el countrie de Indio Cua, donde Adorni compró una propiedad y la puso en refacciones, a la par que alquiló otra mientras se llevaban a cabo las mismas. El fiscal pidió los registros de ingreso y egreso entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
La Justicia también solicitó que el barrio privado Fiscas de Iraola 2, ubicado en La Plata, indique si Silvia Pais, madre de Adorni, tiene actualmente residencia en ese lugar. Quieren determinar cómo se pactó la mudanza a ese sitio, cuánto costó y de qué manera se efectuaron los pagos.
Anses además recibió un requerimiento para entregar la historia laboral completa del actual jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, de 2012 en adelante. Cabe recordar que en la entrevista con LN+, Adorni dijo que su pareja pasó por varios cargos gerenciales que justifican el ahorro acumulado.
El fiscal pidió también información al juzgado civil de La Plata en el que tramita la sucesión del padre de Adorni, Jorge, para conocer los bienes que quedaron registrados como parte de esa operación y si había dinero en efectivo, cuentas o alguna moneda extranjera. El jefe de Gabinete sostuvo en la entrevista que encontraron dinero en el departamento de su padre, sobre el que pesaban tres embargos.
Pollicita sumó un pedido a la División Antifraude de la Policía Federal para que ejecute un relevamiento amplio de «fuentes abiertas» para juntar toda la información que haya disponible de Adorni hablando sobre criptomonedas y billeteras virtuales en entrevistas, videos, charlas públicas y redes sociales.
Este último pedido se centra en que, una vez concluida la nota con LN+, comenzaron a circular videos de intervenciones en las que Adorni aseguraba tener un conocimiento sumamente chato de las operaciones con criptomonedas en general y Bitcoin en particular.
Otra factura
La Justicia encontró una nueva factura que da cuenta de gastos millonarios en la familia Adorni. Surgió de la línea investigativa que puso el foco en el contratista Matías Tabar, quien sostuvo que cobró en negro 245 mil dólares por refacciones hechas en la casa de Indio Cua.
Al analizar el celular de Tabar, apareció una compra de más de 8 millones de pesos en una tienda que comercializa artículos como sábanas, fundas, toallas, acolchados y cubrecamas.
La factura aparece hecha a nombre de Gisela Kocsis, que lleva años formando parte de la planta del Gobierno. Pollicita ahora le solicitó al local, Rosen The Store, que mande toda la información registrada sobre la venta, el pago y la entrega.