Tras un giro judicial, liberaron al portero del jardín de Empalme Graneros
Las declaraciones de los niños en Cámara Gesell y testimonios de compañeros de trabajo del imputado no aportaron pruebas ni elementos que sostengan las acusaciones de abuso sexual. A pesar de recuperar la libertad, el asistente escolar seguirá investigado y deberá cumplir con estrictas reglas de conducta.
Luego de casi un mes desde el escándalo en un establecimineto por supuesto abusos a niños de los cuales se dieron algunos arrestos, la Justicia de Rosario ordenó la inmediata liberación del portero del jardín de infantes Nº 261 “Paulo Freire”, del barrio Empalme Graneros que se encontraba bajo prisión preventiva, luego de que las pericias en Cámara Gesell descartaran por completo las acusaciones iniciales por presuntos delitos contra la integridad sexual de tres menores.
Aunque la fiscal Julia Feldman se opuso firmemente y exigió que el acusado continuara tras las rejas, la resolución dictada por el juez Rafael Coria modificó la situación procesal Rubén L., de 55 años, al constatarse que las entrevistas especializadas no arrojaron ningún tipo de indicador médico o conductual compatible con situaciones de abuso.
De todos modos el hombre quedó sujeto a una serie de restricciones severas. El magistrado le prohibió salir de la provincia de Santa Fe hasta el 3 de noviembre y le ordenó presentarse quincenalmente ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Asimismo, Rubén L., tiene estrictamente prohibido acercarse a menos de 500 metros del establecimiento educativo y de las familias denunciantes, ya sea de forma presencial, a través de terceros o mediante redes sociales.
Fuentes judiciales confirmaron que «los niños no pudieron dar cuenta de los hechos descriptos en las denuncias ni mencionaron al portero», lo que desmoronó la apariencia de responsabilidad que pesaba sobre el empleado desde su detención el pasado 10 de junio.
El expediente judicial avanzó además con las declaraciones de la totalidad del personal docente y no docente del establecimiento educativo ubicado en la intersección de La República y Cabal. Los compañeros de trabajo del imputado ratificaron ante la fiscal Antonela Valente que, por la estructura organizativa de la entidad, «el portero nunca permanecía a solas con los alumnos».
Asimismo, los investigadores comprobaron una inconsistencia clave en los turnos de asistencia, debido a que una de las presuntas víctimas concurría al jardín en el horario de la tarde, mientras que el agente de maestranza cumplía sus tareas en una franja horaria completamente diferente, determinando que «no existían posibilidades de que se cruzaran» en el edificio.
Frente a este nuevo escenario probatorio, el magistrado interviniente dispuso el cese de la medida de coerción y le otorgó la libertad al sospechoso, sin perjuicio de que la investigación penal continúe su curso formal.
La causa había provocado una profunda conmoción social cuando un grupo de familiares intentó linchar al trabajador y agredir a los maestros, forzando un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad locales para contener los desmanes. Ante la gravedad institucional y la tensión vecinal, el Ministerio de Educación provincial dispuso en su momento la intervención integral del jardín número 261 y resolvió «reemplazar a todo el personal de la institución, directivos y docentes incluidos», una disposición que se mantiene vigente mientras se completan las diligencias del caso.