Santa Fe: seis policías acusados por la muerte violenta de un hombre en una comisaría

Cinco polícías del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I (URI) y un integrante del Cuerpo Guardia de Infantería están en la mira de la Justicia por la muerte de un hombre ocurrida en una comisaría de la ciudad de Santa Fe. Este miércoles se realizará una audiencia clave en la cual el fiscal Ezequiel Hernández pedirá que todos los acusados queden detenidos en prisión preventiva. En medio del proceso judicial, el gobernador Maximiliano Pullaro se refirió al hecho, pidiendo «cuidar a la Policía», mientras el Ministerio de Seguridad se está ocupando de pagar la representación legal de los efectivos.

El hecho del que se acusa a los agentes policiales ocurrió el pasado 17 de enero cuando la víctima, Mauro Daniel González, se encontraba en zona de Chaco y Hernmanos Figueroa, en la ciudad capital y tuvo una crisis de salud mental. Cómo estaba ocurriendo en plena calle, hubo un llamado al 911 que alertaba por un supuesto «disturbio», al que respondieron dos efectivos Melisa D. y Lucas A, a bordo de un móvil policial. Y poco después se le sumaron otros cuatro policías, Senastián B. , Facundo A., Sabrina P., del Comando,  y Juan Cruz B. de Infantería, quienes redujeron a González, lo esposaron y subieron al patrullero. 

El fiscal Herrera sostiene que los efectivos involucrados, vejaron al detenido, lo golpearon, le negaron atención médica y le ocasionaron la muerte, que ocurrió horas después en la comisaría 8ª de Santa Fe. Según la imputación, González fue llevado a distintos lugares de la ciudad de Santa Fe y alojado luego en la seccional. 

Los agentes del CRE fueron acusados de coautores del delito de tortura seguida de muerte mientras que el hombre de Infantería fue imputado por vejaciones en contra de la misma víctima. En tanto, el hombre de iniciales FSA es investigado por otro hecho ilícito por el que se le atribuyó la coautoría de vejaciones, falsedad ideológica en instrumento público y daños.

Agresiones sucesivas

En la audiencia imputativa, el fiscal Hernández relató que “minutos después de las 14:30 del sábado 17 de enero de este año, los imputados de iniciales LGA y MGD fueron hasta las inmediaciones de Chaco y Hermanos Figueroa, en el barrio Yapeyú, a raíz de que se había pedido presencia policial porque González padecía una crisis subjetiva”.

“Los uniformados incumplieron los estándares de actuación que ordenan dar intervención a personal sanitario y privaron a la víctima de su libertad mediante un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza”, aseveró el fiscal. “Los funcionarios policiales sujetaron a González violentamente, lo hicieron caer y le colocaron esposas”, sostuvo y agregó que “luego llegaron los otros investigados y, entre todos, lo agredieron mientras estaba en el suelo”.

El fiscal también indicó que “los agentes de la fuerza de seguridad arrojaron a la víctima a la caja de una camioneta policial y allí siguieron aplicándole malos tratos”. También mencionó que “un familiar del hombre atacado alertó a los agentes que González había tenido una cirugía abdominal pero, en vez de deponer su actitud, actuaron de forma coordinada para incrementarle el dolor”.

“Algunos de los integrantes del Comando imputados trasladaron a la víctima en la camioneta a la que lo habían obligado a subir, el cual era seguido por otro vehículo oficial en el que iban los demás”, afirmó Hernández. “Durante ese traslado, los policías agredieron nuevamente a González, quien tenía puestas esposas y no podía defenderse de ningún modo”, manifestó. “Dentro del auto, le dieron golpes con los puños y con un bastón o escopeta”, precisó.

“Las sucesivas torturas le causaron a la víctima por lo menos 20 lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre las que estaba la fractura de una costilla, lo que deterioró el funcionamiento de su organismo”, especificó el fiscal. “A sabiendas de que estaba en ese estado precario de salud y prácticamente inconsciente, en lugar de concurrir inmediatamente a un centro de salud, los uniformados fueron hasta una estación de servicios”, puntualizó.

“Más tarde, fueron a la sede de Medicina Legal, en 1° Junta al 2800, y luego hasta la comisaría Octava, ubicada en General Paz al 7.300”, expuso Hernández. “En la dependencia policial, ingresaron a González a un calabozo y lo dejaron solo y sin asistencia a pesar de su grave estado de salud”, detalló. Finalmente, subrayó que “unas horas después, la víctima falleció como consecuencia del accionar delictivo de las personas investigadas”.

Intervención del Gobierno de Santa Fe y del Ministerio de Seguridad

Cabe señalar que el caso ha suscitado el interés del Gobierno de Santa Fe, que ha decidido intervenir activamente de una forma poco común. Desde el Ministerio de Seguidad han decidido pagar la defensa de los seis acusados mientras que, en las primeras horas de este miércoles, el gobernador Maximiliano Pullaro realizó declaraciones polémicas, dada la instancia judicial que se atraviesa.

Mientras la defensa de los efectivos asegura que las imputaciones realizadas han sido «excesivas», en diálogo con Radio 2, el Gobernador remarcó que le pidió al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni; que esté «encima del tema y que evalúe muy bien lo que sucedió». «Tuvimos dos casos en la provincia de Santa Fe donde los policías posteriormente salieron absueltos, el caso Casco, el caso Paris, donde parecía una situación similar”, señaló Pullaro

“No hago juicio de valor sobre esta situación porque sería imprudente de mi parte, pero sí que hubo casos de estas características donde posteriormente la investigación los policías fueron absueltos de culpa y cargo con lo cual pido mucha prudencia. Nosotros tenemos un sistema de seguridad muy robusto en el que trabajamos mucho para garantizar la seguridad de los santafesinos y santafesinas y en muchos casos sentí que era una imputación a toda la Policía y eso no es correcto ni está bien”.“La inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la Policía de Santa Fe son honestos y decentes que se esfuerza y trabaja en condiciones muy difíciles, para que la seguridad pueda mejorar”expresó, al tiempo que insistió en la necesidad de «tener mucha prudencia en estos porque a veces parecen ser una cosa y terminan siendo otra”.

En es misma línea se expresó Cococcioni, quien declaró al mismo medio que «el Ejecutivo no buscará condicionar la investigación, pero sí pretende que se respeten las garantías constitucionales de los acusados. “Queremos garantizar que se respete el debido proceso”, señaló.

En ese sentido, expresó: “Hay una cuestión que parece casi una obviedad tener que aclararla: el policía también es una persona y tiene los mismos derechos humanos y los mismos derechos como ciudadano que usted, que sus compañeros, que todos nosotros. Tiene derecho a contar con los medios adecuados para defenderse”.