Ley Ema: Santa Fe es la primera provincia en contar con una norma contra la violencia digital en escuelas
La Legislatura santafesina aprobó la iniciativa que busca prevenir, detectar y acompañar a las comunidades educativas frente al acoso virtual, la difusión no consentida de imágenes y los contenidos creados con Inteligencia Artificial.
Tras obtener la sanción definitiva en la Cámara de Senadores, se convirtió en ley el proyecto que crea el “Sistema Provincial para la Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo”. De esta manera la provincia de Santa Fe se convierte en la primera del país en sancionar una ley específica para combatir la violencia digital en las aulas.
La iniciativa, presentada por la diputada provincial Celia Arena e impulsada en la cámara alta por el senador Ciro Seisas, toma su nombre de una adolescente santafesina víctima de violencia digital. El objetivo de la norma es brindar a las escuelas herramientas para la prevención, detección y acompañamiento de estas nuevas formas de violencia, garantizando que el espacio educativo sea también un ámbito de cuidado, contención y ciudadanía digital crítica.
El proyecto de la legisladora se destaca por actualizar el marco legal frente a los desafíos tecnológicos actuales. De este modo, la ley tipifica explícitamente como violencia digital aquellas conductas vinculadas a la obtención, difusión o reproducción no consentida de imágenes íntimas o de desnudez, el acoso, el hostigamiento, la extorsión, el control o espionaje digital, la suplantación de identidad o difusión no autorizada de datos personales, los discursos de odio, la misoginia o discriminación en entornos virtuales, y la manipulación o creación de contenidos mediante inteligencia artificial generativa, entre otras modalidades.
El nuevo sistema alcanzará de manera obligatoria a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la provincia de Santa Fe, en sus distintos niveles y modalidades. La normativa involucra activamente a estudiantes, docentes, equipos directivos, familias y personal no docente, poniendo especial atención en la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
En cuanto a las acciones concretas a desarrollar en el territorio, la ley dispone brindar lineamientos pedagógicos y herramientas actualizadas a docentes y equipos de orientación escolar. Asimismo, determina la incorporación obligatoria en los programas curriculares de contenidos vinculados a la ciudadanía digital, el consentimiento y la privacidad, al mismo tiempo que garantiza el acompañamiento psicológico, pedagógico y legal a las víctimas de violencia digital dentro del ámbito escolar.