El canciller Quirno dijo que la venta de provincias y pueblos enteros a extranjeros “traería beneficios al país”
El funcionario volvió a respaldar el espíritu de la iniciativa que debatirá el Senado este jueves.
El canciller Pablo Quirno defendió el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que hasta este miércoles incluía modificaciones a la Ley de Tierras, y señaló que podría habilitar la venta de “pueblos y provincias enteras”, algo que -según sostuvo- “traería beneficios para el país”.
“Los extranjeros que vienen a trabajar a la Argentina y quieren comprar tierras, departamentos o edificios, o hacer sus negocios, traen beneficios”, planteó Quirno, en declaraciones a A24.
Los conductores Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, a cargo de la entrevista, le preguntaron al funcionario si la idea original era que los extranjeros puedan incluso acceder a la compra de “pueblos y provincias enteras”.
“Y sí, eso va a producir beneficios para la Argentina”, respondió Quirno, en defensa del proyecto que la Casa Rosada espera hacer prosperar en el Congreso con el apoyo de sectores aliados.
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La modificación a la Ley de Tierras se encontraba hasta este miércoles dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se debatirá este jueves en el Senado, y buscaba habilitar que los extranjeros puedan comprar un mayor número de hectáreas nacionales.
En detalle, la intención era cambiar la Ley 26.737, que fija el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La misma establece, en su artículo 8°, un límite de 15% de estos territorios bajo titularidad extranjera, entre otras regulaciones que fijan techos a estas tenencias. La idea inicial del Gobierno era que personas de afuera del país puedan adquirir las tierras que deseen, sin restricción ni límite, pero finalmente cedió en busca de respaldos.
El proyecto modifica aspectos centrales del régimen de expropiaciones, desalojos, tierras rurales, extranjerización de la tierra y manejo del fuego, que repercuten directamente sobre toda la sociedad. Se trata de modificaciones que apuntan a que actores privados tengan luz verde para avanzar sobre los recursos naturales y bienes estratégicos.