Caso de la partera imputada: «Ofrecía esos bebés por un precio en dinero y los entregó a otras personas»
La fiscal federal Soledad García señaló a Conclusión que, además del hecho por el que la mujer de 88 años fue imputada, existen otras seis personas que buscan reconstruir su identidad y que tienen como punto en común a la misma partera. La investigación abarca hechos que podrían haber ocurrido entre 1968 y 1980 en Rosario.
La Justicia Federal de Rosario investiga si una partera que trabajó en el área de maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña participó durante más de una década de un mecanismo de entrega de bebés a cambio de dinero y de maniobras destinadas a alterar su identidad. Por el momento, la fiscalía formalizó una imputación por un hecho ocurrido en 1970, mientras continúa reuniendo pruebas sobre otras denuncias.
La fiscal federal Soledad García explicó a Conclusión que, aunque actualmente existe una sola imputación, son siete las personas que denunciaron situaciones vinculadas con su identidad y que tienen como elemento en común que en todos los partos participó la misma mujer. Los casos abarcan un período comprendido entre 1968 y 1980.
“Si bien imputamos un solo hecho por ahora, se trata de siete denunciantes que están buscando su identidad”, explicó García en diálogo con la prensa este viernes, luego de la audiencia de imputación por supresión de identidad y falsificación ideológica, realizada el último miércoles en los Tribunales Federales ubicados en bulevar Oroño.
La investigación comenzó a avanzar con mayor precisión a partir de uno de los casos, en el que existe una prueba genética que descartó el vínculo biológico entre la persona que realizó la denuncia y quien figuraba en su partida de nacimiento como su madre. Ese resultado permitió a la Fiscalía avanzar con la primera imputación, que se realizó bajo el viejo Código Procesal Penal.
La fiscalía encuadró la conducta en los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de un menor de diez años (artículo 139 del Código Penal) y falsedad ideológica de instrumento público (artículo 293 del mismo código).
La fiscal García sostuvo que la conducta investigada “excede una mera irregularidad administrativa” y que la utilización de un documento público para establecer una filiación falsa “produjo consecuencias jurídicas permanentes que hasta el día de hoy se mantienen inalteradas». «Es un caso gravísimo el que se investiga en esta unidad fiscal, afectó derechos a la identidad y dignidad de esas personas”, evaluó la fiscal.
Investigan más casos
Según explicó García, las otras denuncias continúan bajo análisis y todavía no es posible determinar cuántos casos podrían estar relacionados con la mujer investigada.
“Por ahora no tenemos ninguna forma de reducir o de establecerlo de manera fehaciente. Solamente tomamos como fecha la primera persona que tiene el año más antiguo, que es el año 68, al último denunciante, que fue en el año 80. En ese período entendemos que podría haber más personas en esta situación”, señaló.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que la partera podía tener acceso a mujeres embarazadas a partir de su trabajo en el hospital y que también habría podido intervenir en documentación relacionada con los nacimientos, razón por la cual también fue acusada de falsedad ideológica en documento público.
“Ella trabajaba en el hospital Roque Sáenz Peña y entendemos que desde ahí podía tener algún tipo de acceso a personas embarazadas e inclusive la documentación que luego podía falsificar porque eran los documentos en blanco”, explicó la fiscal federal rosarina que trabaja en la unidad de trata de personas.
Desde la Fiscalía aclararon que la investigación no implica, por el momento, una acusación contra el Hospital Roque Sáenz Peña ni contra otras personas que trabajaran allí. García remarcó que, hasta ahora, la única persona investigada es la ex partera.
El ADN como punto de partida
Uno de los elementos centrales de la investigación fue un estudio genético realizado años atrás. La denunciante había comenzado a tener dudas sobre su origen y en 2012 se realizó un análisis que determinó que no existía vínculo biológico con quien figuraba como su madre en la documentación oficial. La denuncia penal que dio impulso a la investigación fue presentada este año.
En ese expediente, la Fiscalía sostiene que la entonces partera habría confeccionado un certificado de nacimiento con datos falsos sobre los progenitores biológicos de una beba registrada como nacida en 1970 en el hospital municipal de la zona sur de Rosario.
La investigación también alcanzó a otra mujer que fue criada como hija de la propia imputada. En ese caso, la Fiscalía pidió que se realizara una extracción compulsiva de ADN para determinar si existe o no un vínculo biológico entre ambas. La pesquisa analiza el caso de esa mujer criada como hija de la propia imputada, identificada por sus iniciales como D.E.V. y conocida con el apodo de “Dolly”, sobre la cual se ordenó la extracción compulsiva de ADN para determinar si existe o no un vínculo biológico.
“Eso todavía no está determinado, pero es algo a confirmar que solicitamos en la audiencia”, explicó García.
La imputada, de 88 años, no declaró durante la audiencia. El juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz formalizó la investigación y rechazó el planteo de prescripción realizado por la defensa, al considerar la naturaleza continuada del delito investigado.
Una causa medio siglo después
Uno de los principales desafíos para la Fiscalía es que los hechos investigados se remontan a más de cinco décadas. Sin embargo, García sostuvo que el paso del tiempo no impide avanzar con la investigación. “Pasaron 50 años pero no significa que no podamos reunir elementos de prueba”, afirmó la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).
En cuanto a la calificación legal, explicó que los delitos atribuidos tienen una pena mínima de tres años y que, por la edad de la imputada, cualquier eventual prisión efectiva debería ser especialmente justificada.
La investigación, por ahora, continúa con la recopilación de elementos probatorios sobre las restantes denuncias y la búsqueda de personas que puedan aportar información sobre hechos ocurridos durante el período comprendido entre 1968 y 1980.
Desde la Unidad Fiscal Rosario señalaron que las personas que tengan dudas sobre su identidad o información vinculada con la investigación pueden comunicarse con el Área de Atención a las Víctimas de la Fiscalía Federal. El Ministerio Público Fiscal habilitó el correo [email protected] para recibir información y brindar orientación.