Causa AMIA: procesaron a ocho acusados iraníes y avanza hacia un juicio sin los imputados extranjeros
El juez federal Daniel Rafecas aplicó en esta causa el régimen que permite juzgar en ausencia a personas que permanecen prófugas fuera del país.
El juez federal Daniel Rafecas, dictó el procesamiento de 7 ciudadanos iraníes y un libanés, por su responsabilidad en el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994, el cual dejó un saldo trágico de 85 muertos y 151 heridos. También el magistrado dispuso embargos por US$500 millones para cada uno.
Con esta resolución, contenida en un fallo de más de 600 páginas, la causa da un paso decisivo hacia la implementación del régimen de juicio en ausencia (ley 27.784), que permite continuar con los procesos judiciales pese a que los imputados se encuentren prófugos, garantizándoles el derecho a la defensa.
Según la reconstrucción incluida en el fallo, la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas instancias del régimen iraní y encomendada a Hezbollah, que organizó su ejecución mediante una red de apoyo regional y local con base en la Triple Frontera.
El atentado del 18 de julio de 1994 provocó 85 muertes y 151 heridos, además de importantes daños materiales. De acuerdo con la investigación judicial, los terroristas adquirieron una camioneta Renault Trafic el domingo 10/07 de 1994. El vehículo fue acondicionado y cargado con aproximadamente 300 kilos de amonal y TNT, dejado posteriormente en un estacionamiento público a cuatro cuadras de la sede comunitaria. Finalmente, fue detonado a media mañana del lunes 18, aprovechando el horario de mayor concurrencia en el edificio.
Rafecas procesó como autores mediatos a Ali Fallahijan, entonces ministro de Inteligencia iraní; Ali Velayati, entonces ministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, quien era comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds.
Como cómplices necesarios fueron procesados Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, quien se desempeñaba como consejero cultural de la Embajada iraní, y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. También fue procesado Salman Raouf Salman, identificado como Samuel El Reda, agente libanés de Hezbollah a quien el magistrado atribuyó la coordinación de la etapa final del atentado.
Ante la gravedad de los hechos, calificados jurídicamente como delitos de homicidios y lesiones reiteradas -agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo para generar peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios-, el juez Rafecas dictó un embargo preventivo por la suma de US$500 millones a cada uno de los implicados, tipificando el ataque como un crimen de lesa humanidad.