Un juez da 14 días al Gobierno de Trump para mostrar la justificación legal de los ataques a lanchas
Desde septiembre de 2025, el Gobierno de Trump ha llevado a cabo más de 70 ataques contra lanchas acusadas de narcotráfico, que han dejado al menos 230 muertos.
Un juez federal de Estados Unidos exigió este miércoles al Gobierno de Donald Trump que le entregue en un plazo de 14 días el documento que recoge la justificación legal de los ataques estadounidenses contra lanchas en aguas del Caribe y el Pacífico.
Desde septiembre de 2025, el Gobierno de Trump ha llevado a cabo más de 70 ataques contra lanchas acusadas de narcotráfico, que han dejado al menos 230 muertos.
El magistrado Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, pidió a la Administración de Trump que entregue, «en privado», el memorando del Departamento de Justicia de EE.UU. de septiembre de 2025 en el que se recoge la justificación legal de los ataques militares letales de Estados Unidos contra embarcaciones supuestamente sospechosas de narcotráfico.
Los ataques a lanchas del Gobierno Trump
El juez reclamó un documento de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en inglés) en el que el propio Gobierno federal analiza la autoridad del presidente Trump para ordenar ataques letales o con drones.
El texto se elaboró en septiembre de 2025, cuando el Departamento de Defensa comenzó oficialmente a ejecutar estos ataques.
Además, el magistrado pidió al Gobierno de Trump que le indique quién ha tenido acceso al documento, cuándo lo tuvo y con qué propósito.
El magistrado Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, pidió a la Administración de Trump que entregue, «en privado», el memorando del Departamento de Justicia de EE.UU. de septiembre de 2025 en el que se recoge la justificación legal de los ataques militares letales de Estados Unidos contra embarcaciones supuestamente sospechosas de narcotráfico.
La demanda fue interpuesta por el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su rama de Nueva York (NYCLU) y en la corte del distrito sur de esta ciudad, después de que el Gobierno no respondiera a una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).