Cococcioni: “Hacemos los proyectos sin considerar en lo más mínimo la cuestión de negociación o diálogo político”

El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, reafirmó este miércoles la importancia que para el Gobierno de Santa Fe posee el paquete de leyes de seguridad enviada a la Legislatura, algunas de las cuales fueron cuestionadas por un amplio arco de actores sociales. Trabada la aprobación la semana anterior por la decisión de los diputados socialistas de solicitar modificaciones, el funcionario se mostró poco amigo del entendimiento interno en Unidos: “Nosotros hacemos los proyectos sin considerar en lo más mínimo la cuestión de negociación o diálogo político”.

Cococcioni participó este miércoles en el salón Metropolitano de la ExpoSeguridad Rosario, organizado por la Fundación Rosario y destinado a un público de empresarios interesados en abordar el vínculo entre seguridad pública y desarrollo productivo. También estuvieron en un panel el intendente Pablo Javkin y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

“Este proceso que empezó hace casi tres años no lo hicimos solo. Formaban parte de los legisladores votándonos, sobre todo en la primera etapa, todas las iniciativas legales que mandamos de Legislatura. El Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, el gobierno local, la Policía y también hubo una participación muy importante del sector privado, que recordemos era el principal afectado”, dijo el ministro.

Recordó que “la actividad gastronómica, turística, hotelera, la vida social y económica (estaba) venida abajo, languideciendo por problemas ya agudos de inseguridad”. Para el ministro “este mismo arco empresarial y privado es el que viene también a mostrar en conjunto con el Gobierno cómo nos ayudaron y nos están ayudando”.

En ese punto, aclaró que este “es un proceso que no termina y que estamos todavía lejos de haberlo terminado, a empezar a recuperar la seguridad para los santafesinos y que también esto tiene una retroalimentación, porque a medida que la seguridad se recupera, también la inversión y el trabajo vienen a la provincia de Santa Fe”.

Estado de sitio

El Gobierno envió a la Cámara de Diputados provincial un paquete con una serie de leyes en materia de seguridad y procedimiento penal. Una parte de ellas fueron duramente cuestionados por diversos actores, incluida la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por su posible lesión a las garantías constitucionales: allanamientos sin orden judicial, declaración de barrios en una suerte de estado de sitio, interrogatorios sin presencia de abogados defensor, medidas cautelares dictadas por fiscales sin control previo de un juez.

La semana pasada la votación del paquete de normas fracasó por la decisión de la bandada socialista -que forma parte del oficialismo en Unidos- de no aprobar el combo completo, al considerar que algunos planteos rozan la inconstitucionalidad.

La respuesta pública de la Casa Gris no fue abrir la negociación sino meterle presión a sus propios diputados disidentes. Cococcini expresó esa posición este miércoles al asegurar que “quienes estamos en el Ejecutivo tenemos una misión y un posicionamiento, y es que nosotros vamos a pedir todas las herramientas que consideramos que necesitamos para seguir avanzando en devolverle la tranquilidad a la gente, en descongestionar el saturadísimo sistema judicial que tenemos, porque muchas reformas no son para darle facultad a la policía, como dicen algunos, son para agilizar procesos y para reducir audiencias inútiles”.

El ministro sostuvo que las reformas que procura el Ejecutivo “tiene que ver con tener una justicia más eficiente, con tener una policía más eficiente y con tener herramientas de seguridad que nos permitan actuar contra un nivel de delito y de violencia que no era comparable al de cualquier otra provincia argentina, que era casi cuatro veces la media nacional de homicidios”.

“Hay más homicidios que la media nacional, hay menos que hace tres años en Santa Fe. Mejoramos en comparación a nosotros mismos, pero no estamos en niveles aceptables, no vivimos en el mundo ideal y en la fantasía donde ya no hay más delitos”, sostuvo Cococcioni, para explicar que “el delito predatorio está, es una realidad y pedimos más herramientas”.

Sobre la idea de suspender garantías constitucionales en determinados territorios, dijo que “queremos poder intervenir los barrios más violentos, porque a nosotros no dicen esto es un mini estado de sitio. Estado de sitio es el que le ponen los delincuentes a los vecinos normales en los barrios y los vecinos no pueden salir a la calle, pero no por miedo a la policía, porque salen a la calle y por ahí tienen una balacera, no pueden vivir tranquilos”.

Acordar sin diálogo

El ministro dijo que “queremos que el Estado tenga las herramientas potentes para intervenir en esa situación”, y equiparó la violencia ilegal con la legítima que posee el Estado. “Así como los delincuentes no nos piden permiso para ir a cometer delitos, queremos que el Estado por lo menos empate en el nivel de herramientas que tiene en la lucha contra el delito, porque si no, el delincuente termina teniendo más herramientas que nosotros”.

–¿Hay espacio para negociar alguno de los puntos que están pidiendo o el Gobierno en esa negociación interna en Unidos, sobre todo con el socialismo, no va a cambiar ninguno?

–No pasa estrictamente por el ministerio una cuestión de negociación parlamentaria, nosotros mandamos la iniciativa porque a mí el gobernador me dice ‘hacé la ley que vos necesitás y que la provincia necesita’. Nosotros hacemos los proyectos sin considerar en lo más mínimo la cuestión de negociación o diálogo político.

Al advertir lo inconveniente del planteo en el sistema democrático, Cococcioni aclaró que “obviamente tenemos en cuenta todas las opiniones y tratamos de que sean proyectos racionales, que tengan sentido y que tengan anclaje en las normas constitucionales”.

En ese sentido, agregó que es necersario “cumplir una norma que parece olvidada y que es que la gente tiene derecho a vivir en un entorno seguro. Nosotros hablamos de garantías constitucionales, menos las garantías constitucionales que tienen los ciudadanos a que no los maten”.

Por último, dijo que respetará la división de poderes. Nosotros pedimos esto. Después, si se produce una cuestión de negociación política y demás, estaremos a lo que salga, porque respetamos, obviamente, que hay división de poderes y esas discusiones se tienen que dar a la Legislatura”.