Ampliaron la imputación contra el expresidente de Paraguay por el caso Ueno bank: sumaron asociación criminal
La justicia sostiene que los imputados habrían integrado una estructura organizada dentro del Estado para favorecer los intereses del Grupo Vázquez, vinculado a la entidad bancaria.
La Fiscalía de Paraguay amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña, este viernes y le atribuyó un presunto delito de asociación criminal en el marco de la investigación por el escándalo de Ueno Bank. Sumado al cargo anterior sobre la presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, hechos por los que actualmente el exmandatario cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencia.
Según informó el diario paraguayo Última Hora, la nueva imputación también alcanza al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo; al exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán; y a los exdirectivos Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
La Fiscalía sostiene que los imputados habrían integrado una estructura organizada dentro del Estado para favorecer los intereses del Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank. En el escrito, los magistrados señalan que Peña habría colocado a personas de su confianza en cargos estratégicos del Banco Central.
“Para ello, Santiago Peña Palacios habría ubicado y mantenido estratégicamente en los puestos de decisión a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos”, indica el documento citado por el medio local.
Se considera que la estructura habría operado bajo un esquema de división de tareas donde cada integrante habría instrumentalizado su investidura pública para garantizar el blindaje legal, la continuidad operativa fraudulenta y la impunidad del grupo empresarial.
Asimismo, se señala a Peña como “jefe de la estructura”, quien habría actuado desde la presidencia de la República y mantenía reuniones clandestinas periódicas en Mburuvicha Róga con Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank, para coordinar las necesidades del grupo empresarial.
La imputación por asociación criminal se suma a los delitos que ya se le atribuían al expresidente: presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
Incluso se menciona que el propio Peña habría impartido directivas públicas e institucionales de no intervenir en la entidad y habría frenado mediáticamente las alertas de insolvencia de la entidad bancaria.