El fondo buitre Buford Capital inició una demanda contra la Argentina y la estatizada YPF ante la
Corte del Distrito Sur de Nueva York por la «expropiación» de la mayoría de acciones de la petrolera, trascendió hoy.
En un nuevo capítulo de la saga de la deuda externa argentina, el inesperado reclamo exige un «resarcimiento económico» alegando que durante el proceso de expropiación se «violaron las
leyes de oferta pública en los Estados Unidos».
Las acciones motivo de litigio habían sido adquiridas hace siete años por más de 3.300 millones de dólares.
Técnicamente, la demanda fue iniciada por las españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía constituidas para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF S
Por las dudas, el grupo argentino Petersen -propiedad de la familia Eskenazi- salió a aclarar que no tiene vinculación alguna con ese reclamo.
Recordó que con posterioridad a la toma de control de YPF SA por parte del Estado Nacional, Petersen Energía SA y Petersen Energía Inversora SA «procedieron a desprenderse de la totalidad de las acciones que mantenían de dicha compañía en garantía de los préstamos recibidos para su adquisición, razón por la cual desde ese momento no poseen ningún tenencia accionaria en YPF SA».
Buford Capital es un fondo especulativo que «compró el juicio» con el único fin de litigar contra la Argentina.
Esta empresa es una de las más importantes de Estados Unidos que invierte en la industria del «litigio corporativo», y tiene una cartera valuada en U$S 500 millones, según Lanacion.com.
El planteo jurídico reclama un resarcimiento económico porque al momento de llevarse a cabo la expropiación el Gobierno argentino no lanzó una oferta pública de adquisición sobre las acciones a un precio predeterminado para retomar el control de la firma, tal como lo establecían los estatutos de YPF y el prospecto de oferta pública que la compañía presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos en 1993.
Los litigantes denuncian que fueron violados sus derechos como inversores en la firma.
«Pero Argentina e YPF intencionalmente y de mala fe rompieron esas promesas», sostiene la presentación judicial alegando que «el resultados de violar el requisito de oferta de compra y otras conductas ilícitas fueron devastadoras para Petersen y otros accionistas de YPF».
El Grupo Petersen Argentina -de la familia Eskenazi y con sede en Buenos Aires- ratificó que sus accionistas nada tienen que ver con la presentación de esta denuncia, y explicaron que es producto del proceso de liquidación de estas dos empresas con las que habían comprado su participación en YPF y que está observado por la Justicia de España.
El 16 abril de 2012 la presidenta Cristina Kirchner anunció el proyecto de ley de expropiación del 51% de acciones de YPF en manos de Repsol, que se sancionó el 3 de mayo de ese año.
