El fraude corporativo creció 17,9% el último año
De una encuesta que abarcó todas las industrias, respondieron mayormente (42%) las empresas grandes, de las cuales el 38% cuenta con más de mil empleados y el 16,8% factura más de 50 millones.
El fraude corporativo creció 17,9 por ciento en el último año en la Argentina y los principales delitos que afectan a las empresas son la malversación de fondos, conflicto de interés, falsificación de firmas y sobornos, según una encuesta elaborada por al consultora BDO Argentina.
De acuerdo con el informe, los casos de fraude dentro de las organizaciones continúan creciendo, ya que el 79,1% de las empresas sufrieron este delito, lo que equivale a un incremento del 17,9% respecto del período anterior. Asimismo, para este año, los ejecutivos locales esperan un aumento aún mayor, del 24,6%, motivado por las presiones financieras de quienes los cometen.
En el estudio, que se realizó este año, pero teniendo en cuenta las denuncias de 2014, participaron 402 ejecutivos de empresas y organizaciones radicadas en la Argentina, ocupando cargos de dirección, CEOs, directores de auditoría, Compliance Officers y gerentes de RRHH, entre otros.
“En todas las empresas está ocurriendo un hecho de fraude en este momento, aunque tal vez no lo sepamos ahora o nunca lo sepamos”, sintetiza Carlos Rozen, socio de BDO Argentina a cargo del área de Fraudes, Investigaciones y Disputas, que se ocupó del relevamiento.
Entre los principales delitos cometidos en las empresas enumeró malversación de fondos –efectivo y cheques- (44%), conflicto de interés (20,7%) y sobornos (7.3%). Además, entre los fraudes electrónicos el desvío de fondos fue el que más afectó a las empresas (57,1%), seguido por suplantación de identidad (19%) y acceso a información confidencial y robo de contraseñas (9,5%).
Un dato significativo es que 33,9% de los encuestados registró hasta dos casos en el año, y 13,4% detectó más de diez anuales.
La encuesta revela también que los montos de fraude fueron mayores esta vez: el 54% (contra 17,8% de la encuesta anterior) correspondió a valores que oscilaron entre los US$ 50.000 y US$ 100.000, y en cuanto a la franja mayor de US$ 500.000, presentó un alto nivel de incidentes (15%).
“Resulta un dato relevante si consideramos que para fraudes por montos tan significativos, los responsables requieren atribuciones financieras amplias, compatibles con funciones de director o alta gerencia”, revela Rozen.
Buenos Aires lidera el ranking con 42,2% de los casos, repartidos entre Capital Federal y Gran Buenos Aires, mayormente. Le siguen Tucumán (8,2%), Neuquén (7,7%) y San Luis (7,2%), seguidos por Santa Fe y Córdoba (5,2% y 4,6%, respectivamente) .
En cuanto a la resolución de los conflictos, la mayoría de las organizaciones prefieren resolver los casos en forma interna, sin verse involucrada en los costos asociados a una instancia judicial o por temas reputacionales. En el 86,7% de los casos, las organizaciones decidieron no llevar el caso a la Justicia.
De los casos de fraudes realizados durante 2014 y reportados en la encuesta, el 64% fueron cometidos por hombres de entre 41 y 50 años (70%) y el 47,6% terminaron en despidos. En cuanto a los cargos que ocupaban, el informe arroja que el 40,2% eran gerentes, seguido por socios y directores (34,8%) y empleados no jerárquicos (26,8%).
Según la mayor organización mundial de lucha contra el fraude, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), las empresas pierden alrededor del 5% de sus ingresos por año debido a este delito. Las prácticas fraudulentas tienen características muy similares en todo el mundo y la implementación de acciones preventivas y de auditorías sorpresivas son clave para la detección temprana y para minimizar los daños económicos y de reputación.
En Argentina no existen cifras oficiales que cuantifiquen las pérdidas por fraude.
Desde ACFE, sostienen que el tipo de fraude más común es la apropiación de activos de la empresa (90% de los casos), mientras que el fraude basado en el falseamiento de informes financieros sólo es el 5% del total.
Sin embargo, «las mayores pérdidas se registran debido a estos últimos. Esto se debe a que estos fraudes, que típicamente implican una manipulación de los registros de las operaciones de la empresa para falsear su situación financiera con el objetivo de obtener ventajas económicas de ello (aumentando la cotización de las acciones u obteniendo créditos importantes) involucran grandes sumas».
Asimismo, destacan desde la entidad «estos fraudes afectan principalmente a los accionistas y en muchos casos cuando estallan producen cuantiosas pérdidas, afectan la imagen de la empresa y pueden llegar a amenazar la continuidad de las actividades al afectar su financiamiento».
Es usual encontrar que los empleados «de alto nivel jerárquico suelen estar involucrados en ellos, obteniendo como beneficio los premios otorgados por la empresa por el desempeño logrado. Esto hace que sean difíciles de detectar, en tanto el desarrollo de las actividades de la empresa no se ve afectado mientras el esquema está en marcha, y estos empleados están en condiciones de eludir los controles internos».